Un hogar en Ourense pasa a pagar 56€ más por la basura, otro ejemplo más de la polémica alza de tasas

El desenlace de la votación ha sido fruto de un delicado equilibrio de fuerzas en el salón de plenos. Los diez concejales de Democracia Ourensana votaron a favor de la medida, mientras que el bloque de izquierdas, compuesto por el PSOE y el BNG, mantuvo su rechazo firme con diez votos en contra.

La llave de la aprobación la tuvo el Partido Popular, cuya abstención permitió que el regidor hiciera valer su voto de calidad para romper el empate. Esta postura del PP ya se había manifestado en la fase inicial del proceso, facilitando una tramitación que hoy culmina con el visto bueno definitivo a unas tarifas que han generado un profundo malestar social en los barrios.

Desde el equipo de gobierno, el alcalde Jácome justifica esta subida sin precedentes como una consecuencia inevitable de la normativa estatal. Según el regidor, el ayuntamiento se limita a realizar una transposición obligatoria de la ley estatal de 2022, que exige que las tasas municipales cubran la totalidad del coste del servicio de recogida y tratamiento.  Es el mismo argumento que esgrimen en estas fechas muchos alcaldes de todos los colores para justificar el alza. 

Jácome sostiene que, de no aplicarse este incremento, el sistema de residuos de Ourense seguiría arrastrando un déficit estructural que las arcas públicas no pueden soportar, una visión que choca frontalmente con la interpretación que hace la oposición sobre la gestión de los contratos municipales.

El impacto económico en los hogares

La realidad de este cambio normativo se traducirá en un esfuerzo financiero notable para los contribuyentes. Los hogares situados en el casco urbano que disfrutan de recogida diaria verán cómo su recibo anual escala de los actuales 125,70 euros hasta superar los 181 euros. 

Este incremento de unos 55 euros al año supone que, cada dos meses, los vecinos tendrán que abonar algo más de 30 euros por un servicio que hasta ahora costaba cerca de 21. La magnitud de la subida es idéntica en términos porcentuales para quienes residen en la periferia, donde la factura pasará de 57,30 a 82,50 euros anuales a pesar de que la frecuencia de paso de los camiones es menor.

El sector económico tampoco se libra de este ajuste fiscal, con especial incidencia en la hostelería e industria local. Los establecimientos comerciales verán incrementos que oscilan entre el 10% y el 45% en función de su actividad. Por ejemplo, un pub de la ciudad pasará a pagar más de 626 euros al año, frente a los 432 actuales, mientras que los pequeños comercios de alimentación sufrirán una subida de casi cien euros anuales. El ayuntamiento introduce por primera vez criterios de "pago por generación", una fórmula que pretende penalizar a quienes más residuos producen pero que, en la práctica, supone una carga adicional para el tejido empresarial ourensano en un momento de incertidumbre económica.

La oposición socialista ha sido especialmente crítica con el estado de las concesiones municipales durante el debate. La edil María Fernández Ojea denunció que el Concello pretende cobrar más por un servicio que se encuentra en una situación de precariedad contractual, con una deuda acumulada con la empresa concesionaria que superaría los 10 millones de euros. Para el PSOE, la subida no responde a una mejora de la limpieza o del reciclaje, sino a una estimación arbitraria del alcalde. Critican además que las supuestas bonificaciones medioambientales son inaccesibles para la inmensa mayoría de la población, beneficiando apenas a una decena de familias en toda la ciudad.

Contexto legal 

Este movimiento en Ourense no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia que recorre toda Galicia tras la aprobación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma obliga a los concellos a que la tasa de basura no sea deficitaria antes de abril de 2025. 

En la provincia, la Diputación de Ourense también está impulsando una ordenanza provincial para los municipios que delegan en ella este servicio. Sin embargo, la polémica en la capital es mayor debido a las quejas por el deterioro de la limpieza urbana y la falta de transparencia en el coste real del servicio, lo que ha movilizado a diversos colectivos vecinales.

Por su parte, el BNG se ha sumado al rechazo frontal, calificando el incremento de excesivo y exigiendo que, antes de pedir un mayor esfuerzo a los ciudadanos, se garantice una recogida selectiva eficiente y un mantenimiento digno de los contenedores. Los nacionalistas consideran que el gobierno de Jácome ha optado por la vía más fácil para equilibrar las cuentas sin abordar los problemas estructurales de limpieza que arrastra la ciudad. Mientras tanto, el Partido Popular justifica su abstención por la obligatoriedad de la ley estatal, aunque reclama un sistema más progresivo que tenga en cuenta factores como el consumo de agua o el número de empadronados por cada vivienda.

Con la publicación oficial en los próximos días, se inicia la cuenta atrás para que los ourensanos ajusten sus presupuestos domésticos a la nueva realidad fiscal. El calendario de cobro definitivo y los detalles sobre cómo solicitar posibles ayudas se conocerán a lo largo del próximo año, pero el horizonte de 2026 ya está marcado por el aumento de la presión impositiva.