Carmela López, alcaldesa de Burela, presidirá de la Deputación de Lugo salvo que Tomé se revele

A pesar de su suspensión y de la gravedad de las acusaciones en su contra, José Tomé sigue teniendo la llave de la Diputación de Lugo. Su voto puede garantizar la continuidad de un gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas, un acuerdo que se prolonga desde 2019 y que permitió a Tomé mantenerse al frente de la institución durante casi cinco años.

Si se abstiene o vota en contra, la presidencia podría caer en manos del PP, que fue el partido más votado en las últimas elecciones municipales de 2023 y que reclama un “cambio de rumbo” frente a lo que denomina “el pacto de la vergüenza”.

En la Diputación de Lugo hay 25 diputados provinciales en total. Según la composición salida de las municipales de 2023, el PP cuenta con 12 diputados, el PSOE con 9, el BNG con 3 y hay 1 diputado no adscrito (José Tomé, elegido en su día en la lista socialista).

La crisis ha evidenciado las grietas internas del socialismo lucense, cuyo último Congreso Provincial ganó tomé por los pelos pese al apoyo de la dirección gallega.

Ferraz tuvo que intervenir directamente para cerrar filas en torno a Carmela López, tras semanas de desencuentros en la ejecutiva provincial entre críticos y oficialistas que ha resultado en un vacío de poder que puso en riesgo el pacto con el BNG. La nueva candidata, considerada cercana a la dirección gallega del PSOE, representa un intento de pasar página de la crisis, aunque las heridas políticas en el partido aún están lejos de cerrarse.

Los contactos entre ambas formaciones se intensificaron durante el fin de semana y este lunes trataban de cerrar los últimos flecos del acuerdo que mantendría el actual reparto de áreas de gestión.

El BNG, por su parte, ha defendido la estabilidad institucional y ha acusado al PP de practicar “carroñerismo político”. El responsable nacionalista Efrén Castro respondió duramente a las críticas del grupo popular, que acusa al BNG de “ser cómplice de un acosador y de una encubridora”.

Desde el grupo popular, Antonio Ameijide ha intensificado su campaña para romper la mayoría progresista, denunciando que el reparto de fondos provinciales responde a “criterios políticos y personales”, y no a las necesidades reales de los municipios. Según sus datos, de los casi 16 millones de euros repartidos el año pasado en convenios, solo 40.000 fueron destinados a un ayuntamiento gobernado por el PP, lo que considera un ejemplo de “sectarismo” institucional.

 Castro insistió en que los convenios aprobados en diciembre “forman parte de la gestión normal” y no de un supuesto pacto oculto, como sostiene el PP.

Por su parte, los diputados del Grupo Provincial Popular han aprovechado este lunes, a dos días de la celebración del pleno, para reivindicar un cambio de aires en el Gobierno provincial, "un nuevo tiempo, aire fresco y dejar fuera conductas reprobables". Para ello, han confirmado que presentarán candidatura, encabezada por el mismo Antonio Ameijide, contra la de la socialista Carmela López, que tendrá que contar con los votos socialistas, con el de Tomé y con los del BNG para reeditar la mayoría.
 

 El Partido Popular de Lugo ha presentado la candidatura de Ameijide con un discurso centrado en la necesidad de “renovar la Diputación”, subrayando que la provincia “no puede seguir gobernada desde los pasillos ni desde cafeterías”. Desde su punto de vista, el pacto entre PSOE y BNG “mantiene un gobierno condicionado por conflictos internos y decisiones opacas”.

 
Ameijide ha hecho un balance de la crisis registrada desde primeros de diciembre, asegurando que el PSOE pasó de no saber nada a llamar a Tomé acosador, "ofreciendo hasta cuatro versiones diferentes de lo que había pasado". Ha insistido en que Pilar García Porto lo sabía, "pero no hizo nada hasta que se hizo público" y ha culpado a los socialistas de que le permitan continuar al frente del Ayuntamiento de Monforte.

Ameijide ha sido muy crítico con los convenios firmados con los distintos ayuntamientos recordando que se destinaron 15.892.432,45 euros a un total de 94, de los cuales solo 40.000 euros correspondieron a un ayuntamiento gobernado por el PP y el resto eran todos para el PSOE, BNG e Independientes. Ha calificado esto como de "compra de voluntades" y de "sectarismo".

El portavoz popular ha criticado que el reparto de los fondos provinciales no responde ni a las necesidades reales ni a criterios de población, sino a la afinidad política y personal de los gobiernos locales. En este sentido, ha acusado a PSOE y BNG de utilizar la Diputación como "chequera" para mantener alcaldías y alimentar luchas internas, sin que ello se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía ni para el conjunto de la provincia.