15 menores migrantes no acompañados llegarán a vivir a Lugo en breve

La sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado mes de marzo, obligó al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez a activar recursos estatales y una estrategia urgente ante la presión migratoria en Canarias. El Alto Tribunal estableció que debía asumirse la tutela de los menores y realizarse su traslado a distintos puntos del territorio nacional, en tres fases diferenciadas. Así, durante esta semana, el Ejecutivo prevé desplazar desde Canarias a la península un total de 27 menores, de los que quince se ubicarán en Lugo. De este modo, Galicia continúa recibiendo a parte del cupo global de 317 menores fijado por el Consejo de Ministros a finales de agosto.

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Conflicto sobre el destino de los  menores en Galicia

A pesar de la magnitud de la operación, persiste la incertidumbre respecto a la fecha concreta de llegada y a los detalles logísticos del alojamiento de los menores en Lugo, información que, según denuncian fuentes de la Xunta, el Gobierno gallego sigue sin conocer oficialmente. “Una vez más, hemos sabido de la decisión por la puerta de atrás”, lamentan desde la Consellería de Política Social, reiterando su queja sobre la falta de comunicación directa y criticando el proceder del Ejecutivo central. Este mismo patrón de falta de información se ha repetido en anteriores fases de traslado a otras ciudades gallegas, generando malestar en la administración autonómica y una creciente tensión política con Moncloa.

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A este grupo de 15 menores se suman los 30 ya acogidos este mes en A Coruña y Santiago, en un proceso que ha visto demoras y polémica derivadas de la declaración de “situación de contingencia migratoria extraordinaria”, figura introducida en la nueva regulación estatal para responder a episodios de saturación en los centros de acogida, como ocurre actualmente en Canarias. El plan estatal prevé que, ante la saturación en una comunidad autónoma, la redistribución obligatoria de menores se realice según criterios como población, capacidad de plazas y antecedentes previos de acogida, en decisión consensuada por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

El clima político en Galicia respecto a la llegada de los menores es complejo. Mientras la Xunta mantiene su firme condena contra cualquier acto violento que afecte a los centros de acogida —como los ataques recientes contra la sede de Monforte de Lemos—, sus responsables insisten en que la gestión del reparto está marcada por la desinformación y la imposición. La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha denunciado que la Xunta solo conoce la llegada de grupos y expedientes de menores “por vías extraoficiales”, acusando al Ejecutivo central de trasladar menores “por la puerta de atrás” y sin la financiación adecuada para su atención.

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Esta falta de acuerdo y comunicación ha dado pie al cruce de acusaciones entre Gobiernos, mientras el Ejecutivo de Sánchez se escuda en el cumplimiento estricto del mandato judicial y la aplicación del sistema de contingencia previsto en la normativa, reforzada por el Real Decreto-ley 2/2025. Desde la administración gallega, sin embargo, se exige información clara, recursos suficientes y un reparto donde todas las comunidades participen equitativamente. Denuncian, además, que el cupo pactado deja fuera a Cataluña y País Vasco, aumentando la presión sobre regiones como Galicia y generando dudas sobre la sostenibilidad y equidad del sistema.

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Dimensión social y retos de integración

El contexto de la acogida de menores migrantes en Galicia es especialmente delicado tras los episodios de tensión y rechazo que rodearon la apertura del centro de Monforte, previsto para acoger a buena parte de los migrantes asignados a la comunidad. El centro, impulsado por un acuerdo entre la Xunta y la entidad Prodeme, tuvo que demorar el traslado de unos 80 menores ante los ataques xenófobos sufridos en las semanas recientes, lo que ha puesto sobre la mesa los desafíos sociopolíticos y de seguridad inherentes al proceso de inclusión de jóvenes migrantes.

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Organizaciones sociales como Amnistía Internacional han instado tanto a la administración gallega como al Gobierno central a primar el interés superior del menor y a garantizar itinerarios de inclusión efectivos e individualizados. Exigen acciones concretas y recursos adicionales para afrontar la atención educativa, sanitaria y de integración, expresando preocupación por las consecuencias de una acogida masiva sin la debida preparación de los dispositivos sociales y comunitarios.