Vandalizan las sedes de la universidad privada de Abanca en vísperas de la huelga contra la privatización

La semana empieza en Galicia con unas imágenes que sin duda desatarán  polémica. Tres sedes de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) aparecieron vandalizadas.

En Santiago, pegaron carteles sin firma con el lema "Universidade pública Dereito, a privada, privilexio". En la ronda de Nelle, en A Coruña, amaneció este lunes con manchas de pintura blanca sobre la cristalera principal y en el tramo de acera adyacente.  En la sede compostelana, situada en el casco histórico, no hay restos de pintura. 

Por el contrario, en uno de los laterales del edificio coruñés, una pintada en rojo dejaba un mensaje inequívoco: «15-A. O ensino non é negocio», según La voz.

Desde la entidad bancaria confirmaron que tienen intención de presentar denuncia ante las autoridades por los daños sufridos en los tres campus. A pesar de los desperfectos, los centros mantienen su actividad normal. Por el momento, ninguna organización ha reivindicado expresamente los actos.

La fecha inscrita en la pintada está relacionado con la huelga convocada para el próximo miércoles 15 de abril por el colectivo nacionalista Erguer, Estudantes da Galiza.

UNA HUELGA CON VARIOS OBJETIVOS

La movilización del 15 de abril abarca la totalidad de los niveles educativos y tiene previstas concentraciones en las siete ciudades gallegas: Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Lugo y Ourense. Erguer viene impulsando desde el inicio de curso una campaña bajo el lema Prívannos dun futuro, con la que ha recorrido institutos, centros de Formación Profesional y campus universitarios. 

Argumentan que la supuesta ofensiva privatizadora de la Xunta se había vuelto especialmente agresiva y afectaba de forma diferencial al alumnado de las clases populares y a los colectivos con necesidades específicas de aprendizaje.

Las demandas del movimiento estudiantil incluyen la aprobación de una Ley Gallega de Educación consensuada con la comunidad educativa, la paralización de la expansión universitaria privada, la bajada de las ratios en las aulas, la ampliación de residencias públicas y la supresión de las tasas universitarias. El cierre del Colegio Mayor San Clemente en la USC —con la consiguiente pérdida de plazas residenciales públicas en Santiago— y el encarecimiento del alquiler son señalados como factores adicionales que dificultan el acceso a los estudios superiores.

La Consellería de Educación, dirigida por Román Rodríguez, no se ha pronunciado sobre la convocatoria de huelga del 15 de abril. 

Duplicidades entre las facultades públicas y privadas

La UIE se convirtió en 2022 en la primera universidad privada de Galicia tras recibir autorización de la Xunta. Su irrupción en el sistema universitario gallego —que durante décadas se caracterizó por ser exclusivamente público— desató una polémica que no ha amainado. Las críticas se intensificaron en diciembre de 2024, cuando el Gobierno gallego dio luz verde a la institución para impartir el grado en Derecho, una titulación ya ofertada por las tres universidades públicas. El BNG, los sindicatos CIG y CSIF, y los propios claustros públicos denunciaron que la decisión podría vulnerar la normativa que prohíbe duplicidades en la oferta académica.

Las tres universidades públicas gallegas —USC, UDC y UVigo— llevan años alertando de que su financiación no alcanza el 1% del PIB que exige la Ley de Universidades. Para el periodo actual, la Xunta destina cerca de 2.542 millones de euros a las tres instituciones, una cantidad que la oposición y los sindicatos consideran insuficiente y reclaman elevar al 1,5% del PIB. El sindicato CIG-Ensino denuncia además que la plantilla docente en la enseñanza no universitaria lleva cuatro años congelada en 30.424 profesores, con un 33% de las plazas desiertas en las últimas oposiciones.

A la UIE se suma el proyecto de CESUGA de inaugurar el curso 2026-27 con la denominada Universidad Emilia Pardo Bazán en A Coruña, que sería la segunda universidad privada de Galicia. El proyecto está estancado, pues recibió un informe desfavorable del Ministerio de Ciencia hace más de un año. La Xunta, a quien corresponde la decisión final, no ha tomado postura definitiva. El rector de la UDC, Ricardo Cao, se manifestó contrario a autorizar centros privados que cuenten con informes negativos, mientras el BNG pidió formalmente al Gobierno gallego que bloquee la iniciativa.