Pokemon: Archivo de la causa contra el exalcalde socialista, edil del BNG y jefe de la Policía Local de Ourense

El Tribunal de Instancia de Ourense ha decretado el archivo de la pieza judicial de la operación Pokémon en la que se investigaba al exalcalde socialista Francisco Rodríguez, al edil del BNG Fernando Varela y al exjefe de la Policía Local Abelardo Ulloa. Según el auto dictado este 5 de enero por el magistrado de la plaza 1 de la Sección de Instrucción, no existen indicios de que los acusados recibieran dinero a cambio de favores a la empresa Vendex, centro de las sospechas en este caso.

El juez descarta indicios de sobornos

La resolución judicial señala que no se ha practicado prueba alguna que acredite la realidad de los supuestos pagos, más allá de dos declaraciones de coimputados. Sin embargo, el juez advierte que estos testimonios “no son suficientes para sustentar una acusación”, al carecer de indicios objetivos que los respalden. Los tres investigados rechazaron en sede judicial haber recibido cualquier cantidad económica relacionada con su labor pública.

Asimismo, el magistrado descarta que los desplazamientos a Ourense de algunos de los coinvestigados puedan interpretarse como entregas de dinero. “El hecho de que alguno viajase a Ourense en un momento determinado —razona el auto— no permite concluir que el viaje tuviera como fin entregar sumas de dinero a ningún responsable municipal”.

La investigación también revisó documentación interna de la mercantil Vendex. No obstante, el juez subraya que no hay constancia de que esos documentos se correspondan con pagos reales o de que provocaran favores hacia la empresa por parte de autoridades municipales. El archivo de la causa no es firme: puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Ourense.

Una macrocausa con ramificaciones en toda Galicia

La operación Pokémon fue una de las mayores macrocausas de corrupción abiertas en Galicia. Se inició en 2012 bajo la dirección de la magistrada Pilar de Lara, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. La jueza investigó durante años presuntas tramas de sobornos y contratos irregulares entre administraciones locales gallegas y el grupo empresarial Vendex, dedicado a la limpieza y a la gestión de servicios públicos.

La causa se extendió por diversas provincias gallegas y afectó a decenas de cargos políticos de distintos partidos, incluidos representantes municipales y altos funcionarios. Con el paso del tiempo, muchas de las piezas abiertas fueron archivándose por falta de pruebas, dilaciones o prescripción de delitos. De Lara fue finalmente apartada de la instrucción por el Consejo General del Poder Judicial, que apreció en su actuación retrasos injustificados.

De las casi cien imputaciones iniciales —políticos, empresarios de Vendex y funcionarios—, la inmensa mayoría derivó en archivos por ausencia de indicios objetivos más allá de declaraciones no corroboradas. Casos en Ourense, como el de Rodríguez, Varela y Ulloa, ejemplifican cómo los tribunales descartaron sobornos a Vendex por falta de pruebas documentales o entregas reales.

En 2024, la pieza principal puso punto final a la macrocausa, con empresas como Cechalva condenadas solo a multas simbólicas y exclusión breve de contratos públicos. Este cierre confirma que, pese al revuelo inicial, Pokémon no destapó una red generalizada, sino amaños puntuales en adjudicaciones locales.
 

Solo una condena firme en la trama

Tras más de una década de investigación, solo un político ha sido condenado en firme dentro del entramado de la operación Pokémon: Francisco Fernández Liñares, exconcejal socialista de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Liñares aceptó en su momento una condena por cohecho y blanqueo, dentro de un acuerdo con la Fiscalía.

El archivo de la pieza de Ourense se suma así a otros sobreseimientos que han ido desmontando progresivamente el impacto judicial de una causa que en su inicio parecía alumbrar una red generalizada de corrupción en Galicia. El auto de ahora alivia al PSOE y al BNG en la provincia ourensana, mientras que el PP, que también tuvo cargos investigados en otras piezas, evita pronunciarse sobre el desenlace.

Los implicados en esta parte del caso habían sostenido desde el principio su inocencia. Con esta decisión, el Tribunal de Instancia pone punto final —al menos de momento— a una etapa judicial que marcó la política gallega durante años, aunque el capítulo aún podría reabrirse si la Fiscalía o las partes interponen recurso.