SATSE reclama que se apliquen ya las medidas del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco contra todo tipo de violencia

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado a las comunidades autónomas que apliquen todas las medidas contempladas en el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco para actuar contra las agresiones y la violencia de género o sexual en el ámbito sanitario, incluso antes de la aprobación de la norma, y que no haya situaciones de discriminación o desigualdad en función del territorio donde trabaje la persona afectada.

SATSE recuerda que la negociación mantenida con el Ministerio de Sanidad ha posibilitado la inclusión de un decálogo de actuaciones y medidas con el principal objetivo de proteger a enfermeras, fisioterapeutas y resto de profesionales de la sanidad pública ante la "creciente escalada" de agresiones verbales y físicas y de situaciones de violencia por razón de género o de carácter sexual.

Así, el Sindicato subraya que el proyecto normativo contempla en su artículo 24, relativo a los derechos individuales del personal estatutario, que haya un plan de prevención y actuación frente a las agresiones y actitudes violentas hacia las personas empleadas. También establece que los servicios de salud deben promover la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos relacionados con la violencia laboral y la violencia contra la mujer.

SATSE indica que son todas actuaciones de "tal necesidad e importancia" que no se puede esperar a que el proyecto normativo culmine su tramitación pendiente y se apruebe en el Congreso de los Diputados para ponerlas en práctica. Por ello, reclama a las consejerías de Sanidad que las implementen en sus respectivos servicios de salud "lo más pronto posible".

MÁS SITUACIONES VIOLENTAS
SATSE incide en que los últimos datos del Ministerio de Sanidad constatan que la violencia en el ámbito sanitario es un "grave problema" cuya incidencia es cada vez mayor. En concreto, en 2025 se denunciaron un total de 18.563 agresiones, un 8,74 por ciento más. Del total, un 30 por ciento fueron sufridas por enfermeras, un porcentaje superior al registrado en 2024, que fue un 29 por ciento.

El Sindicato recalca, además, que su implementación debe ser "conjunta y coordinada" en todas las autonomías para que no haya diferencias en función del servicio de salud en el que trabaje la víctima de una situación de violencia, sea del tipo que sea. "Cualquier persona ha de trabajar sin miedo y con la plena certeza de que su administración va a hacer todo lo posible para evitar situaciones violentas y que, si se producen, tendrá todo el apoyo y ayuda necesaria", apunta.

Asimismo, recuerda que la reforma del actual Estatuto Marco, que data de 2003, también reconoce al personal estatutario como Autoridad Pública. "Algo que, desde la reforma del Código Penal de 2015, ya es una realidad, para que las agresiones o amenazas graves contra el personal sanitario que trabaja en centros públicos se castiguen como un delito de atentado contra la autoridad. Así, las penas son más severas que las de un delito común de lesiones o amenazas", explica.

Otro avance del Estatuto, fruto del acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos del Ámbito de Negociación, es que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual que se vean obligadas a abandonar su puesto en la localidad donde venían prestando sus servicios, tendrán derecho al traslado a otra plaza de su misma categoría profesional, sin necesidad de que sea vacante, y, de esta forma, poder hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral.

La administración, además, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que expresamente se solicite. En caso necesario, las comunidades autónomas facilitarán la movilidad entre servicios de salud con el fin de asegurar el efectivo derecho a la movilidad de las víctimas de violencia de género o de violencia sexual.

EXCEDENCIAS
En lo que respecta a las excedencias, tendrán derecho a solicitarlas sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. También tendrán derecho a la reserva de la plaza de origen y durante los seis primeros meses al puesto de trabajo que desempeñasen, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social.

El proyecto normativo también estipula que los servicios de salud cuenten con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, así como un protocolo contra el acoso y la violencia por orientación sexual, expresión de género, identidad de género, características sexuales y diversidad familiar.

"No hay solución única, y mucho menos autónoma, para acabar con este grave problema. Se requiere un esfuerzo conjunto, coordinado y en todos los ámbitos y niveles si no queremos que las cifras de personas afectadas sigan en aumento año tras año", concluye SATSE.