Absuelto por falta de pruebas un preso de la cárcel de Teixeiro (A Coruña) al que acusaban de traficar con droga

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto por "déficit probatorio" a un interno del centro penitenciario de Teixeiro, municipio de Curtis, al que se le acusaba de traficar con droga porque habían aparecido a su lado varios envoltorios que contenían estupefacientes.

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La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto por "déficit probatorio" a un interno del centro penitenciario de Teixeiro, municipio de Curtis, al que se le acusaba de traficar con droga porque habían aparecido a su lado varios envoltorios que contenían estupefacientes.

Según el relato de hechos probados, ocurrió el 26 de febrero de 2020, cuando el acusado estaba en la sala de espera de Enfermería en la que había otros cinco presos. En esa estancia, un funcionario halló 16 envoltorios con cannabis y otros cinco con cocaína y heroína. Todo ello habría alcanzado un valor de 675 euros en el mercado ilícito.

Sin embargo, los magistrados matizan que "no consta" que estas sustancias hubieran estado en posesión del encausado, "ni que estuvieran destinadas a su distribución entre terceros".

La Audiencia de A Coruña argumenta su absolución en que "todo el argumento inculpatorio se centra en la declaración del funcionario que llevó a cabo la incautación", un testimonio que ve "insuficiente por sus carencias e imprecisiones".

De hecho, no vio al hombre tirar la bolsa con la droga, sino que "la vio caer al lado de él" en una sala de apenas cinco metros cuadrados y en la que había más personas. Además, respondió "creo que no" a la pregunta si pudo haber sido otro de los internos.

Estas afirmaciones del funcionario "lastran la eficacia incriminatoria de esa prueba, principal y única, porque carecen de la contundencia necesaria para establecer que era el acusado quien portaba la droga y la arrojó, dejando abierta la posibilidad de que lo hiciera otra persona".

Fiscalía solicitaba para el hombre una pena de cuatro años de cárcel por un supuesto delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

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