Los intentos de PP y PSOE para limitar la pasarela al RETA no pasan inadvertidos a los 200.000 mutualistas afectados

Abogados, procuradores, arquitectos o ingenieros protestaron en Madrid contra las propuestas por limitar la pasarela al RETA y no aplicar la fórmula del 1x1 que demandan desde hace años.


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Foto: Marea Negra A Coruña

 

El mensaje de unión que lanzaron el pasado fin de semana los más de 30.000 mutualistas desplazados desde distintos puntos de España y que se manifestaron en Madrid demandando una pasarela al RETA para todos los afectados por la mutualidad ha dejado un importante eco en la política nacional, donde los principales partidos se han dado por aludidos en una solicitud que no es nueva y que ha pasado de puntillas por los despachos desde hace ya varias décadas. Ahora, con la tramitación de la normativa que busca dar solución a este conflicto en el Congreso de los Diputados, los partidos políticos han mostrado sus cartas, siendo PP y PSOE los peor parados ante los 200.000 mutualistas que esperan una respuesta política a su situación.

 

 

LA PROPUESTA DEL PSOE: "INSUFICIENTE Y EXCLUYENTE"

La movilización del pasado 27 de septiembre evidenció el hartazgo de abogados, procuradores, ingenieros o arquitectos que durante décadas han aportado a las mutualidades alternativas a la Seguridad Social y que hoy se ven acorralados dentro de un sistema que definen como "fallido". El colectivo de perjudicados pide una solución "justa y universal", en palabras de la Mutualidad de Procuradores.

 

La propia organización dirige su mirada directamente al PSOE, que ha planteado una propuesta de ley que está en tramitación tras cerrarse el proceso de enmiendas presentados por distintos partidos y que, a ojos de la Mutualidad de Procuradores, resulta "insuficiente y excluyente, ya que limita el acceso a determinados perfiles y deja fuera a miles de profesionales".

 

En ese sentido, subrayan que la única salida es el sistema de 1x1 que plantean otros partidos con representación en la Cámara, como Coalición Canaria, BNG, Compromís, EH Bildu, Sumar, ERC, Podemos o PNV, que proponer reconocer cada año aportado como año cotizado, sin ninguna restricción entre mutualistas activos o no activos.

 

 

"El texto actual del PSOE establece que solo puedan acogerse a la pasarela quienes carezcan del mínimo de 15 años cotizados, estén en activo a 31 de diciembre de 2022 y no sean pensionistas. Para los mutualistas, estas condiciones son discriminatorias y generan exclusión", reprochan sobre un texto que hoy no contempla tanto a activos como a pasivos. "No podemos aceptar limitaciones temporales ni exclusiones por situación personal. Todo mutualista que haya sido alternativo al RETA tiene que poder acceder", agregan.

 

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Foto: Marea Negra A Coruña

 

Por otra banda, consideran que el cálculo planteado en la PL trae consigo "un recorte injusto y discriminatorio", lo que merece la sanción a la propuesta de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. "La actualización al IPC con coeficientes reductores es discriminatoria e injusta. Lo que buscamos es inclusión laboral, no recortes encubiertos", recalcan, pidiendo "una pensión digna" como la del "resto de ciudadanos", toda vez que muchos de los afectados, profesionales cualificados con muchas décadas de trayectoria y aportaciones que supusieron un gran ahorro al Estado, perciben hoy una jubilación por debajo de los 600 euros, con casos de afectados con pensiones de 300 o 400 euros. 

 

 

LA DERECHA CONTRA LOS MUTUALISTAS

El mensaje de los mutualistas es que no se aceptará una pasarela limitada como proponen los socialistas ni dilatar la cuestión en el tiempo como propone el PP, que pretende alargar el conflicto y evtiar cualquier solución en el marco del Pacto de Toledo, con intención de no incorporar la fórmula del 1x1 y dejar el desarrollo reglamentario en manos de un futuro Real Decreto.

 

En ese saco podrían entrar otros partidos conservadores, como Vox y Junts, cuyas enmiendas particulares también han sido criticadas por voces del colectivo por proponer mantener la alternatividad como opción voluntaria o mantenerla hasta, al menos, 2030.

 

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Foto: Marea Negra A Coruña

 

Algunos partidos también han hecho una especial mención al turno de oficio en sus enmiendas y desde el Sindicato Venia, que abandera la huelga indefinida que va camino de cumplir dos años, matizan que si bien este es un objetivo que persiguen desde su fundación, incluir al TO en este proceso "habría puesto en riesgo la aprobación inmediata de la pasarela, que es vital para compañeros con pensiones miserables o para aquellos que, pese a tener edad de jubilación, se ven obligados a seguir trabajando porque la pensión que les corresponde no les permite vivir dignamente".

 

"Defendemos que cada lucha tenga su propio camino: la pasarela al RETA debe aprobarse ya, ya que solo implica la intervención de un ministerio (Seguridad Social) y su tramitación puede realizarse con rapidez.
El reconocimiento del turno de oficio necesita una norma específica, sería y respaldada por todo el consenso político y sindical que estamos construyendo, además de la participación e implicación activa de muchos compañeros que se han organizado en distintos grupos y han encontrado comodidad trabajando juntos. Esto se debe a que es un tema mucho más complejo: intervienen los Ministerios de Trabajo, Justicia, Hacienda y Seguridad Social, los Colegios Profesionales y los sindicatos", detallan en su comunicado, donde insisten en que su postura "no significa falta de apoyo al objetivo del turno de oficio, al contrario; significa asegurar que no se pierda lo que ya está a punto de conseguirse con la pasarela, sin renunciar a la reivindicación de fondo".


LA VÍA JUDICIAL

El clamor por el sistema del 1x1 en la pasarela al RETA ha llegado también desde los Ilustres Colegios de Abogados, participando algunos decanos, como Marta Gómez, del ICA de Ourense, en la propia marcha del 27-S, como sus homólogos de Salamanca, Valencia o Murcia. También políticos como Enrique Santiago y Juan Moreno, de Sumar, se dejaron ver en la marcha, que contó con una nutrida participación de profesionales gallegos de distintos ámbitos. 

 

 

"Los ciudadanos sabrán quién estuvo a la altura y quién nos dio la espalda", advierten los afectados, que ahora centran sus esfuerzos en que la propuesta salga adelante en una ley que incorpore todas sus demandas. De no colmar sus expectativas, avanzan, recurrirán a la Justicia, pues esta es "una cuestión de derechos, no de privilegios".

 

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