Nuevo contratiempo en el juicio del Karar: el principal testigo policial, investigado, pide aplazar su declaración

El juicio por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína transportadas en plena pandemia de Covid por el buque MV Karar, y que ha sentado en el banquillo a 28 acusados, entre ellos Juan Carlos Santórumm, se enfrenta a un nuevo contratiempo, ya que el principal testigo policial, un exjefe del GRECO Galicia (ahora investigado en una causa por narcotráfico y apartado de la función policial), ha pedido aplazar su comparecencia en esta vista, que se celebra estos días en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Así lo han manifestado algunos de los letrados de la defensa en la segunda sesión del juicio, tras conocer en las últimas horas la petición de este testigo, que se encuentra en situación de baja médica, y han apuntado que esta situación podría alargarse al menos un mes.

Precisamente por ello, varios de los abogados de los encausados han pedido que, una vez que se termine el trámite de cuestiones previas, se suspenda el juicio hasta que el exjefe del GRECO esté en condiciones de declarar, dada la trascendencia de su papel "protagonista" en esta investigación policial, de la que fue instructor.

Ya en la primera jornada del juicio, los letrados de las defensas trasladaron a la sala su "preocupación" por el hecho de que este testigo se encuentre investigado por un juzgado de Murcia este momento por sus supuestas vinculaciones con redes de narcotráfico e incluso alguno apuntó que se le atribuyen más presuntos delitos que a los procesados por el alijo del MV Karar.

TESTIGO BAJO SOSPECHA
Este jueves varios letrados han apuntado directamente a este funcionario, ahora bajo la lupa de la Justicia, por el que pasaban todas las decisiones importantes cuando se estaba investigando el alijo del MV Karar. Al respecto, una de las letradas ha constatado que, en estos momentos, hay "indicios" de que muchas las diligencias firmadas por él pudieron "no corresponderse con la realidad" y ha apuntado a que la implicación de los acusados en esta causa "obedece a una estrategia" previamente planeada.

Por ello, ha pedido a la sala que tenga en cuenta las posibles consecuencias que la situación de este testigo pueda tener sobre los hechos que se están enjuiciando y ha pedido que se libre oficio a la Policía Nacional para que certifique que existe una investigación sobre este agente y por qué delitos.

En la misma línea, otro de los abogados defensores ha ido más allá, y tras cuestionar todas las actuaciones que fueron dirigidas por este testigo, cuya imputación "es un torpedo en la línea de flotación" del procedimiento del MV Karar, ha puesto en duda su "credibilidad" porque "interpretó y manipuló datos".

APLAZAMIENTOS
Este juicio, además, ha sufrido otras vicisitudes, porque fue aplazado en dos ocasiones. En la primera de ellas, en febrero de este año, fue suspendido por la baja de una letrada y otras cuestiones relativas a abogados.

En marzo tampoco pudo celebrarse, también por la baja de la misma abogada. En esa segunda ocasión, además, los defendidos por esa abogada (Santórum y otros seis acusados) no se presentaron al juicio, lo que llevó a la sala a apercibirlos y advertirles de que serían conducidos por las fuerzas del orden en caso de que volvieran a ausentarse injustificadamente cuando se señalara la vista.

SEGUNDA JORNADA DE JUICIO
En esta segunda jornada del juicio, los letrados de la defensa (los que no tuvieron tiempo de intervenir este miércoles) han planteado sus cuestiones previas y todos han impugnado numerosos autos y medidas adoptadas durante la investigación por vulnerarse derechos fundamentales de sus mandantes.

Así, al igual que en la jornada precedente, se han referido a la arbitrariedad de medidas como las intervenciones telefónicas, las vigilancias, seguimientos mediante geolocalización, el abordaje del MV Karar sin autorización del país de bandera (Togo), etc.

Las defensas han vuelto a pedir la anulación de numerosas diligencias, por haberse adoptado sin respaldo jurídico, sin suficiente motivación o de forma irregular.

DELITOS Y PENAS
La Fiscalía atribuye a los encausados la preparación, coordinación y transporte de la droga, que fue intervenida en un abordaje en altamar. Las fuerzas de seguridad detuvieron en abril de 2020 a los 15 tripulantes del MV Karar, uno de ellos gallego y el resto de Nepal y Bangladesh; y posteriormente a otras trece personas en tierra, entre quienes estaban un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera y su mujer.

El ministerio público atribuye a todos los acusados un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales; y un delito de integración en organización criminal. A mayores, al matrimonio acusado les imputa también un delito de blanqueo de capitales, y a un procesado al que le intervinieron una pistola, lo acusa también de tenencia ilícita de armas.

Para el cabecilla de la organización, pide la pena de 18 años y medio de prisión, así como una multa de 438 millones de euros; mientras que, para el resto, solicita 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.

En el caso del funcionario de Aduanas, la solicitud de pena se incrementa en otros 6 años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su mujer, la Fiscalía también pide la pena de cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión.

Se da la circunstancia de que el próximo 25 de abril se cumplirán cuatro años desde que ingresaron en la cárcel por esta causa los tripulantes del buque, y la ley no permite superar ese plazo de prisión preventiva, por lo que, todo parece indicar que saldrán en libertad antes de que haya una sentencia por estos hechos.