Rueda quita hierro a que Contas hallase irregularidades en estas docenas de contratos de la Xunta

Alfonso Rueda ha tildado hoy de mera "opinión" el informe de fiscalización del Consello de Contas, publicado ayer, que da un tirón de orejas a numerosos entes que dependen de la Xunta por la irregular forma en la que tienen de adjudicar contratos. 

"Veremos lo que dice el informe, haremos las alegaciones correspondientes, como tantas veces. Y si luego hay algo qeu corregir, no hay ningún problema", ha argumentado hoy el presidente del Gobierno de Galicia. 

IRREGULARIDADES EN CENTENARES DE CONTRATOS

¿Qué es lo que ha detectado el ente encargado de fiscalizar las cuentas públicas de las administraciones gallegas?

Entre otras cosas, 11 casos en los que "se superó claramente" el límite cuantitativo para los contratos menores. Esta es una fórmula legal que permite a las administraciones adjudicar sin sacar a concurso público, solicitando una o unas pocas ofertas. Es por ello que popularmente se les conoce como 'contratos a dedo'.

Los 11 casos en los que Contas encontró que se superó la barrera que permite tirar de 'contrato a dedo' de manera significativa son los siguientes:

Otras de las irregularidades más comunes detectadas por los fiscales públicos es el abuso de los llamados contratos-puente. Este es un truco de las administraciones y empresarios para continuar con el mismo contratista una vez que se le extingue la concesión hasta que se tramita y se saca el nuevo contrato.  En palabras del Consello, "la utilización irregular de contratos menores como contratos-puente para garantizar la continuidad de un servicio mientras no se resolvía la licitación a través de otros procedimiento".

Esta triquiñuela puede hacer un daño notable a las arcas públicas al limitar la competencia.  aContas detectó que la utilizaron el 23% de los 'chiringuitos' de la Xunta analizados. Los contratos-puente sumaron en total unos 211.000 euros. 

Entre los entes que usaron el truco del contrato-puente están la CRTVG, favoreciendo a Eulen, Retegal, favoreciendo a HP y e o Consorcio de Iguadade de Benestar, favoreciendo a Coesco Deza:

ENTES CON IRREGULARIDADES

El Instituto Galego da Vivenda e Solo, Instituto Galego da Vivenda e Solo, Instituto de Estudos do Territorio, Axencia de Turismo de Galicia, Axencia Galega de Emerxencias, Axencia Galega de Infraestruturas, Axencia Galega de Innovación, Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable, Consorcio Casco Vello de Vigo, Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Augas de Galicia, Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia, Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A., Redes Telecomunicación Galegas, S.A., Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A., Corporación Radio Televisión de Galicia, S.A., Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A., Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo están entre los entes que cometieron irregularidades, aunque no todos vulneraron la misma cantidad de preceptos. 

Así, en el cuadro de banderas rojas, se aprecia que prácticamente todos -salvo la CRTVG- se saltaron alguna vez la obligación de justificar por escrito porqué hay que recurrir a un contrato menor -que es un procedimiento legal, pero excepcional-.:

Otra de las vulneraciones más comunes es utilizar un contrato menor -que permite mucha más discreción a la hora de adjudicarlo- de manera reiterada en vez de juntar varios años en un único contrato de mayor cuantía, sacándolo a concurso público. 

El 46% de entes hubo un uso de contratos menores para contratar prestaciones que responden a necesidades recurrenteS. En total, fueron 62 contratos por valor de 850.000 euros.  

En varios casos, esos contratos menores se extendieron desde 2018 hasta 2022. Una irregularidad que fue expecialmente frecuente en entidades como la CRTVG o el Consorcio de Igualdade e Servizos Sociais:

¿Rueda tiene razón en argumentar que estos defectos son meramente una opinión?  

Es cierto que el Consello de Contas no tiene capaz de castigar a ningún cargo público o funcionario por muy grande que sea la irregularidad detectada. Ahora bien, sí tiene la obligación de remitir a la Fiscalía si aprecia indicios de delito para que, en su caso, se habra un procedimiento penal en la Justicia. No es el caso, Contas no ha remitido nada a la Justicia y, en ese sentido, Rueda tiene razón al quitarle hierro al informe.

Ahora bien, en teoría, lo que revela el Consello de Contas es más que una opinión. Al fin y al cabo, es un examen de la Administración a si misma. Un examen, además, donde aquellos entes en los que se han descubierto irregularidades han tenido la oportunidad de presentar alegaciones. En ese sentido, Rueda no tiene razón al tildar el informe de mera opinión, es mucho más, una evaluación interna de la limpieza de los sistemas de contratación. La nota sacada en esa evaluación , por lo visto, deja que mucho que desear en algunos entes dependientes de la Xunta.

En todo caso, los expedientes analizados, que son una simple muestra, pequeñísima, del total de contratos menores de 2018. Es decir, las irregularidades se han producido hace cinco años o más.

Por lo tanto, perseguirr esas irregularidades por la vía judicial a estas alturas es muy complicado. Este es uno de los grandes defectos de los informes de fiscalización de Contas, fiscalizan expedientes viejos.

Otra cosa es que los gestores de los entes señalados por los fiscales públicas hagan caso de estos tirones de orejas y no sigan abusando de los contratos menores para adjudicar a determinadas empresas, en detrimento de otras.