Pulso de los profesores gallegos a la Xunta con una huelga para negociar nuevas condiciones laborales

La huelga docente convocada por la CIG-Ensino para los días 28 y 29 de octubre amenaza con detener de nuevo la enseñanza pública gallega. El sindicato nacionalista, que representa a la mayoría del profesorado, denuncia “la ausencia total de diálogo” de la Consellería de Educación y exige un giro estructural en las condiciones laborales del colectivo. Tras la multitudinaria huelga y manifestación del 25 de septiembre, las federaciones docentes se preparan para un nuevo paro de 48 horas que pondrá a prueba la gestión educativa del Gobierno autonómico.​​

Un malestar que se agrava

La secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha subrayado que el profesorado “está exhausto de los recortes y del abandono institucional” y reclama que la Xunta “asuma de una vez que la educación pública no puede sostenerse con plantillas inestables ni con sobrecarga lectiva”. La dirigente denuncia que las supuestas contrataciones anunciadas en septiembre por la Consellería “han resultado parciales y precarias”, muchas de ellas a media jornada, y acusa al Ejecutivo autonómico de “tratar de maquillar la escasez de personal”.​​

Entre las principales reivindicaciones destaca la reducción inmediata de ratios en todas las etapas educativas —22 alumnos por aula en Primaria y 25 en Secundaria— a partir del curso 2026/27, la recuperación del horario lectivo recortado en 2011 y 2012 (18 horas en Secundaria y 21 en Primaria) y la disminución del exceso de tareas burocráticas. La CIG exige además un plan efectivo para reforzar la atención a la diversidad, con incremento de orientadores, profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), y recursos estables para desdobles y programas compensatorios.​​

También reclaman mejoras salariales que incluyan la recuperación del poder adquisitivo perdido con la inflación, un aumento lineal del complemento autonómico, el cobro del verano para sustitutos con más de cinco meses y medio de servicio y la equiparación salarial del profesorado de Formación Profesional. A ello suman la reducción de jornada a partir de los 55 años y la recuperación de las licencias por formación retribuidas, suprimidas tras la crisis económica.​

Estabilidad y dignidad profesional

El sindicato denuncia que la inestabilidad del profesorado interino “pone en riesgo la continuidad pedagógica y la calidad educativa” y reclama que se consoliden las plazas estructurales. Asimismo, exigen acabar con las diferencias horarias que sufren los docentes de los Centros Integrados de Formación Profesional, donde las clases pasaron de 50 a 60 minutos, lo que implica un aumento de trabajo no compensado. “No es solo una cuestión de salarios, sino de dignidad profesional”, destaca Arroxo.​​

Otra de las grandes quejas del profesorado es la burocratización del sistema educativo. Informes, evaluaciones, proyectos y plataformas digitales están restando tiempo a la preparación de clases y a la atención personalizada del alumnado. La CIG exige que se asigne más tiempo horario a las tutorías, coordinaciones y equipos directivos, así como una simplificación de procedimientos administrativos. “El profesorado está atrapado entre el exceso de trámites y la falta de reconocimientos”, señalan fuentes sindicales.​

Un conflicto en clave política

El malestar sindical se ha visto amplificado por el cruce de declaraciones con dirigentes del Partido Popular. Paula Prado, secretaria general del PPdeG, acusó recientemente a la CIG y al BNG de promover “adoctrinamiento ideológico” en las aulas, a lo que la organización respondió asegurando que los materiales didácticos difundidos cumplen con la legislación educativa y “fomentan valores de paz, sostenibilidad y justicia social”. Desde la central advierten que este tipo de discursos “pretenden desviar la atención de los problemas reales del sistema educativo”.​

Pese al endurecimiento del tono, la CIG-Ensino mantiene abierta la vía del diálogo. El sindicato afirma que desconvocará las huelgas si la Consellería presenta un compromiso real y verificable en los presupuestos de 2026, cuya tramitación parlamentaria comenzará en diciembre. Mientras tanto, la organización ha programado nuevas asambleas y concentraciones en varios centros educativos. “Este conflicto no es solo del profesorado, es de toda la comunidad educativa que defiende una enseñanza pública de calidad”, resume Arroxo.​​