Madrid no hace ni el 1% de los abortos en la pública, Galicia el 77% y prescindirá de la sanidad privada

La Consellería de Sanidade, bajo la dirección de Antonio Gómez Caamaño, ha confirmado la cancelación definitiva del plan para licitar un contrato de externalización de estas intervenciones, según adelanta hoy Faro. Este cambio de rumbo se produce después de que en los últimos años se haya llevado a cabo un notable esfuerzo para integrar plenamente esta prestación en la red del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Las cifras más recientes, correspondientes al año 2025, indican que el 97% de las interrupciones del embarazo en Galicia ya se están llevando a cabo en hospitales y centros públicos.

Este movimiento supone un cambio significativo respecto a la política mantenida hasta hace poco. La decisión de internalizar el servicio se fundamenta, según fuentes de la administración gallega, en que el Sergas ha desarrollado la capacidad necesaria para asumir la totalidad de la demanda.  Un argumento que desliga el cambio del debate político que arrecia sobre el embarazo.

El presidente del gobierno del PSOE anunció la semana pasada su intención de intentar que el aborto se incorpore como derecho a la Constitución Española. Los socialistas buscan así abrir una grieta en la derecha y, en particular, en el PP, conscientes de que dentro de los conservadores hay posturas enfrentadas.

División que se hizo evidente cuando la semana pasada Isabel Díaz Ayuso animó en el parlamento madrileño a "abortar fuera de Madrid". Unas palabras que no fueron respaldadas por el presidente del partido, Alberto Nuñez Feijóo, quien sí prometió cambiar el sistema por el cual los médicos que no quieren hacer abortos -la ley permite la objección de conciencia- deben inscribirse en un registro que los gestores hospitalarios pueden consulgar para poder organizar estas operaciones. Feijóo propuso que el registro fuese de galenos que sí están dispuestos a realizar abortos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, evitó ayer mojarse en esta polémica, aunque recordó que la Xunta cumple con la ley. Con todo, la decisión de potenciar la capacidad del SERGAS para realizar abortos sin recurrir a la privada sitúa al PP de Galicia en el bando de los conservadores que defiende el derecho al aborto, frente al bando que, como Ayuso, lo acepta a regañadientes y lo tilda de "fracaso" en casi cualquiera circunstancia. 

Un giro en la política sanitaria

El camino hasta llegar a este punto ha sido complejo. En agosto de 2023, la administración gallega impulsó una licitación con un presupuesto de 1,3 millones de euros para derivar a la sanidad privada unos 800 abortos anuales durante un trienio. En aquel momento, la Xunta justificó la necesidad de recurrir a conciertos externos por una supuesta "imposibilidad" de atender la demanda con los recursos existentes, aludiendo a la "falta de medios materiales y humanos" y al derecho a la objeción de conciencia por parte de su personal sanitario

 Esta licitación buscaba regularizar una práctica que ya se venía realizando mediante "autorizaciones de uso", una figura contractual excepcional que había sido objeto de críticas por parte del Consello de Contas.

Sin embargo, aquel concurso quedó desierto. Las condiciones económicas, que ofrecían hasta 570 euros por cada aborto quirúrgico, no lograron atraer el interés de ninguna empresa del sector, que consideraron la oferta poco atractiva. 

Ante este contratiempo, el gobierno gallego anunció su intención de revisar los pliegos y volver a lanzar la licitación. No obstante, por algún motivo, que puede ser político, de repente la necesidad que tenía la Xunta   de externalizar los abortos desapareció. "No está previsto reactivarlo de nuevo", han sentenciado desde la Consellería de Sanidade, dando por cerrada la puerta a la colaboración con la sanidad privada para esta prestación. Esta repentina expansión de la capacidad del SERGAS para realizar abortos llega, hay que recordarlo, en un momento complicado para la sanidad pública, cuyos recursos llevan lustros tensionados casi al límite. 

Los datos oficiales más recientes del Ministerio de Sanidad, correspondientes al año 2024, ya reflejaban esta tendencia. Ese año, el 77,02% de las interrupciones voluntarias del embarazo en la comunidad se realizaron en centros de la red pública. Este porcentaje convertía a Galicia en la segunda autonomía con mayor tasa de abortos en el sistema público, solo por detrás de Cantabria (88,49%) y muy por encima de la media nacional, que se sitúa en un 21,25%. La consolidación del servicio en el Sergas representa, por tanto, la culminación de un proceso de fortalecimiento de la sanidad pública gallega en materia de salud sexual y reproductiva.

Dos Españas ante el derecho al aborto

La situación en Galicia dibuja un mapa de profundos contrastes si se compara con otras regiones del Estado. La brecha territorial en el acceso a la interrupción del embarazo en la red pública es una de las realidades más evidentes que arrojan las estadísticas. En el extremo opuesto a Galicia se encuentran comunidades como Andalucía, donde solo el 0,03% de los abortos se practican en centros públicos, Castilla-La Mancha (0,05%), la Región de Murcia (0,93%) o la Comunidad de Madrid, con un simbólico 0,47%. En estos territorios, el derecho depende casi en su totalidad de la existencia de clínicas privadas concertadas, lo que para muchas asociaciones feministas y de defensa de la sanidad pública supone una barrera en el acceso.

Este escenario se desarrolla en un contexto de tensiones políticas. El Gobierno central ha instado en repetidas ocasiones a las comunidades autónomas, especialmente a las gobernadas por el Partido Popular, a que redoblen sus esfuerzos para garantizar la realización de las IVEs en la red pública. Uno de los puntos de fricción ha sido la creación de un registro de objetores de conciencia, una herramienta prevista en la ley para poder organizar los servicios de manera eficiente. La resistencia de algunas autonomías a implementar este registro ha sido interpretada como una falta de voluntad política para asumir la prestación como una parte más de la cartera de servicios sanitarios.

La decisión de la Xunta adquiere una relevancia especial al producirse en una administración del Partido Popular, mostrando una vía de gestión diferente a la de sus homólogos en otras comunidades. Mientras el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid se ha resistido a aplicar medidas para reforzar la prestación pública, el ejecutivo gallego ha optado por una política sanitaria que, en la práctica, se alinea con los objetivos de la ley nacional de garantizar un acceso público, universal y cercano.  

Galicia ha experimentado un notable incremento en el número de abortos registrados, con un aumento del 18% en 2024 respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 3.650 intervenciones. Desde la Consellería de Sanidade se atribuye este aumento principalmente a una mejora en los sistemas de registro y contabilización, que ahora recogerían datos más fidedignos. Sin embargo, este crecimiento también refleja una realidad social que demanda una respuesta adecuada y garantista por parte de las instituciones sanitarias, asegurando que la decisión de cada mujer sea respetada y atendida con los mejores medios disponibles.