Trabajadoras de residencias: "En pandemia nos aplaudían, ahora no queremos aplausos, queremos salarios dignos"

La manifestación partió de la Alameda compostelana y finalizó en la Plaza de Platerías, donde se leyeron tres manifiestos que denunciaron la situación crítica del sector. Las trabajadoras, mayoritariamente mujeres, exigen un convenio colectivo que dignifique sus condiciones laborales y garantice una atención de calidad a las personas dependientes.

El sector de los cuidados en Galicia emplea a cerca de 14.000 personas que atraviesan una situación de precariedad, a menudo extrema. Según denuncian los sindicatos, mientras las empresas gestoras aumentan sus beneficios y elevan los precios de las plazas, las trabajadoras no llegan a fin de mes con sus salarios. Esto se produce en un sector privado que tiene en la Xunta de Galicia una de sus principales fuentes de ingresos, pues muchas plazas en los asilos privados están subvencionadas por la Administración. 

La Xunta de Galicia ha respondido a las demandas de los trabajadores de residencias privadas con una postura de mediación formal, aunque los sindicatos denuncian falta de acción concreta. La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha trasladado la disposición del Gobierno gallego a mediar a través de la Consellería de Emprego, respetando el derecho a la huelga pero estableciendo servicios mínimos elevados que los manifestantes califican de "abusivos".

El Parlamento gallego aprobó por unanimidad una iniciativa para instar a la Xunta a mediar activamente en el conflicto, pero las trabajadoras denuncian que las conversaciones siguen estancadas. 

Adolfo Naya, secretario de Negociación Colectiva de CIG-Servicios, denunció el inmovilismo de la patronal, que "no quiere ceder ni lo mínimo" manteniendo al 60% de las trabajadoras por debajo del salario mínimo interprofesional, una situación que calificó de "inaceptable" para un sector "fundamental y esencial para la sociedad".

Esta es la crónica de la marcha publicada por el sindicato convocante:

Entre servicios mínimos abusivos y condiciones laborales "nefastas"

Las huelgas convocadas los días 10 y 22 de abril han sido secundadas por miles de trabajadoras, según el sindicato, a pesar de los "servicios mínimos abusivos" impuestos por la Xunta, que en muchos casos llegan al 100%. Esta situación ha llevado a la CIG a estudiar denuncias contra varias empresas por vulnerar el derecho a la huelga al comunicar los servicios mínimos con posterioridad al inicio de los paros.

Beatriz Fernández, trabajadora de la residencia DomusVi de Ferrol, describió las condiciones laborales como "nefastas y frustrantes". "Estamos bajo mínimos, con una falta de personal brutal que nos sobrecarga física y mentalmente. La gente no quiere venir a trabajar en estas condiciones, y esto impide ofrecer la atención digna que merecen las personas residentes", afirmó.

Entre las principales reclamaciones del colectivo destacan un salario digno, la mejora de las ratios de personal para atender adecuadamente a los usuarios, la reducción de la carga de trabajo y medidas de conciliación que permitan compatibilizar la vida laboral y personal.

La Xunta y la patronal, en el punto de mira de las protestas

La Xunta de Galicia también fue objeto de críticas durante la manifestación. Los sindicatos denuncian su "falta de respuesta" ante las demandas del sector, a pesar de que muchas residencias privadas gestionan plazas concertadas. "Tiene que implicarse en este tema y dejar de lavarse las manos. No hace ningún control efectivo sobre las condiciones laborales ni sobre la atención a las personas usuarias", señalaron.

Las protestas se producen apenas unos días después del Debate sobre el Estado de la Autonomía, en el que el presidente Alfonso Rueda anunció un plan "histórico" para construir 24 residencias fuera de las ciudades que sumarían 1.800 plazas. Sin embargo, las trabajadoras respondieron con contundencia: "¡Menos discursos y más recursos!", fue una de las proclamas que se escucharon durante la marcha.

La patronal del sector, representada por las grandes empresas gestoras, como DomusVi, y fondos de inversión que operan en Galicia, mantiene bloqueada la negociación del convenio colectivo. Los sindicatos denuncian que estas compañías "priorizan los beneficios económicos por encima del bienestar de las personas", mientras las trabajadoras del SAF llevan con su convenio paralizado desde 2012.

Las trabajadoras tienen convocadas nuevas jornadas de paro para el 7 y el 21 de mayo, que se desarrollarán en toda Galicia. "Durante la pandemia nos aplaudían, pero ahora no queremos aplausos, queremos salarios de los que podamos vivir", resumió una de las manifestantes, expresando el sentir general de un colectivo que reclama el fin de lo que consideran "condiciones laborales más propias de la esclavitud que del siglo XXI".