Los mutualistas, ante su semana clave por la manifestación y la decisión del Congreso por la pasarela al RETA

Esta última semana completa de septiembre puede marcar un antes y un después en torno a la situación en la que viven muchos de los abogados y procuradores de la Justicia nacional. Hablamos de los profesionales mutualistas envueltos en el problema de la mutualidad, que demandan la puesta en marcha de una pasarela al RETA y que llevan sufriendo la pasividad de las autoridades desde hace muchos meses. Ahora, toman la palabra en la calle y también en las Cámara Baja, donde su situación llega a debate.

HUELGA EN MADRID

Los afectados se preparan para volver a tomar las calles de la capital el próximo 27 de septiembre. A las 11:30 horas, en la Gran Vía de Madrid, se concentrarán los mutualistas en unas reivindicaciones por las que el Sindicato Venia y plataformas como Marea Negra llevan peleando desde hace años y cuyas negociaciones, hasta ahora, habian sido bloqueadas de forma sistemática.

 

Los abogados y procuradores no están solos en sus reclamaciones, pues en esta ocasión organismos como el Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense (ICA Ourense) se ha pronunciado a favor de las mismas e, incluso, concederá ayudas para el desplazamiento. 

 

 

"La marcha reunirá a profesionales de toda España para reclamar condiciones laborales justas, reconocimiento efectivo del desempeño diario y medidas que aseguren la sostenibilidad económica y personal del ejercicio", dicen desde el ICA ourensano, que invitan a los interesados a enviar una solicitud para el desplazamiento "con la mayor antelación posible". 

 

 

"La participación masiva, fortalece la voz colectiva de la profesión en defensa de los derechos laborales y de un servicio de justicia de calidad para la ciudadanía", sostiene el ICA, ante la previsión de que, de nuevo, se trate de una jornada multitudinaria en las calles de Madrid.

 

DEBATE EN EL CONGRESO

Antes de ese día, concretamente el miércoles 24 de septiembre, finalizará el plazo marcado por el Congreso de los Diputados para admitir enmiendas a la proposición de ley para incorporar a los afectados por la mutualidad al  Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Llega la decisión tras semanas de prórrogas y negociaciones, desbloqueando así una medida tan necesaria para decenas de miles de profesionales y pensionistas. 

A partir de esa ficha, y si nada cambia, comenzará negociación de las propuestas acercadas hasta este momento y comenzará el debata en el Parlamento. Esta segunda fase llega muchos meses después que el Gobierno presentase en el Congreso el primer borrador de la iniciativa, pero tanto la división polítia existente como otras urgencias han dejado al texto en un segundo plano, para descontenco del colectivo. 

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha sido muy criticada por los mutualistas en estos meses por sus recelos a reunirse con los afectados y la "parsimonia" que ha mostrado en un debate que, no obstante, admiten como complejo. Las condiciones que se fijen para admitir a los afectados en la tan ansiada pasarela será el asunto más espinoso en este debate.

CASI DOS AÑOS DE PROTESTAS

La reclamación de los abogados y procuradores afectados por las mutualidades alternativas al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) en España se intensificó a finales de 2023, con la formación de plataformas como el Movimiento #J2 y la Plataforma Pasarela al RETA, que agrupan a miles de profesionales de la abogacía y la procura. 

Estas organizaciones, junto con el Sindicato Venia y colectivos como Marea Negra, comenzaron a presionar al Gobierno de España mediante concentraciones iniciales en Madrid, como la de febrero de 2024, para demandar una transición ordenada al sistema público de cotizaciones. 

El conflicto, arraigado en un sistema de mutualidades creado en el siglo XX como previsión social obligatoria para profesiones liberales, cobró fuerza tras la entrada en vigor de normativas que obligan a nuevos colegiados a cotizar directamente en el RETA, dejando a los mutualistas históricos en una situación de limbo. En marzo de 2024, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del PP para estudiar fórmulas de traslado de cotizaciones, marcando el arranque formal de las negociaciones institucionales.

MUCHOS SECTORES AFECTADOS

Las causas principales radican en la discriminación estructural que sufren estos profesionales, quienes han cotizado durante décadas en mutualidades privadas —como la Mutualidad de la Abogacía o la de Procuradores— sin acceso a prestaciones equivalentes a las del RETA, como pensiones mínimas, incapacidades permanentes, maternidad o viudedad en condiciones equiparables. Según estimaciones de los afectados, cerca de 200.000 profesionales (principalmente en abogacía, procura, arquitectura e ingeniería) perciben jubilaciones de entre 300 y 600 euros mensuales, inferiores a las garantías del sistema público, debido a una gestión de fondos que no capitaliza adecuadamente las aportaciones ni asegura derechos a supervivientes o huérfanos. 

Esta situación, considerada una "vulneración constitucional" por los colectivos (artículos 14, 41 y 50 de la Constitución Española), se agravó con la prórroga indefinida de la alternatividad en 1997, que permitió la opción pero no resolvió la brecha para los ya mutualistas. 

Además, la imposibilidad de rescatar fondos hasta la jubilación y la falta de auditorías transparentes en las mutualidades han impulsado demandas de una pasarela 1x1, que reconozca cada año cotizado en mutualidad como equivalente en el RETA, con traspaso voluntario de fondos compartido entre mutualidades y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los efectos inmediatos han sido una oleada de movilizaciones masivas, con manifestaciones en Madrid —como las de febrero y julio de 2025, y la prevista para el 27 de septiembre de 2025 bajo el lema "Pasarela 1x1 para todos"—, que han visibilizado el problema y forzado al Gobierno a abrir mesas de diálogo, aunque con propuestas controvertidas. 

La proposición de ley del PSOE, admitida a trámite en mayo de 2025 pero bloqueada por prórrogas en enmiendas, ha generado rechazo por limitar el acceso a mutualistas activos sin pensión, excluyendo a jubilados (más de 1.300 en procura) y resultando en pensiones hasta un 30% inferiores a las mínimas del RETA, según el Consejo General de Procuradores de España (CGPE). 

Esto ha profundizado divisiones internas: mientras grupos como #J2 exigen integración obligatoria y recíproca, otros como Mutualistas por el Futuro defienden la voluntariedad y una "pasarela a la mutualidad" reversible, desinflando el apoyo transversal y complicando el consenso político.

A pesar de las tensiones, se observan avances como el compromiso del PSOE en abril de 2025 para agilizar la tramitación y enmiendas unificadas presentadas por la Plataforma de Afectados, que buscan inclusión total sin discriminación por edad o condición. Reuniones con partidos —incluido el apoyo de Sumar desde diciembre de 2023— y propuestas del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), elaboradas por expertos como Mª Emilia Casas, abogan por una pasarela voluntaria con tratamiento fiscal adecuado y protección de derechos. 

Sin embargo, sin resolución antes de final de 2025, los afectados advierten de mayor precariedad para jubilados inminentes y un coste social asumible para el Estado, ya que los mutualistas seguirían aportando capital. La manifestación de septiembre podría catalizar un consenso, consolidando reformas que equiparen a estos profesionales con el resto de autónomos, aunque la división entre obligatoriedad y opcionalidad persiste como obstáculo clave.