'Ley Basterra': el Gobierno pone límites a los criminales para que no puedan lucrarse con 'true crimes'

El próximo mes de mayo el Consejo de Ministros tendrá, entre los muchos expedientes encima de su mesa, una nueva iniciativa que puede cambiar radicalmente los planes de muchas plataformas de contenidos, canales de podcast, editoriales o productoras televisivas con una propuesta para que el futuro proyecto de 'Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen' incluya, entre sus disposiciones, medidas para proteger a las víctimas de los delitos frente al modelo de 'True crime' que están explotando muchos canales, buscando impedir que "los autores de esos crímenes" puedan "lucrarse" con la narración y recreación de sus delitos. 

¿UN NUEVO VOLUMEN DEL CASO ASUNTA?

Se trata de un modelo que está floreciendo en plataformas con Netflix y con miles de seguidores, que pero que tienen un punto muy controvertido al considerar que premia, en cierto modo, a los criminales al poner nuevamente sobre ellos el foco, y no sobre sus víctimas, en una forma, entienden algunas voces, de blanquear las atrocidades por las que fueron juzgadas.

Recientemente fue noticia Alfonso Basterra, padre adoptivo de Asunta condenado junto a su exmujer Rosario Porto en septiembre de 2013 a un total de 18 años de prisión por el asesinato de la niña, por los rumores que rodeaban a su figura y a la productora Bambú Producciones sobre la posibilidad de que ambos trabajaban en un nuevo proyecto audiovisual.

Los rumores fueron desmentidos por la propia compañía, responsable de otras producciones como el 'True crime' de 'El Caso Asunta', con Candela Peña y Tristán Ulloa encarnando a Rosario Porto y Alfonso Basterra, o del documental 'El Caso Asunta (Operación Nenúfar)'. Alfonso Basterra fue también noticia estos días por la concesión de su primer permiso penitenciario mientras cumple condena en Salamanca.

En un comunicado, Bambú Producciones desmentía que tuviesen "intención alguna de desarrollar ni producir un proyecto en el que participe Alfonso Basterra, ni directa ni indirectamente". "La compañía quiere dejar claro, además, que no paga a acusados o condenados por delitos por su participación en los proyectos audiovisuales que produce, política que se ha aplicado de forma constante en todas sus producciones", subrayaban en su nota.

"Lamentamos profundamente que se difundan informaciones que no se corresponden con la realidad y que pueden generar confusión en la opinión pública", añadía la productora, que sin embargo sí reconoce que durante años han trabajado en "contenidos de ficción y documental basados en hechos reales" y que distinguen su forma de hacerlo "siempre desde el máximo respeto a las víctimas y a los hechos judicialmente probados". Actualmente uno de los productos que tienen entre manos es 'El Crimen de Pazos', otro caso real ocurrido en Galicia y que tiene en nómina a actores de la talla de Tito Asorey, Carlos Blanco, Miguel Borines, Fer Fraga o el ya mencionado Tristán Ulloa. 

OTRAS MEDIDAS

Con esta nueva 'Ley Basterra', como se podría denominar (aunque aplicable a otros nombres tristemente conocidos como Enrique Abuín 'El Chicle' o Ana Julia Quezada por los casos de Diana Quer o el pequeño Gabriel), el Gobierno busca evitar esos extremos derivados de los crímenes reales, un fenómeno que ha ganado mucha popularidad en internet y que tiene su eco en otras obras como 'Fariña', por la cual su autor, Nacho Carretero, tuvo que acudir a los juzgados por las denuncias de algunos de sus protagonistas, conocidos narcotraficantes condenados por la justicia que, sin embargo, denunciaban la vulneración de su derecho al honor. En este caso, eran los criminales los que buscaban una compensación por la obra. 

La ley no busca solo limitar el universo de los 'True crime', sino que también persigue elevar el acceso a las redes sociales a los menores de edad hasta los 16 años o el uso de la IA con fines publicitarios o comerciales usando la voz o la imagen de cualquier persona que no lo haya autorizado previamente. 

"Quiero anunciarles que una vez que recibamos los informes preceptivos, en el mes de mayo, vamos a aprobar en Consejo de Ministros y vamos a remitir al Parlamento el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que adapta una normativa que hoy está caduca, la ley vigente desde el año 82", declaró esta mañana Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.