Agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, más cerca de alcanzar la tan peleada jubilación anticipada
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que su Ministerio trabaja para que cristalice la medida.
Una lucha constante de buena parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de España ha sido la de tratar de que se reconozca su labor dentro de la categoría denominada "profesión de riesgo", un apéndice que, como insistió hoy el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "no existe en nuestro ordenamiento jurídico". Sin embargo, el propio ministro indicó que el colectivo está cada vez más cerca de ver como se aplican los "factores de corrección para el adelanto de jubilación" por los que los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil llevan años batallando.
"EN ESO ESTAMOS TRABAJANDO"
Así lo ha garantizado Grande-Marlaska este miércoles en sede parlamentaria respondiendo a una pregunta de Vox, recordando que, aunque no sean profesión de riesgo, sí exiten mecanismos para que "aquellas profesiones que tienen mayor penosidad tienen unos complementos específicos", como ocurre con estos dos cuerpos.
El ministro aprovechó la ocasión para repasar las mejoras de los últimos años, como un aumento en las retribuciones del 40% desde 2018. Así, y tras el real decreto aprobado recientemente a iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, distintos colectivos de beneficiarán de estos "factores de corrección de adelanto de la jubilación".
"Y en eso estamos trabajando ya, en un equipo para poder actuar en la forma necesaria y debida con Policía Nacional y Guardia Civil", insistió Grande-Marlaska sobre el adelanto de la edad de jubilación en un día en que miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, convocados por los sindicatos Jupol y Jucil, volvían a concentrarse a las puertas del Ministerio del Interior exigiendo la dimisión del ministro con motivo de "la escalada de violencia contra los agentes y el abandono institucional", que, aseguran, deja a los agentes con una "falta de medios, desprotección jurídica y ausencia total de reacción política".
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