Bruselas dice no al gallego por séptima vez ante la insistencia de Moncloa y el "boicot" de la Xunta

La oficialidad de las lenguas cooficiales se ha topado por séptima vez —desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez elevó la petición en 2023— con el rechazo abierto de cerca de una decena de países y con las reservas expresadas por los servicios legales del propio Consejo de la Unión Europea. En esta ocasión, la falta de avances evidencia la profundidad del desencuentro y el complejo entramado de intereses y normativas que debe superar la propuesta española antes de poder ser aprobada por unanimidad, requisito indispensable en este tipo de decisiones institucionales de la UE.

La posición del Gobierno español

Desde el Ejecutivo central, la consigna principal ha sido la de perseverancia y convencimiento. España sostiene que ha respondido ya a "todas las dudas" previamente expresadas por sus socios europeos, y ha vuelto a defender su iniciativa tanto en público como ante el resto de delegaciones durante un debate algo tenso que apenas se extendió una hora este viernes en Bruselas.

En un intento por avanzar, el Gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de la UE, introdujo modificaciones en la última propuesta presentada a debate, reforzando en su articulado el compromiso de que España asumiría todos los costes que implicara la oficialidad del gallego, del catalán y del euskera, aunque por el momento no ha podido especificar una cifra concreta para ello. La cifra que maneja la Comisión Europea, en base a precedentes como el del gaélico, asciende a un coste anual de 132 millones de euros, 44 millones por lengua.

Sin embargo, España considera que no es necesaria una revisión de los Tratados europeos para dotar de oficialidad a las lenguas en cuestión, posición contraria a la mantenida por una parte significativa de sus socios y por el propio servicio jurídico del Consejo, que sigue manteniendo reservas acerca de la base legal de la propuesta y advierte de que podría ser ineludible reformar los Tratados actuales para incluir el gallego, el euskera y el catalán entre las lenguas oficiales de la UE.

La posición de los países de la UE y los servicios legales del Consejo

El bloque de oposición se mantiene firme en su postura, y durante el Consejo de este viernes, países como Alemania han considerado públicamente que la reforma planteada por España no se ajusta a la legalidad de los Tratados, posición que comparten los servicios legales del Consejo. Otros países como Polonia y Austria, entre un grupo de aproximadamente diez Estados, también han mantenido reservas y han insistido que aún es "prematuro" tomar ninguna decisión hasta que se cuente con análisis más detallados sobre las consecuencias legales y económicas de la medida.

Antes del inicio de la reunión, varios ministros europeos trasladaron a la prensa su escepticismo y la necesidad de recibir una evaluación de impacto adecuada, así como la exigencia de un informe jurídico por escrito acerca de la viabilidad de la iniciativa española. Estas reservas fueron reafirmadas a puerta cerrada y llevaron a que la presidencia de turno danesa, encargada de fijar la agenda y organizar los debates durante este semestre, desestimara siquiera la posibilidad de someter la pregunta a votación.

La presidencia danesa recalcó que persisten demasiadas incógnitas jurídicas y financieras como para avanzar hacia una decisión unánime. El consenso entre los países reacios es que no pueden aceptar "a ciegas" una propuesta cuyas implicaciones pueden ser profundas y costosas para el funcionamiento interno y la estructura de la Unión, dado que la cooficialidad supondría emplear recursos adicionales en traducción, interpretación y trámites oficiales, además de sentar un precedente para otras lenguas regionales en Europa.

Las consecuencias políticas y la reacción en España

El nuevo varapalo europeo llega en un momento particularmente sensible, ya que el compromiso de impulsar la oficialidad de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas fue utilizado por el Gobierno de Sánchez como una de las condiciones fundamentales en sus pactos con formaciones como Junts, necesarios para asegurar la investidura en 2023. 

Esta situación deja al Ejecutivo en una posición delicada internamente, presionado por cumplir sus promesas, pero limitado por la capacidad de persuasión en Bruselas y la compleja aritmética política de la Unión, donde la unanimidad es indispensable para avanzar.

Desde Galicia, hay que tener en cuenta que la Xunta, gobernada por el Partido Popular, no apoya la iniciativa, que ve cara y poco realista.

En contra, las universidades, partidos políticos de izquierda y culturales como A Mesa lamentan consideran que la oficialidad del gallego en Europa representaría no solo un reconocimiento institucional de los derechos lingüísticos, sino también un paso relevante para la normalización y proyección internacional de la lengua gallega. A Mesa ha tildado de "boicot" la falta de apoyo del Gobierno de Galicia a que la lengua propia del país alcance este reconocimiento. Para la Xunta, no tiene sentido invertir tanto dinero en lograr esta cooficialidad. Por contra, desde el Ejecutivo central se mantienen en la línea de continuar presionando.

De fondo permanece la cuestión principal: hasta qué punto la Unión Europea está dispuesta a adaptarse a una realidad lingüística más plural, y si el mecanismo jurídico y administrativo actual permite un encaje viable de la propuesta. En cada una de las siete ocasiones en que el Gobierno español ha presentado el tema desde 2023 —bajo distintas presidencias rotatorias del Consejo— la respuesta ha sido la misma: peticiones de mayor claridad, análisis y garantías.

La Comisión Europea, por su parte, solo ha elaborado hasta ahora una evaluación preliminar e insta a que sean España y el Consejo quienes soliciten un estudio detallado y específico sobre las repercusiones presupuestarias y operativas. La falta de voluntad política inmediata en varios Estados miembros y la exigencia de unanimidad hacen improbable un desenlace a corto plazo, aunque el Gobierno español insiste que no cesarán en su esfuerzo diplomático y jurídico para alcanzar el reconocimiento oficial del gallego en Europa, aunque sea sin el apoyo de la Xunta.