Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Ponteareas y a Óbolo por el Servicio de Axuda no Fogar

El Ministerio Público ha solicitado al Ayuntamiento de Ponteareas la documentación completa sobre los trámites realizados después de las denuncias de las trabajadoras del SAF. Estas reclamaciones apuntaban a presuntos incumplimientos contractuales y laborales que, según la CIG, no fueron atendidos. La investigación trata de esclarecer si la administración local actuó conforme a la ley o si, por el contrario, desoyó de manera deliberada los avisos de las empleadas y de la central sindical.

El conflicto se centra en la gestión de la empresa concesionaria Óbolo, encargada del servicio domiciliario de atención a personas mayores y dependientes. La Fiscalía tomó esta decisión tras recibir las denuncias de la CIG presentadas ante la inspección de servicios sociales, en las que se señalaba que tanto la concesionaria como el propio Concello podrían haber vulnerado la normativa vigente.

Según explicó la organización sindical, el ministerio público fue informado de los supuestos incumplimientos y de la falta de respuesta municipal pese a los comunicados enviados en dos ocasiones. La ausencia de actuación administrativa por parte del Ayuntamiento generó fuerte malestar entre las trabajadoras, que llevan meses reclamando mejoras laborales y el respeto de las condiciones del contrato.

Un conflicto laboral largo y sin respuesta

La intervención de la Fiscalía llega tras casi medio año de conflictos entre la plantilla y el gobierno municipal. Las trabajadoras del SAF de Ponteareas denunciaron reiteradamente retrasos en los pagos, carencias de material básico y sobrecarga laboral, problemas comunes en muchos municipios gallegos donde el servicio de ayuda a domicilio se gestiona mediante concesiones privadas. La situación alcanzó un punto crítico el pasado verano cuando la plantilla inició una huelga indefinida impulsada por la CIG ante la falta de soluciones por parte del Concello.

La CIG considera que el Ayuntamiento, en lugar de adoptar medidas sancionadoras contra la empresa, optó por negar los incumplimientos contractuales y suplir con recursos municipales las deficiencias de la concesionaria. Según el sindicato, el propio Concello aportó mobiliario, material de higiene, equipamiento informático, teléfonos móviles y ropa de trabajo para paliar deficiencias que correspondían a Óbolo. La central nacionalista ve en esa decisión un intento de colar una cobertura irregular a la empresa en lugar de hacer cumplir el contrato.

El pleno municipal no abordó la apertura de un expediente sancionador hasta el 28 de octubre, cuando la huelga llevaba más de un mes activa. Para la CIG, esa demora confirma la falta de voluntad política del gobierno local para afrontar el problema de raíz y demuestra el deterioro del servicio público y de las condiciones de las auxiliares.

Un servicio esencial en crisis

El SAF es uno de los pilares de la atención a la dependencia en Galicia, un ámbito que en los últimos años ha acumulado conflictos laborales por la precariedad y la feminización de su plantilla. Las trabajadoras de ayuda a domicilio, en su mayoría mujeres, denuncian condiciones laborales muy por debajo de otros sectores sociosanitarios, a pesar de la responsabilidad que asumen cuidando a personas mayores o con discapacidad.

En Ponteareas, el servicio atiende a cientos de hogares y constituye uno de los contratos municipales más sensibles por su impacto social. La gestión ha sido objeto de críticas tanto por parte de la plantilla como de las familias usuarias, que reclaman estabilidad y calidad asistencial. Este nuevo paso judicial añade presión sobre un Ejecutivo local que ya afronta un clima de desconfianza y malestar en varios servicios municipales.

El Concello de Ponteareas, gobernado actualmente por una , no se ha pronunciado públicamente sobre la investigación abierta por la Fiscalía. En comunicados anteriores, el gobierno local se limitó a asegurar que el servicio “se presta con normalidad” y que las reclamaciones laborales “se estudian conforme a los procedimientos establecidos”. Por el momento, ninguna de las partes del Ejecutivo ha aclarado si prevé revisar el contrato con Óbolo a la espera del resultado de las diligencias judiciales.

El caso se enmarca en un contexto especialmente delicado para el sector de la ayuda a domicilio en el área de Vigo. Hace apenas unos meses, la comarca se estremeció por el asesinato de una trabajadora del SAF en O Porriño, un crimen que conmocionó al colectivo y visibilizó los riesgos y la inseguridad que sufren muchas empleadas al desempeñar su trabajo en domicilios en solitario. 

A raíz de ese suceso, los sindicatos exigieron a los ayuntamientos y a la Xunta una revisión urgente de las condiciones de seguridad y salud laboral del servicio.

En Ponteareas, la propia plantilla había denunciado falta de formación en prevención y medidas insuficientes de protección ante situaciones de riesgo. La nueva investigación judicial coloca de nuevo el foco en un sistema que depende en gran medida de la voluntad política de los concellos para garantizar la calidad laboral y asistencial.