La APDR pide paralizar el dragado del Lérez y suma su voz a un aluvión de críticas al proyecto de la Xunta

Casi dos décadas de espera y ahora, cuando el dragado del río Lérez a su paso por Pontevedra parece más cerca que nunca, la oposición no para de crecer. La Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) ha reclamado la suspensión cautelar del proyecto promovido por Portos de Galicia al término del periodo de exposición pública, en el que la entidad participó con numerosas alegaciones. Su argumento central: la actuación es un parche caro e ineficaz que no ataca las raíces del problema. La APDR no está sola. El proyecto ha recibido hasta la fecha 39 alegaciones, la inmensa mayoría procedentes de colectivos vinculados al sector marisquero y organizaciones ecologistas.

El proyecto, con un presupuesto de 11,9 millones de euros, prevé actuar sobre 4,5 kilómetros del río y retirar más de 500.000 metros cúbicos de sedimentos, una cifra que supone un 39% más de lo previsto en el último estudio, realizado en 2024. La hoja de ruta contempla licitar las obras este año y comenzar los trabajos como muy tarde a principios de 2027. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha defendido en todo momento la viabilidad del proyecto y su importancia para la actividad portuaria y marisquera de la ría.

Para la APDR, sin embargo, el plan de Portos de Galicia no aborda las causas estructurales de la acumulación de lodos: los rellenos, los vertidos industriales y fecales o determinadas prácticas forestales que favorecen la erosión del terreno. A su juicio, sin actuar sobre esos factores de fondo, el problema de sedimentación se reproducirá en un plazo relativamente corto, convirtiendo la inversión en un esfuerzo estéril.

El marisqueo, en el ojo del huracán

La APDR también dirige su crítica hacia los impactos sobre el sector marisquero, uno de los más sensibles de toda la ría de Pontevedra. La entidad advierte de que antes de comenzar los trabajos sería imprescindible retirar el marisco de talla comercial y trasladar los ejemplares más pequeños a otras zonas, unas operaciones que perjudicarán directamente los ingresos de los profesionales del sector durante la paralización de su actividad. A ello se añade la dispersión que, a su juicio, provocará el propio proceso de dragado: la naturaleza fina de los sedimentos favorecerá su extensión por las aguas, generando un fuerte impacto sobre la calidad del entorno marino.

La preocupación por la metodología empleada es otro de los puntos de la denuncia. La APDR sostiene que los análisis realizados se hicieron sobre muestras superficiales, descartando deliberadamente aquellas consideradas peligrosas por su elevada carga contaminante. Esos sedimentos, aseguran, permanecerán en el fondo del Lérez y, al verse removidos por el dragado, podrían liberar contaminantes al agua. Esta crítica la comparten otros colectivos: varios grupos han alertado de la presencia de mercurio en los lodos del Lérez, vinculada a la actividad histórica de Elnosa y ENCE, y cuestionan que el plan no cuantifique la presencia de monometilmercurio, el compuesto más tóxico derivado de ese metal.

La asociación ecologista ADEGA ha exigido la paralización del proyecto en su configuración actual, recordando además que existe un acuerdo parlamentario unánime adoptado por la Comisión de Ordenación Territorial del Parlamento de Galicia en enero de 2020, que instó a la Xunta a retirar y tratar en tierra los lodos del dragado del Lérez que, por su carga contaminante, no pudieran emplearse para la regeneración de otras zonas de la ría.

Sálvora, el punto de vertido que enfrenta a Pontevedra y Arousa

El aspecto que mayor rechazo genera entre los colectivos críticos es el destino final de los sedimentos extraídos. El plan de la Xunta contempla depositarlos en la denominada zona B, en las proximidades de la isla de Sálvora, en la boca de la ría de Arousa. La APDR considera esa localización directamente inaceptable por el riesgo que supone para los bancos marisqueros de toda la zona, dado que las corrientes marinas podrían arrastrar los áridos hacia el interior de la ría.

Los colectivos se oponen frontalmente a que el vertido se realice en la conocida como zona B, situada en el canal de entrada del afloramiento de la ría de Arousa, y proponen que los sedimentos sean almacenados en tierra en condiciones de seguridad e impermeabilidad. Entre los 33 colectivos que han presentado alegaciones se encuentran cofradías, organizaciones de productores, mejilloneros, ecologistas, plataformas en defensa de la ría y la CIG. Todos reclaman también compensaciones económicas para los marineros y mariscadores que no puedan trabajar durante la ejecución de las obras.

Frente a esas críticas, Portos de Galicia ha rechazado que la elección del punto de vertido responda a criterios económicos e insiste en que se basa en estudios técnicos elaborados conjuntamente con Puertos del Estado y el CEDEX, el organismo estatal de referencia en materia de dragados. La Xunta subraya que se está cumpliendo con la legalidad vigente. Por su parte, el Concello de Pontevedra ha emitido un informe que no se opone a la obra, aunque incluye una serie de requisitos técnicos, entre ellos la protección del emisario submarino que cruza la ría y la paralización de los trabajos en caso de condiciones meteorológicas adversas.

Una obra con veinte años de historia bloqueada

El dragado del Lérez arrastra una tramitación accidentada. Los orígenes del proyecto se remontan a 2009, cuando la Xunta inició las rondas de consultas con las cofradías de pescadores. A lo largo de ese tiempo, la obra se ha visto bloqueada por sucesivos desacuerdos entre administraciones, especialmente en torno al punto de vertido de los áridos. En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica prohibió que el vertido se realizara en Sálvora, paralizando no solo el dragado del Lérez, sino también otros 15 proyectos previstos en la costa sur de Galicia.

La APDR reconoce en su comunicado que la acumulación de sedimentos y lodos en el ecosistema río-ría tiene una incidencia negativa real sobre los sectores productivos y deportivos, y que es necesario actuar. Pero la entidad insiste en que una intervención que no corrija sus deficiencias técnicas y ambientales supondría malgastar una inversión millonaria para acabar exactamente en el mismo punto de partida. "Pan para hoy y hambre para mañana", en sus propias palabras.