La Xunta prevé 30.000 hectáreas afectadas por el fuego para 2026, diez mil más que el año pasado

El verano de 2025 dejó una herida profunda en el monte gallego. Ardieron cerca de 120.000 hectáreas, con un agosto marcado por 673 fuegos, incluido el incendio de Larouco, en Ourense, el mayor de la historia de la comunidad, con cerca de 32.000 hectáreas. La campaña dejó además 2.200 confinamientos y 400 evacuaciones. Con ese demoledor balance como punto de partida, la Xunta trabaja en el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga 2026), un documento que está pendiente de aprobación en el Consello de la Xunta y que fija un horizonte más realista —y más preocupante— que el del año anterior.

El objetivo cuantitativo del plan establece que no ardan más de 29.207 hectáreas en el conjunto de 2026, una cifra que supera en casi 10.000 hectáreas la meta del Pladiga anterior, que era de 18.554. Este dato refleja la media de superficie quemada en la última década y representa el umbral más elevado desde 2014. Si se elimina el valor extremo más alto y el más bajo de la serie histórica, la cifra óptima bajaría hasta las 21.338 hectáreas. El propio documento reconoce que en 2025 "no se cumplió casi ninguno" de los objetivos establecidos.

El tercer peor dato desde 1976 obliga a repensar la estrategia. Las 118.763 hectáreas arrasadas el año pasado solo fueron superadas en 1989, con casi 200.000 hectáreas, y en 1978. El 86% de lo quemado el año pasado se concentró en la provincia de Ourense, con más de 101.000 hectáreas, mientras que Lugo sumó 13.694, y Pontevedra y A Coruña quedaron por debajo de las 2.000 cada una.

LAS BRIGADAS NO CONVENCEN A LA OPOSICIÓN

En el capítulo de medios, la Xunta apuesta por un refuerzo significativo. Se incorporarán 42 nuevas brigadas durante la época de alto riesgo, lo que supone 168 efectivos adicionales repartidos entre 126 peones y 42 jefes de brigada, en una contratación a empresa pública. El personal total en periodo de alto riesgo entre distintas administraciones alcanzará los 5.412 efectivos, 213 más que el año anterior, aunque la Xunta calcula que en caso de necesidad podría movilizar hasta 7.000 personas en verano. También se amplía de seis a quince el número de expertos de la Unidade de Directores de Extinción (UDEX), especializada en grandes incendios forestales.

Sin embargo, estos anuncios no han satisfecho a la oposición ni a los sindicatos. La Confederación Intersindical Galega (CIG) denunció que la Xunta anunció las novedades del Pladiga ignorando a la representación del personal que trabaja en los fuegos, y lamenta que no se haya aclarado si el refuerzo irá al SPIF, a la empresa pública Seaga o servirá para profundizar en la externalización hacia los municipios. El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) calificó las medidas tecnológicas de necesarias pero insuficientes si el plan llega tarde, y también denunció que la aplicación móvil para avisar de incendios fue una propuesta socialista del pasado verano que la Xunta adoptó sin reconocimiento. Por su parte, el presidente Alfonso Rueda respondió a los periodistas que la asignación de los efectivos "se verá en función de la disposición."

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, alertó de que Rueda será "el responsable" si Galicia vuelve a arder y denunció que la Xunta eliminó las convocatorias de prevención de 2025 y 2026, dejando 194 solicitudes sin financiación. La Consellería do Medio Rural respondió que su presupuesto para prevención en 2026 crece un 50% respecto al año anterior e instó al PSOE a no confundir a la ciudadanía.

TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el terreno tecnológico, el Pladiga 2026 apuesta por una transformación notable del sistema de vigilancia. La red de videocámaras pasa de las actuales a 241 unidades en 111 puntos, un aumento del 30%, con cobertura las 24 horas. Sobre esa red se implementará inteligencia artificial en la plataforma XeoCode, que alertará automáticamente de la presencia de humo para que los técnicos verifiquen el aviso de forma manual antes de activar el operativo. 

Además, se lanzará antes de julio una aplicación móvil con geolocalización para que cualquier ciudadano pueda avisar de un fuego en tres pasos, complementando los teléfonos 085 y 112. Tres drones de tecnología gallega, cedidos por Afundación a través de un convenio con Abanca, operarán en zonas de difícil acceso o sin cobertura de cámaras, con base en Vilamaior (Verín), O Xurés (Muíños) y Lomba (Santa Comba). 

En cuanto a medios aéreos, el dispositivo propio de la Xunta pasa a contar con 24 aparatos, cuatro más que antes: dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado de mayor capacidad de descarga. El Estado aportará entre nueve y diez aparatos adicionales. La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó que con estos refuerzos aéreos se espera seguir reduciendo los tiempos de llegada a un incendio, que el plan sitúa como objetivo en menos de 22 minutos. El tiempo medio de extinción deberá bajar de las seis horas y 18 minutos.

OURENSE, EL GRAN FOCO DEL RIESGO

El mapa del riesgo también se reconfigura. Las parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI) aumentan a 35, nueve más que el año anterior. La inmensa mayoría se concentran en Ourense, con 26, mientras que Pontevedra suma cinco, A Coruña cuatro y Lugo ninguna. Entre los municipios más preocupantes destacan A Gudiña, con cuatro parroquias de alto riesgo, y A Mezquita, con tres. Estas zonas son aquellas que acumulan una media de siete o más fuegos anuales en el último lustro o que han sufrido al menos dos incendios superiores a las 200 hectáreas en la última década.

El plan prevé actuar en materia de prevención sobre 33.880 hectáreas en 2026, unas 14.000 más que el ejercicio anterior, con 551 brigadas de prevención y cerca de 2.800 efectivos. El convenio de limpieza de franjas secundarias llega ya a 284 municipios y duplica su presupuesto, hasta 25 millones de euros. Además, el Pladiga recoge el compromiso de avanzar en la tramitación del anteproyecto de ley de lucha contra incendios, un texto que lleva años de retraso desde que la Xunta lo anunciara en 2021 a raíz de la comisión parlamentaria creada tras los devastadores fuegos de 2017.

La memoria del plan aporta un dato que habla por sí solo de la dimensión del problema: en la última década ardió un tercio de la superficie de los parques naturales gallegos, con más de 15.600 hectáreas y 188 incendios. El parque de Baixa Limia-Serra do Xurés es el más castigado, con 166 fuegos y más de 11.700 hectáreas arrasadas. En el conjunto de los espacios de Red Natura, las cifras son todavía más llamativas: el 32% de las zonas ZEC y el 40% de las zonas ZEPA han ardido en ese período.