Democracia Ourensana incumple todas las obligaciones de transparencia, mientras el BNG aprueba

El documento, aprobado el 28 de noviembre de 2024, analiza en detalle si las formaciones cumplen con las obligaciones de publicidad activa establecidas por la Ley de Transparencia y otras normativas específicas. Mañana la responsable del Tribunal de Cuentas (TC) acude al Congreso a detallarlo.

En el caso de Democracia Ourensana, el informe constata importantes carencias. El partido no publica sus estatutos en su página web, lo que impide verificar si recoge compromisos internos en materia de transparencia. Tampoco dispone de un protocolo o guía de obligaciones de publicidad activa, ni ha designado un responsable para la publicación de información en su portal. 

Además, incumple múltiples obligaciones concretas: no publica la normativa que le es aplicable, ni las retribuciones de sus cargos directivos, ni un organigrama con jerarquías claras, ni los perfiles profesionales de sus dirigentes. También omite datos sobre donaciones, créditos pendientes y subvenciones públicas. No cuenta con un canal ético o de denuncias accesible, lo que vulnera la ley de protección al informante.

El otro partido 100% gallego analizado por el TC es el Bloque Nacionalista Galego, porque es el otro con representación en el Parlamento Autonómico o en las Cortes. Los nacionalistas salen relativamente bien parados.

Así, BNG presenta un nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia superior a la media, con la publicación de los estatutos, las cuentas anuales y la información sobre subvenciones y donaciones recibidas, así como la existencia de un apartado específico de transparencia en su web. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en la actualización de ciertos documentos y en la calidad de la información, especialmente en lo relativo a instrucciones internas de contratación y detalles sobre créditos pendientes de amortización.

El informe destaca también que el BNG ha realizado mejoras durante el proceso de fiscalización, incorporando nuevos documentos y facilitando el acceso a parte de la información en castellano, aunque aún persisten carencias en la estructuración y accesibilidad de algunos contenidos clave.

El Tribunal de Cuentas recomienda a ambos partidos una revisión exhaustiva de sus portales de transparencia y la incorporación de protocolos internos que aseguren la publicación regular y completa de todos los datos exigidos por la ley. 

La legislación gallega y española establece que los partidos políticos deben publicar información sobre sus cuentas, contratos y procesos internos para garantizar la transparencia. Esto incluye detalles sobre financiación, gastos y decisiones administrativas.

Los resultados muestran que el 89% de los partidos no publica la normativa básica que regula su actividad, como la Ley de Financiación de Partidos. Además, el 86% oculta las retribuciones de sus cargos directivos y el 84% carece de organigramas públicos. Estos déficits vulneran leyes estatales como la Ley de Transparencia.

La información organizativa es la más opaca, según el informe. Solo el 27% de los partidos divulga el perfil profesional de sus dirigentes, mientras que el 73% omite estos datos obligatorios. En el ámbito económico, el 68% no informa sobre donaciones superiores a 25.000 euros y el 54% oculta créditos y préstamos.

Los partidos de ámbito autonómico y local presentan los peores indicadores. El 42% de las formaciones autonómicas y el 33% de las locales muestran un "cumplimiento bajo" o "nulo". En contraste, el 63% de los partidos estatales alcanza un nivel medio de transparencia, vinculado a su mayor estructura y financiación pública.

Los canales de denuncia brillan por su ausencia. El informe subraya que el 63% de las formaciones incumple la Ley de Protección del Denunciante, al no publicar procedimientos internos para canalizar irregularidades. Solo 17 partidos cumplen íntegramente esta obligación, mientras otros 6 ofrecen acceso parcial.

La actualización de contenidos es otra asignatura pendiente. El 90% de la información organizativa carece de fechas que certifiquen su vigencia, dificultando que los ciudadanos verifiquen su validez. Solo los datos económicos, vinculados a ejercicios anuales, reflejan actualización sistemática.

El Tribunal formula 15 recomendaciones urgentes, entre ellas designar responsables de transparencia, publicar protocolos de actuación y garantizar el acceso directo a la información en castellano. También insta a especificar públicamente cuándo no existen donaciones o préstamos relevantes, evitando ambigüedades.

Este análisis se enmarca en el Plan Estratégico 2024-2027 del Tribunal, que prioriza fiscalizaciones "exprés" para evaluar transparencia, igualdad y sostenibilidad. Los resultados completos, que incluyen evaluaciones individualizadas por partido, ya han sido remitidos a las Cortes Generales y al Gobierno. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentará este martes en el Congreso el informe.

Jácome, salpicado por varias investigaciones contables y judiciales

Democracia Ourensana (DO) es un partido político de ámbito provincial en Ourense, fundado en 2001 en torno al canal de televisión local Auria TV. Su figura central y líder indiscutible es Gonzalo Pérez Jácome, quien desde junio de 2019 ostenta la alcaldía de la ciudad. Su investidura fue posible gracias al apoyo del Partido Popular, a pesar de que DO fue la tercera fuerza más votada en las elecciones municipales, un acuerdo que también implicó el apoyo de Jácome a José Manuel Baltar para la presidencia de la Diputación. 

El partido se autodefine como una formación "no de derechas ni de izquierdas, sino de Ourense," y su líder es reconocido por un perfil "estrambótico" dentro del panorama político nacional.   

Caso Incompatibilidad Jácome

Una de las principales líneas de investigación judicial contra Gonzalo Pérez Jácome se centra en la presunta incompatibilidad de su cargo como alcalde de Ourense con su actividad empresarial. Se alega que, a pesar de percibir una retribución anual de 74.850,30 euros en régimen de dedicación exclusiva como primer edil del Consistorio, Jácome habría mantenido simultáneamente su actividad profesional como empresario entre 2019 y 2022. Jácome es el alma mater de Auria Tv, emisora local de TDT que opera él, en su condición de empresario por cuenta propia, es decir, autónomo. 

Los denunciantes sostienen que el 14 de julio de 2021, Jácome presentó en el ayuntamiento una declaración en la que afirmaba no incurrir en "ningún" supuesto de posible incompatibilidad, a sabiendas de que su actividad profesional y su sueldo como alcalde eran incompatibles. Esta situación ha sido calificada de "irregular" por el Ministerio Público.   

La querella inicial fue interpuesta por excompañeros del partido de Jácome,. Posteriormente, esta denuncia fue formalmente presentada por el partido Coalición de Centro Democrático (CCD) el 5 de diciembre de 2023. La Fiscalía ha asumido un papel central en este proceso, abriendo diligencias de investigación tras la denuncia para determinar si existe una posible responsabilidad penal derivada de la incompatibilidad. Adicionalmente, el Tribunal de Cuentas ha iniciado su intervención tras la notificación de la Fiscalía, evaluando si la situación constituye una infracción del régimen de incompatibilidades.   

En 2022, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de una causa por malversación tras verificar documentos y la declaración de Jácome. Sin embargo, en julio de 2021, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense había dejado sin efecto el sobreseimiento de una causa por presuntas irregularidades en la gestión de los fondos de Democracia Ourensana. A pesar de ello, en junio de 2022, la jueza archivó la causa abierta contra él por malversación de fondos públicos. 

En cuanto al estado actual de la denuncia por incompatibilidad, la Fiscalía, tras su investigación, ha notificado la situación a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Este último órgano ha decidido abrir una "acción pública," lo que implica una investigación formal para determinar si el sueldo del alcalde constituye alguna irregularidad. El Tribunal de Cuentas ha solicitado al portavoz de CCD que especifique si desea personarse en el caso o si se limitará a actuar como "mero denunciante". 

La postura de Jácome ante estas acusaciones ha sido de negarlas públicamente. Ha calificado la denuncia como una "chorrada de gente a la que expulsamos del partido," afirmando que "no tiene nada que ver con el dinero público". Esta defensa, que atribuye las denuncias a una vendetta política por parte de exmiembros, es una estrategia común en este tipo de casos.

Este frente judicial se centra en la acusación de un presunto desvío sistemático de fondos y recursos públicos del Concello de Ourense para beneficiar a Auria TV, la televisión privada de Gonzalo Pérez Jácome. Las irregularidades denunciadas incluyen la adquisición de material electrónico con fondos del Concello para fines privados, como la compra de dos cámaras por casi 4.000 euros, dentro de un pedido de material técnico valorado en 8.698 euros en junio de 2020. Adicionalmente, se ha denunciado que Germán López Vázquez, asesor de Democracia Ourensana con un sueldo público del Concello, ha trabajado como cámara para Auria TV.

El propio López Vázquez ha confirmado esta situación, declarando que fue contratado por Pérez Jácome para "la realización de grabaciones en Auria Televisión". Estas acciones, según la denuncia, vulneran los principios fundamentales de transparencia, imparcialidad y acceso igualitario a la información pública.   

A diferencia de otras alegaciones que pueden depender de interpretaciones de normativas, el caso Auria TV se sustenta en pruebas concretas y tangibles. La documentación en poder del juez incluye facturas que detallan la compra del material presuntamente desviado, así como "imágenes que reflejan que el asesor trabaja como cámara y la acreditación de este último". 

Gonzalo Pérez Jácome ha sido imputado (investigado) en este caso por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense. Fue citado a declarar el 22 de septiembre  para ofrecer explicaciones sobre el presunto desvío de fondos. La investigación se encuentra actualmente en curso en dicho juzgado.