No es justicia, es cálculo: por qué Trump persigue a Raúl Castro ahora

En una jugada que mezcla justicia, teatro político y realpolitik de la más rancia, el gobierno de Donald Trump ha anunciado la imputación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, mientras el Departamento de Justicia enumera cargos de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato; sin embargo, detrás de esta ofensiva judicial surge una pregunta incómoda que trasciende el caso concreto: ¿con qué autoridad moral un mandatario que ha exhibido reiteradamente tendencias autoritarias se erige en juez universal de dictadores ajenos?

El autoritarismo no siempre llega con uniforme; a veces viste de traje, habla de libertad y firma órdenes de persecución. Para entender el movimiento, hay que mirar más allá del discurso de justicia: Trump lo hace, en primer lugar, por cálculo electoral, buscando consolidar el voto cubanoamericano en Florida, estado clave para cualquier aspirante a la Casa Blanca; lo hace también como distracción estratégica, desviando la atención mediática de sus propios procesos judiciales y de las crisis domésticas que atraviesa; lo hace para reforzar su imagen de "hombre fuerte" que no teme confrontar a regímenes comunistas, alimentando la narrativa mesiánica que lo presenta como el único capaz de restaurar el orden global; lo hace, además, para complacer a los sectores más duros del exilio cubano y a los halcones de su gabinete, que ven en esta acusación un paso simbólico hacia la caída del régimen; y lo hace, finalmente, como advertencia geopolítica a otros líderes que Washington considera adversarios, enviando el mensaje de que nadie está a salvo de la justicia estadounidense si se cruza en su camino.

La justicia no es un arma de conveniencia, pero en Washington parece haberse convertido en una extensión del poder ejecutivo. La acusación contra un Raúl Castro de 94 años, por hechos ocurridos hace tres décadas, plantea serias dudas sobre su oportunidad política, especialmente cuando se proclama que "si matas a estadounidenses, te perseguirán sin importar quién seas", un principio en teoría que choca frontalmente con la práctica selectiva de la justicia estadounidense: mientras se moviliza maquinaria judicial contra un anciano residente en La Habana, cuya extradición es prácticamente imposible, brillan por su ausencia investigaciones similares sobre responsabilidades propias en conflictos donde también murieron civiles inocentes, lo que revela que la justicia no puede ser un arma geopolítica que solo se activa cuando conviene a los intereses de Washington.

No se trata de si Raúl Castro merece o no ser juzgado, sino de quién tiene la legitimidad moral para hacerlo sin hipotecar el derecho. Lo más paradójico de esta ofensiva es que Trump, al celebrar la imputación como una victoria para la libertad, reproduce el mismo guion autoritario que dice combatir, pues su lenguaje mesiánico, su desprecio por los contrapesos institucionales, su tendencia a personalizar el poder y a presentar cualquier crítica como una conspiración son rasgos que cualquier observador objetivo reconocería en los regímenes que afirma denunciar; cuando se despliega poder militar en el Caribe casi simultáneamente al anuncio judicial, se envía un mensaje claro: la ley y la fuerza son dos caras de la misma moneda, y esta fusión de justicia y coerción es precisamente la característica definitoria de los regímenes autoritarios que Washington dice rechazar. Cuando la justicia se convierte en escenografía política, las víctimas son las primeras en perder el sentido del proceso.

Que el gobierno cubano califique la imputación de acción política sin fundamento jurídico, aunque predecible, no anula una verdad incómoda: la acusación llega en un momento de máxima tensión, con sanciones endurecidas y una retórica belicista que recuerda épocas oscuras, lo que obliga a preguntar si el objetivo real es hacer justicia por las víctimas de 1996 o si se trata de construir una coartada para una intervención más agresiva, sospecha que se alimenta al instrumentalizar casos judiciales como herramientas de presión internacional. Nadie niega que el derribo de 1996 fue un crimen, pero la justicia internacional no puede funcionar como un instrumento de presión selectiva, y si Estados Unidos aspira a liderar con el ejemplo, debe aplicar sus principios con coherencia: investigar violaciones de derechos humanos con independencia del bando, respetar el derecho internacional y rechazar la doble vara de medir.

La democracia no se defiende con espejos distorsionados, sino con reglas que se aplican a todos por igual. Mientras tanto, la imagen de un mandatario celebrando ante las cámaras la persecución de un anciano nonagenario, mientras acumula procesos judiciales propios y ataca a la prensa libre en su país, no proyecta autoridad moral, sino la caricatura de un caudillo que confunde el poder con la justicia. Este episodio no debería servir para defender a figuras históricas polémicas, sino para exigir que la justicia sea verdaderamente universal, imparcial y desvinculada de los ciclos electorales.

En un mundo donde los autoritarismos avanzan, la respuesta no puede ser otro autoritarismo con otro pasaporte, porque la democracia se defiende con más democracia: con instituciones fuertes, con respeto al derecho internacional y con una ética de coherencia que, hasta ahora, brilla por su ausencia en esta cruzada judicial contra La Habana. Trump no puede seguir campando a sus anchas; alguien debería pararle los pies. No es un demócrata, es un dictador que quiere que se haga lo que él dice. Eso del respeto ni lo sabe, ni lo practica.