La vicepresidenta Ribera tiene toda la razón

La señora Teresa Ribera, Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, tiene toda la razón cuando señala que el magistrado señor Manuel García-Castellón tiene “querencia por tomar decisiones en momentos políticos sensibles y siempre en la misma dirección”. Tiene toda la razón por que este magistrado viene actuando, desde hace tiempo, como brazo armado judicial de las derechas (especialmente del PP) poniendo en evidencia que forma parte del que en algunos medios y círculos políticos se da en llamar “la caverna judicial”. Basta con citar los casos en los que participa y sus decisiones para compartir la opinión de la ministra, que refleja una preocupación muy extendida entre la ciudadanía sobre el papel que determinados magistrados desarrollan en la democracia española, de si realmente cumplen lo que se espera de ellos (C.E. Título VI). Dudas que, con todo, no parece tener el Partido Popular por razones obvias: viene a ser el gran beneficiado de este comportamiento judicial.

La reflexión de la señora Ribera casualmente, o no, sucede cuando la ponente especial de las Naciones Unidas, la señora Margaret Satterhwaite, llama la atención por la demora en la renovación del Consejo del Poder Judicial que no se produce como sería menester (C.E. Art. 122.3): “el derecho a un juicio justo requiere de un juez imparcial. En España esta imparcialidad está estrechamente ligada al funcionamiento libre e independiente del Consejo General del Poder Judicial” (Margaret Satterhwaite). Una renovación del CGPJ que no se produce, puesto que el Partido Popular (PP) se niega porque dados los incontables expedientes abiertos por corrupción está interesado en retrasar durante el máximo tiempo posible el nombramiento de nuevos jueces. Un retraso que puede posibilitar que muchos de esos expedientes por corrupción prescriban, quedando así libres de cargos muchos y muy destacados dirigentes del Partido Popular (PP).

El caso del magistrado Manuel García-Castellón pone en evidencia como el Partido Popular tiene en un sector relevante del actual poder judicial tanto un escudo que lo protege de sus jugadas y corrupciones como un ariete contra el gobierno de turno (PSOE/Sumar). Actuaciones estas últimas que como resulta fácil comprobar, tienen lugar en momentos políticos bien calculados y así sucedió recientemente cuando, coincidiendo con la nueva mayoría parlamentaria (gracias al apoyo de los partidos soberanistas catalanes) que permite a continuación de un gobierno de progreso (PSOE/Sumar), el señor García-Castellón interviene contra la amnistía a los políticos del Process y del llamado 'tsunami democratic' tratando de imputar por terrorismo a dirigentes catalanes soberanistas, ¡lo que no deja de ser un puro disparate! Este magistrado a lo largo de sus actuaciones ha mostrado claramente estar obsesionado con Catalunya y los soberanistas catalanes.

Lo mismo sucede con Podemos, a quien sometió a una auténtica persecución judicial que finalizaría con el archivo, por falta de pruebas, de TODOS los expedientes por él abiertos a esta organización política democrática. Un archivo que, casualmente, solo tiene lugar cuando Podemos pasó a convertirse en una fuerza política marginal. Segundo el señor Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, “empieza a ser de psiquiatra, lo del juez Garcia-Castellón,.... necesita ayuda psiquiátrica, tiene una psicopatología grave con Podemos”. En sentido contrario, este magistrado está paralizando expedientes abiertos a cargos relevantes y dirigentes del Partido Popular (PP) por notables asuntos de corrupción (Casos Púnica, Lezo o Kitchen: con casi 300 políticos investigados) actuando así como un muro defensivo y protector de las derechas.

Este comportamiento judicial claramente discriminatorio y antidemocrático no es exclusivo de este magistrado, sino que se repite en el sistema judicial tanto a nivel institucional (Tribunal Supremo, CGPJ, Audiencias Provinciales...) como individual. Como venimos subrayando repetidamente en este medio, actualmente el poder judicial español no se corresponde totalmente con el de un estado democrático por el peso que tienen en el mismo muchos magistrados de ideología ultra y comportamiento claramente antidemocrático. Magistrados que le están haciendo un enorme daño al poder judicial español.

Porque frente a estas situaciones, un no puede por menos de pensar que el señor García-Castellón siga en la carrera judicial, mientras que, por caso, el señor Baltasar Garzón, que además de llevar adelante investigaciones sobre crímenes del franquismo y el caso GAL tuvo otras actuaciones destacadas como destapar el caso Gürtel, desarticular una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos y retirar de la política a decenas de dirigentes del Partido Popular que colaboraron en el pillaje, fue inhabilitado por 11 años, no habla muy bien sobre el estado del poder judicial español.