¿El principio del fin de Altri? La Xunta finiquita por sorpresa Impulsa Galicia

La disolución de la sociedad mixta Impulsa Galicia ya es oficial. Según anunció la junta universal de socios este jueves, la decisión llega tras constatarse que la entidad ha cumplido con su “propósito fundacional”: contribuir a reactivar la economía gallega en el contexto posterior a la crisis sanitaria del COVID-19. Creada en 2021 con la participación de la Xunta, principal accionista con un 40% de los títulos, y empresas como Reganosa, Abanca, Sogama  e Inditex, Impulsa Galicia se planteó como una herramienta para identificar y apoyar proyectos estratégicos para la comunidad autónoma. Uno de ellos fue la planta de Palas de Rei impulsada por los portugueses de Altri, que primero se vendió como una fábrica de fibras téxtiles cuando en realidad es, sobre todo, una tradicional celulosa.

La desaparición de Impulsa Galicia ha sido recibida con suspicacia por parte de colectivos como Ulloa Viva, la plataforma que agrupa a movimientos sociales contrarios al proyecto de Altri en Palas de Rei. Su portavoz, Patricia Coucheiro, ha advertido de que esta decisión podría ser “un intento de evitar responsabilidades” por parte de las administraciones implicadas. Para la plataforma, este paso evidencia el “oscurantismo” con el que se ha gestionado el proceso relacionado con la planta de celulosa.

Desde Ulloa Viva también han señalado que ya preparan una ofensiva judicial por si la Xunta concede la Autorización Ambiental Integrada al proyecto. Hasta el momento, el Ejecutivo gallego solo ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental, un trámite que no permite acciones legales inmediatas. La plataforma mantiene que el complejo industrial de Altri tendría un impacto devastador en la comarca, tanto en el ámbito medioambiental como social.

El inicio del apoyo de la Xunta del PP a Altri se remonta a la creación de Impulsa Galicia. Una de sus primeras acciones fue firmar un memorandum de entendimiento con los portuguesas para la planta. Hace años que la oposición reclama al Gobierno ese documento seminal, pero por algún motivo la Xunta se niega a entregarlo, alegando que Impulsa Galicia es, o más bien era, una empresa privada.

El BNG lleva tiempo cuestionando la transparencia de la creación y funcionamiento de Impulsa Galicia. Desde la formación nacionalista se interpreta la disolución como un intento de “borrar pruebas” relacionadas con los recursos públicos invertidos y los vínculos con empresas privadas. Critican además que el legado de esta sociedad sea una “bomba ambiental” en referencia directa al proyecto de Altri y al rol que, según denuncian, juega RDG en la posible privatización de los recursos naturales gallegos.

La viabilidad de Altri está muy en cuestión. El Gobierno Central ha dejado claro que no le convence el proyecto. Por ahora le denegado todas las subvenciones que solicitó. Los portugueses de Altri, que cedieron parte de la participación de la compañía a la gallega Greenalia, donde fue directiva una conselleira de la Xunta, han dejado claro en reiteradas ocasiones que sin ayudas públicas, no salen los números. 

La sociedad nació en un momento de emergencia económica, bajo la tutela de un comité de expertos que diseñó una hoja de ruta para fortalecer el tejido productivo. De aquellas reuniones salieron propuestas que desembocaron en la creación del Polo para la Transformación de Galicia, una iniciativa ambiciosa que buscaba impulsar la competitividad, la eficiencia energética, el I+D+i y la gestión sostenible de los recursos naturales. 

Justificaciones oficiales y nueva estructura administrativa

En su comunicado, Impulsa Galicia también alude al cierre del programa europeo Next Generation EU, que marcó buena parte de su actividad. Sus socios argumentan que la Administración gallega ha desarrollado estructuras internas —como la Oficina de Coordinación Económica, la Secretaría Xeral de Industria y la Oficina Económica de Galicia— que han asumido ahora las funciones para las que fue creada la sociedad.

Con este cambio de escenario, consideran que ya no es necesaria una entidad como Impulsa Galicia para articular la colaboración público-privada. Según destacan, las nuevas oficinas tienen capacidad para continuar apoyando proyectos transformadores desde el seno de la Administración autonómica, adaptándose mejor a las nuevas prioridades del tejido empresarial.

Desde la Xunta, no se ha ofrecido aún una valoración oficial sobre las implicaciones concretas de esta disolución en relación con los proyectos que Impulsa dejó en curso. La administración defiende la legalidad y validez de cada uno de los pasos dados hasta el momento, incluida la reciente Declaración de Impacto Ambiental favorable para el proyecto de la celulosa.

El futuro del modelo de colaboración público-privada en Galicia queda ahora en manos de las nuevas estructuras administrativas, como la Sociedad de Recursos de Galicia, la herramienta de la Xunta para intentar abaratar la electricidad.