Un tercio de las plazas médicas del INSS en Galicia llevan años vacantes mientras miles de trabajadores esperan sus incapacidades

El sistema que decide si un trabajador puede o no seguir en su puesto de trabajo tiene, en Galicia, un agujero que nadie ha tapado en años. Los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de la Seguridad Social son el único organismo con potestad para reconocer una incapacidad permanente, y en la comunidad gallega operan con un tercio de sus plazas sin cubrir.

¿Qué son los EVI y por qué importan?

Cuando un trabajador lleva meses de baja y su médico considera que la recuperación total es inviable, entra en juego el tribunal médico del INSS. Este equipo, compuesto por facultativos especializados, analiza el expediente clínico y determina si procede o no reconocer una incapacidad, y en qué grado: parcial, total, absoluta o gran invalidez. Sin su dictamen, no hay pensión. El plazo legal máximo para resolver es de 135 días hábiles, pero ese umbral depende directamente de que haya profesionales suficientes para tramitar los expedientes.

Los datos que el propio Ejecutivo central ha trasladado en respuesta parlamentaria a diputados del Partido Popular revelan que, en las cuatro provincias gallegas, solo 37 de las 55 plazas convocadas están en activo. Esto significa 18 dotaciones paralizadas. Lugo acumula el déficit más severo: de nueve plazas, únicamente dos están operativas. En A Coruña faltan cinco de veinte; Ourense trabaja con cinco médicos de los siete previstos; y Pontevedra deja cuatro plazas sin cobertura sobre un total de diecinueve.

Una caída sostenida desde 2019

La situación no es nueva ni puntual. En los últimos siete años, la cobertura en Lugo se ha reducido un 75%. En Ourense, el número de médicos activos pasó de siete en 2019 a cinco en la actualidad. En A Coruña y Pontevedra, el descenso conjunto ha sido de tres efectivos. La tendencia es clara: el servicio se ha ido vaciando de manera progresiva sin que se haya conseguido revertir la sangría.

La dificultad para cubrir estas plazas queda documentada en las propias cifras del Gobierno: en la convocatoria de 2024 se ofertaron 181 puestos en toda España y solo 53 personas superaron el proceso selectivo. En 2025 se convocaron 161, de las que 127 correspondían a vacantes acumuladas de años anteriores.

El impacto en los ciudadanos

Mientras tanto, los trabajadores que aguardan un dictamen sobre su capacidad laboral quedan en un limbo administrativo. Sin resolución, no pueden acceder a la pensión que les correspondería ni reincorporarse al mercado con plenas garantías. El Gobierno, según han denunciado los populares, se niega además a publicar los tiempos medios de espera, lo que impide conocer el alcance real del colapso sobre las familias afectadas.