Ola de violencia en la sanidad gallega: nueva agresión en el PAC de Boiro

Un individuo llegó al centro sanitario alegando un malestar físico y, tras la llegada de su esposa y su suegra, la situación se tornó aún más tensa. Tras una acalorada discusión, el hombre intentó forzar la entrada al PAC y, al ser bloqueado por el cierre de puertas, arremetió con una silla contra los cristales del centro, lo que obligó al personal a solicitar la presencia de la Policía. Finalmente, el agresor fue detenido tras una breve persecución.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios se critica la “pasividad” de la gerencia, que únicamente reforzó el servicio con un celador adicional y trasladó palabras de ánimo al personal, una reacción que el sindicato considera claramente insuficiente.

Alerta sindical por el repunte de agresiones

CSIF advierte de un “alarmante incremento” de episodios violentos contra sanitarios en Galicia en los últimos meses, en un contexto nacional donde el año 2024 cerró con 16.558 agresiones a profesionales de la salud, la cifra más alta desde que existen registros oficiales. El sindicato recalca que este tipo de sucesos no son hechos aislados y reclama a la Consellería de Sanidade la puesta en marcha de medidas urgentes y tangibles para garantizar la integridad física y emocional del personal sanitario.

Entre las demandas de CSIF se encuentran el refuerzo estable de vigilantes de seguridad en centros de salud y PAC, la revisión inmediata de los protocolos de actuación frente a la violencia, la implantación de programas formativos en técnicas de desescalada y campañas de sensibilización para la ciudadanía.

La respuesta de la Xunta: endurecimiento legal y nuevas medidas

Ante el incremento de agresiones, la Xunta de Galicia ha iniciado una reforma de la Lei de Saúde para blindar por ley la protección de los sanitarios frente a la violencia física y verbal. Entre las principales novedades, el Gobierno gallego podrá sancionar administrativamente a los agresores, incluso si los hechos no constituyen delito, con multas que oscilan entre los 300 y los 15.000 euros. Además, las gerencias sanitarias comunicarán de oficio a la Fiscalía cualquier agresión, aunque la víctima no presente denuncia, y la Xunta ofrecerá asistencia jurídica y psicológica automática a los profesionales afectados.

La nueva normativa contempla también la creación de un registro único de actos violentos en el ámbito sanitario, la ampliación de los botones de alerta en los centros y la puesta en marcha de un plan autonómico de prevención que evalúe los riesgos en cada centro de salud. Estas medidas buscan frenar una tendencia preocupante y garantizar un entorno seguro para quienes cuidan de la salud de la población gallega