La Xunta tumba el plan de Santiago para limitar los precios de la vivienda mediante zona tensionada
El PP advirtió en su día que, dentro de los límites legales, no pensaba aplicar las medidas de la Ley de Vivienda. Lo que está sucendiendo con la zona tensionada de Santiago de Compostela es una muestra. Primero, la Xunta, que gobiernan los conservadores, rechazó la petición enviada por el ayuntamiento, que gobierna la izquierda, alegando que los datos aportados procedían de fuentes oficiosas. Tras el recurso del Concello de Santiago, ahora la Adminsitración Autonómica se enroca y le obliga a empezar de cero, atrasando la entrada en vigor de medidas que ayuden a reducir los precios de los alquileres.
La Xunta ha dado por desistida la solicitud del Ayuntamiento de Santiago de declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado --mecanismo de la ley estatal de vivienda que permitiría limitar precios del alquiler-- porque no dio "respuesta válida" al requerimiento de enmendar y completar la documentación.
Esto implicará reiniciar el proceso, según informa este martes la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas través de un comunicado, ya que el gobierno local "podrá volver a presentar" la petición con la documentación que exigía la Administración autonómica "para que pueda ser tramitada adecuadamente".
Raxoi había enviado el pasado mayo los informes para solicitar la declaración, pero a comienzos de junio el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) respondió a comienzos de julio que estos "no se ajustan" a la ley estatal y que el Ayuntamiento debía "enmendar deficiencias".
El gobierno local entendía que su documentación estaba completa y, a lo largo de julio, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, remitió un escrito al IGVS en el que defendía los informes ya hechos, si bien sí incluía alguna aclaración sobre los datos empleados.
La Xunta recuerda, en el comunicado de este martes y en declaraciones del director del IGVS, Heriberto García, que se pidió al Ayuntamiento que completase el plan de medidas correctoras para revertir la situación de mercado tensionado porque las ya incluidas "carecían de incidencia real, de una mínima concreción o ya estaban en ejecución", al tiempo que "adolecía de calendario claro de aplicación".
Además, el Instituto Galego de Vivenda e Solo reclamaba un nuevo documento de diagnóstico "a partir de datos oficiales y no de un portal inmobiliario" --Raxoi defendía que se empleaban ambos-- y que explicase su propuesta de reducir de diez a cinco el número de viviendas que una persona debía tener para considerarse "gran poseedor".
De hecho, antes de este requerimiento, la Xunta destaca que la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ofreció a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la posibilidad de celebrar una reunión entre técnicos de ambas administraciones.
"Así, técnicos del IGVS contactaron con los del Ayuntamiento, pero la respuesta municipal fue la de obviar las reuniones ofrecidas y remitir una contestación al requerimiento que no da respuesta a lo solicitado por la Xunta", lamenta.
Asimismo, critica que la contestación en la carta del día 23 se "limitaba a intentar rebatir el contenido del requerimiento, sin incorporar ninguna modificación sustancial".
Por ello, ante la "falta de respuesta", la Xunta "tiene que considerar el desestimiento" de la solicitud, aunque el gobierno local podrá volver a presentarla con los datos solicitados.
Precisamente, la semana pasada el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la resolución del Ministerio de Vivienda para declarar A Coruña como zona del mercado residencial tensionado, lo que la convierte en el primer municipio gallego con esta condición.
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