Áreas sanitarias, los reinos de taifas creados por la Xunta de Feijóo

El temor a cambios muy profundos en la sanidad pública gallega era más que evidente cuando Feijóo ganó las elecciones de 2009. Una profunda remodelación tanto en el modelo de atención (concertación con centros privados, gestión privada de centros públicos) como de contratación (jubilaciones que no se iban a cubrir) crearon una atmósfera muy beligerante entre profesionales y autoridades sanitarias autonómicas. La Xunta de Galicia defendió la creación del actual mapa sanitario con varios argumentos siendo el principal lograr una mayor eficiencia en la gestión y planificación de los recursos sanitarios. Se argumentaba que el modelo anterior, basado en la división provincial y “con una fragmentación excesiva de centros”, dificultaba la coordinación y generaba duplicidades.
 

El diseño final reajustó a catorce el número de áreas sanitarias, que hasta ese momento eran siete, con sus correspondientes distritos sanitarios. El argumentario de la Xunta del PP recogía, por una parte, la necesidad de integrar los niveles asistenciales para “superar la dicotomía entre atención primaria y hospitalaria”. El cimiento de esta idea era “fomentar una visión integral del paciente y una mayor continuidad asistencial”. 
 

El documento añadía también una mayor autonomía a las áreas sanitarias para adaptar las decisiones a las necesidades específicas de su población, “agilizando los procesos administrativos y asistenciales”. A esto sumaban el querer evitar la dispersión de recursos y permitir una mejor planificación de las inversiones y la distribución del personal sanitario.
 

Se buscaba garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tuvieran acceso a una cartera de servicios similar, compensando las desigualdades territoriales. Precisamente, uno de los puntos más criticados debido a la falta de cobertura de plazas en lugares sobre todo del ámbito rural. 

Esta política sanitaria también se debe enmarcar en el contexto de crisis económica que se vivía ya en 2009. Inspirados en políticas ligadas al recorte en el gasto público, el primer gobierno Feijóo y siguientes apelaron a la racionalización de dicho gasto público, argumentando que la optimización de recursos permitiría un uso más eficiente del presupuesto sanitario.

POSTURAS EN CONTRA 
Entre las primeras consecuencias que se dejaron sentir nada más se aplicaba esta reforma fue la pérdida de la atención especializada y de proximidad en algunos distritos, especialmente en áreas rurales o con menor densidad de población, al concentrar servicios en los hospitales de referencia de cada área.

Los y las profesionales opuestas a los cambios denunciaban una centralización de medios y recursos disfrazada como descentralización. Por ello, algunos colectivos profesionales y sociales temían que la creación de grandes áreas sanitarias llevara a una centralización de facto sobre decisiones sanitarias negando capacidad de influencia a los centros de menor tamaño.

Ante la pérdida de influencia en la toma de decisiones, se extendió la preocupación ante el posible traslado de profesionales y servicios de un centro a otro, lo que podría afectar a la calidad y accesibilidad de algunos servicios en determinadas zonas.

Por su parte, tanto sindicatos como asociaciones profesionales manifestaron su temor ante posibles recortes y cambios en las condiciones laborales de los facultativos, todo ello debido a la reorganización de plantillas y la movilidad geográfica. Finalmente, el personal sanitario ve un comportamiento unilateral desde el gobierno gallego en la toma de decisiones desde el gobierno autonómico. Denunciaban y denuncia que la Xunta no había consultado a los profesionales y sindicatos sobre el diseño y la implementación de la reforma.

EL GRAN PULSO 
La reforma y las posturas encontradas han hecho aflorar una serie de cuestiones que están dificultando el funcionamiento fluido de la sanidad pública gallega. Esto trae reacciones por parte de buena parte de los profesionales sanitarios con las consecuentes fricciones Consellería-personal sanitario.

El vértice de toda la problemática está en las listas de espera, sobre todo en determinadas especialidades y procedimientos, listas de espera que han persistido o incluso aumentado en ciertos momentos, generando malestar entre la ciudadanía y los profesionales. No han sido pocos los casos de espera en cirugías muy necesarias o tratamientos muy específicos que han acabado en reclamaciones, demandas o juicios. A esto se añade también que la centralización en hospitales de referencia ha obligado a numerosos pacientes a realizar largos desplazamientos para realizar pruebas o consultas. Esto último ha impactado en la accesibilidad de buena parte de los pacientes. 

La reestructuración también ha supuesto una mayor presión sobre la Atención Primaria, al asumir un papel más central en la gestión de los pacientes antes de su derivación a los servicios hospitalarios. Una consecuencia de este punto ha sido la persistencia de problemas en la comunicación y coordinación efectiva entre los diferentes profesionales y centros dentro de la misma área sanitaria.
 

Al final, algunos médicos y personal sanitario han manifestado desmotivación debido a lo que sienten como una mayor burocratización, falta de recursos o la incertidumbre sobre su futuro laboral tras las sucesivas reorganizaciones.

La Xunta, dentro de una política considerada por muchos profesionales como “dejar ir cayendo todo poco a poco”, ha valorizado sus programas específicos invirtiendo “recursos adicionales”. El departamento de Gómez Caamaño ha puesto como ejemplo de esto último la agilización de citas y cirugías. Y si la Atención Primaria se estaba llevando la palma en cuanto a problemas por la reestructuración, Sanidade ha anunciado planes para aumentar el número de profesionales en esta área incluyendo “mejoras en la dotación tecnológica”.

Cierto que se han realizado ampliaciones de hospitales y centros de salud “para adaptar las infraestructuras a las nuevas necesidades del mapa sanitario”. Aún así, la posición de las autoridades autonómicas parece “etérea” en tanto en cuanto sigue habiendo respuestas por parte del colectivo sanitario gallego a la polítia sanitaria. De todas formas, el viernes día 11 de julio se anunciaba un concurso-oposición para 2.000 plazas en enfermería.
 

TENSA CAUTELA

La mayoría de los sindicatos sigue insistiendo en la necesidad de una mayor inversión en el sistema sanitario público, tanto en personal como en infraestructuras y tecnología, para garantizar una atención de calidad. Reivindican una mayor inversión para Atención Primaria, considerándola la puerta de entrada al sistema y un elemento fundamental “para la sostenibilidad y la eficiencia”.

Por último, la precariedad laboral, la temporalidad y la fuga de profesionales son otros tres de los grandes puntos en las reivindicaciones de los sindicatos, que ven en la mejora de las condiciones un factor clave para atraer y retener talento. Esto último debe implicar mejoras salariales y laborales ante las mejores ofertas que muchos y muchas sanitarias encuentran fuera de Galicia y España.

 

La creación de las áreas y distritos sanitarios en Galicia fue una reforma ambiciosa con el objetivo teórico de modernizar y optimizar la sanidad gallega. Si bien la Xunta defiende sus beneficios en términos de eficiencia y equidad, los colectivos médicos han señalado problemas importantes en su implementación. A esto se suma la persistencia de desafíos como las listas de espera y la presión asistencial que indican que el debate sobre la mejor configuración del sistema sanitario público gallego sigue abierto.