El PP gallego pregunta al Gobierno por los 20 millones para hacer frente a los daños causados por el lobo

El debate sobre la gestión del lobo ibérico vuelve a encender el conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas con mayor presencia del depredador. Los diputados del Partido Popular de Galicia en el Congreso han registrado una batería de preguntas parlamentarias al Ejecutivo para que aclare a qué programas presupuestarios se destinaron los 20 millones de euros eliminados del presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que estaban reservados para compensar los daños causados por el lobo al ganado.

El PPdeG subraya que esta situación tiene una incidencia especial en Galicia, comunidad a la que el Gobierno central adeuda, según los populares, 12 millones de euros correspondientes a los ejercicios presupuestarios de 2022, 2023 y 2025. Una deuda acumulada que golpea directamente a un sector ganadero que ya sufre en primera línea los efectos de una especie cuya gestión lleva años generando un agudo conflicto político y territorial.

Hay contexto que explica el trasfondo de esta reclamación. Según documentos remitidos por el propio Ministerio de Hacienda a la Oficina Presupuestaria del Congreso, los fondos fueron redirigidos al programa de ayudas al vehículo eléctrico. Una decisión que las comunidades autónomas y las organizaciones ganaderas califican de represalia política, y que el Gobierno no ha desmentido públicamente.

Dos partidas suprimidas en diciembre

Para entender el alcance de la reclamación es necesario remontarse a julio de 2022, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó la Estrategia para la conservación y gestión del lobo y su convivencia con las actividades del medio rural. Ese marco contemplaba dos líneas de financiación dirigidas a las regiones con presencia de la especie: 9,5 millones anuales para indemnizar al sector ganadero por los animales perdidos en ataques, y 10,5 millones adicionales para sufragar medidas preventivas como cercados, mastines o pastores eléctricos.

Sin embargo, el propio Gobierno reconoció en respuesta parlamentaria que en 2025 no se ejecutó el reparto de esos fondos y que ambas partidas fueron suprimidas del presupuesto del Miteco en diciembre, por un total de 20 millones de euros. En los expedientes de modificación presupuestaria figuran, con signo negativo, las partidas correspondientes tanto a la compensación de daños del lobo ibérico a la ganadería extensiva como a las medidas preventivas para su gestión.

El PPdeG pregunta ahora al Ejecutivo si considera que esa supresión, tanto en 2025 como en ejercicios anteriores, es coherente con la realidad que afrontan los ganaderos y ganaderas de las zonas con mayor concentración de manadas. El Ministerio que dirige Sara Aagesen no se ha pronunciado sobre las preguntas parlamentarias registradas por los diputados gallegos del PP.

Nueve reses atacadas al día en Galicia

El impacto sobre el terreno en Galicia es contundente. Los ataques en la comunidad han aumentado un 72% desde 2021, con una media de nueve reses atacadas al día. La Xunta advierte de que las cabezas de ganado afectadas se han incrementado en un 57% desde que el lobo fue incluido en el listado de especies protegidas, pese a que la población del depredador se mantiene relativamente estable, con 93 manadas en Galicia.

Ante la ausencia de transferencias estatales, la administración gallega ha tenido que asumir el coste con recursos propios. En 2025, los presupuestos autonómicos destinaron más de 900.000 euros para paliar los daños causados por el lobo, un 49% más que el año anterior, con tres líneas de ayuda que sumaron más de dos millones de euros. Para el periodo comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la Xunta convocó cerca de 600.000 euros adicionales para compensar al sector agroganadero afectado.

Los diputados gallegos también han pedido al Gobierno información sobre el número total de ataques registrados en cada comunidad autónoma en los últimos cinco años, para disponer de un mapa actualizado del daño real que soporta el sector. Asimismo, preguntan qué recursos concretos se destinaron en 2025 y 2026 a compensar a los ganaderos gallegos.

Un conflicto político sin solución a la vista

El debate sobre el lobo atraviesa todas las administraciones y partidos sin encontrar una salida consensuada. Mientras los grupos de izquierda —PSOE, Sumar, ERC, BNG— fueron favorables a mantener al lobo en el listado de protección especial, los grupos de derecha —PP, Vox, UPN, PNV y Junts— votaron en contra. En marzo de 2025, el Congreso aprobó enmiendas impulsadas por el PP que rebajaron el nivel de protección del lobo al norte del Duero.

En el ámbito europeo, el escenario también ha cambiado. El Convenio de Berna rebajó en diciembre de 2024 la protección del lobo, y el Parlamento Europeo respaldó la modificación de la Directiva Hábitats en mayo de 2025, lo que en teoría debería ofrecer mayor flexibilidad a España, aunque el Gobierno no ha remitido el preceptivo informe sexenal a Bruselas.

Organizaciones ecologistas como WWF han advertido de que la solución no pasa por retirar fondos, sino por mejorar su gestión. El análisis de WWF señala que, pese a que el fondo de 20 millones del Miteco supuso un impulso, persisten problemas como retrasos de hasta seis meses en los pagos, complejidad burocrática y falta de cobertura de costes como el lucro cesante o los gastos veterinarios. El Gobierno central no ha hecho pública ninguna respuesta oficial a las preguntas parlamentarias del PPdeG en el momento de publicarse esta información.