El PP de Ourense denuncia "el desmantelamiento" de servicios de la Guardia Civil en el rural

El Partido Popular de Ourense ha alertado de un "desmantelamiento de la seguridad de la provincia" y ha manifestado su "enérgico rechazo" a las medidas del Gobierno de España, sobre todo en relación a los servicios en el rural.

"Defendemos la presencia de la Guardia Civil en cada esquina de nuestra provincia y exigimos al Gobierno de España que cese el desmantelamiento de la seguridad de los ourensanos", ha manifestado la alcaldesa de Bande, Sandra Quintas, que ha comparecido acompañada de los alcaldes de Lobeira y Lobios y el concejal popular de Muiños para denunciar "la destrucción de un servicio público esencial en el rural".

En este sentido, los representantes populares han exigido la presencia de Guardia Civil en cada uno de los pueblos "como provincia eminentemente rural", destacando que el "conocimiento" de esta fuerza de seguridad "del terreno y de la sociedad de la que forma parte es el mejor exponente para garantizar la seguridad" en "zonas despobladas".

Así pues, han adelantado que presentarán en cada ayuntamiento de la provincia, así como en la Diputación, una moción para instar al Gobierno de España a "apoyar y reconocer" el trabajo que realiza la Guardia Civil, comprometiéndose a mantener su presencia en todos los cuarteles de la provincia, dotándolos de más medios personales y materiales.

En la misma moción solicitan la atención presencial en los cuarteles de la provincia las veinticuatro horas del día, paralizar "urgentemente" el traslado de la Unidad de Fronteras y Fiscal de Lobios, no cerrar ningún puesto en todo Ourense, reforzarlos en todas aquellas zonas que carecen de Policía Local, y ocupar las plazas totales que aparecen en el catálogo de puestos de trabajo para la provincia y que están libres en la actualidad; señalando que de 910 solamente están ocupadas 839, "por lo que hay un déficit de 71 agentes".

Quintas ha detallado las medidas adoptadas por el Ejecutivo Central que han motivado esta moción, como la supresión de la Unidad de Fronteras y Fiscal de Lobios "que obliga al traslado de seis familias y deja sin ese servicio a la comarca de la Baixa Limia, una de las zonas ourensanas con más kilómetros de frontera con Portugal", lo que desde el Partido Popular consideran "un agravio más al rural ourensano".

Además, la también secretaria provincial del Partido Popular ha abordado la Orden General 25/2023 del 28 de diciembre sobre compañías y puestos territoriales de la Guardia Civil que "prevé el cierre de varios puestos auxiliares, algunos de manera inminente como el del Ayuntamiento de Baltar", que también es un ayuntamiento fronterizo con Portugal.

En la misma línea ha denunciado que "la mitad de los cuarteles permanecen cerrados" y la otra mitad sólo tendrán atención al público presencial de 09.00 a 14.30 horas, fuera de ese horario se realizará mediante internet, por vía telefónica o a través de la aplicación AlertCops, algo que ha calificado de "incomprensible" por tratarse de una provincia "con población mayor y con una gran dispersión poblacional".

"Si nos desmantelan los servicios básicos nos están privando de nuestros derechos", ha sostenido por su parte la alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez, criticando que mientras el Gobierno Central "dice defender el rural, vemos demagogia en esas palabras".

De este modo ha esgrimido que su ayuntamiento, por el carácter transfronterizo, "no puede renunciar a un servicio que es básico para los 72 núcleos de población y de todo el entorno de la comarca", en referencia a la Guardia Civil.

DATOS DE CRIMINALIDAD
A mayores, Sandra Quintas ha analizado los datos publicados por el Ministerio de Interior en el año 2023 en cuanto a criminalidad.

"Llama especialmente la atención el aumento de los delitos contra la libertad sexual, que aumentaron un 11%, y los robos con fuerza en los domicilios, un 18,7%", ha dicho.

"El 60% de robos con fuerza de toda la provincia se realizaron en el rural, igual que los delitos de carácter sexual que fueron el 58% en ayuntamientos rurales; de 208 casos, 122", ha manifestado Quintas para subrayar que "no se cuenta con agente suficientes para proteger a las mujeres de Ourense".

Por ello ha apuntado que hay 2.084 casos en Viogen y 1.883 víctimas en la provincia, mientras que en esta unidad "hay once policías y diecisiete guardias civiles para ocuparse de la seguridad de toda la provincia". "Es decir, de media cada agente en su turno tiene la protección de 200 mujeres", ha reprochado.