Líneas rojas que no deben cruzarse

Manoel Barbeitos
Economista

Un cruce en el que los medios políticos, judiciales  y los medios de la derecha son verdaderos expertos, lamentablemente para esta democracia. Una conducta que los ciudadanos deben sancionar para la defensa y garantía de la democracia

 

 

Uno de los pilares más firmes sobre los que descansan las democracias consolidadas es el consenso entre los partidos democráticos de no cruzar líneas rojas que puedan poner en riesgo la democracia y la convivencia pacífica. Desgraciadamente en España, y también en Galicia, seguramente porque ha tenido menos años de democracia que muchos estados europeos, esos consensos no existen y no pocas veces los partidos de derecha (VOX, PP) cruzan la línea roja cuando y donde consideran que les puede favorecer políticamente. Una práctica que también se da en sectores de la judicatura y en muchos medios de comunicación y opinión. La evidencia es fuerte y frecuente.


Una línea roja que nunca se debe traspasar es la que separa la legalidad de la ilegalidad. Una línea roja que en España los partidos de derecha y sectores del poder judicial cruzan sin sonrojarse y por ello en los últimos tiempos no se han abstenido de calificar de ilegítimo al gobierno español de turno (PSOE/UP). Algo que pone de relieve el concepto equivocado de legalidad que tienen porque fue elegido en las Cortes Generales (C.E. Título IV, art. 99) por lo que debe ser respetado por todos. Con esta actitud, la derecha española cruza la línea roja que separa la legalidad de la ilegalidad. Lo mismo ocurre con aquellos jueces que deben administrar justicia (C.E. Título VI, art. 117) pero que, a pesar de ello, utilizan sus competencias para perseguir injustamente y sin base legal a los partidos de izquierda y a sus líderes, con especial atención a Unidas Podemos, mientras que al mismo tiempo, o impide la aplicación de la justicia a los casos fragantes de delitos o retira, saltándose la Constitución (Título VI, art. 122, Título IX, art. 159), la renovación de los poderes judiciales más importantes como es legalmente obligatorio . Que quienes se encargan de administrar justicia y hacer cumplir las leyes crucen la línea roja que separa la legalidad de la ilegalidad es muy grave.


Otra línea roja que no se debe traspasar y sobre la que tendría que haber un consenso entre todas las fuerzas democráticas es la que separa la honestidad de la corrupción. Tal y como han señalado en reiteradas ocasiones los organismos internacionales que monitorean la corrupción en diferentes países, España es uno de los estados europeos con mayor índice de corrupción. Una enfermedad que atraviesa tanto el sistema político como la sociedad. Así, los innumerables casos en los que se ven envueltos los partidos de derecha españoles -especialmente el Partido Popular (PP)- demuestran que uno de sus piensos es la corrupción. Una práctica sistémica que ha llegado incluso al Jefe del Estado y que deteriora enormemente la imagen de la clase política española y de la propia democracia. Una práctica para cuyo resguardo cuentan con el apoyo y la cobertura de no pocos magistrados que o paralizan procesos judiciales o adoptan resoluciones que les favorecen -los casos se cuentan por centenares-, así como de una mayoría de medios de comunicación y de opinión que sobrevivir gracias a las ayudas que se les otorgan estos derechos.

 

Archivo - El Rey emérito Juan Carlos I a su salida de Madrid con dirección Abu Dabi tras su visita a España, a 23 de mayo de 2022, en Madrid (España). Juan Carlos I abandona España tras su visita de cuatro días donde ha acudido a Sanxenxo (Pontevedra) y s
Archivo - El Rey emérito Juan Carlos I a su salida de Madrid con dirección Abu Dabi tras su visita a España, a 23 de mayo de 2022, en Madrid (España). EP


En una verdadera democracia, se deben respetar las diferentes creencias de sus ciudadanos. Nunca se debe traspasar la línea roja que separa a los estados que respetan y defienden, por si acaso, la libertad religiosa de aquellos que tratan de imponer una determinada religión a todos. En España, a pesar de lo que establece la propia Constitución (Capítulo II, Sección 1ª, Artículo 16) la religión católica sigue gozando de una serie de privilegios y prebendas, reiteradamente aseguradas por los distintos gobiernos, que fomentan la desigualdad en esta materia y que no son de su competencia. propio de una democracia


Finalmente, aunque podríamos citar muchos más casos de líneas rojas que se traspasaron, en una democracia auténtica todos los cargos políticos -desde el Jefe de Estado hasta los representantes locales- deben ser elegidos por mandato popular y ser legalmente responsables. En España no es así y como remanente del franquismo, que se convirtió en mandato constitucional, aún tenemos un Jefe de Estado (C.E. Título II) que no es elegido sino heredado (C.E. Título II, Art. 57) además de siendo "inviolable e inexpugnable" (art. 56). Una línea roja que favorece que el propio Jefe de Estado no se cansa de cruzarla con el apoyo entusiasta de la derecha y gran parte de la izquierda.


Son muchas las rojas que no dejan de cruzarse en España, muchas veces las que que están para proteger los derechos y libertades individuales y colectivas.....Un cruce en el que los medios políticos, judiciales  y los medios de la derecha son verdaderos expertos, lamentablemente para esta democracia. Una conducta que los ciudadanos deben sancionar para la defensa y garantía de la democracia y la libertad.

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