Vuelven a juicio los dos directivos de una empresa de Cerceda acusados de delitos contra el medio ambiente

La vista arrancó en septiembre con la declaración de los procesados, pero se suspendió al no tener reservadas suficientes jornadas

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha fijado para la próxima semana --entre el 27 y el 30 de mayo-- el juicio contra dos directivos de una empresa de Cerceda acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de seis años de prisión.

La vista por este caso arrancó el pasado mes de septiembre, cuando llegaron a declarar los dos procesados. Sin embargo, entonces se estimó que los dos días reservados para el juicio no eran suficientes para la declaración de todos los peritos y testigos, ni era posible ubicarlos en los 30 días siguientes, por lo que fue anulado y ha vuelto a ser señalado.

Según recoge el escrito de calificación fiscal, desde al menos el año 2012 y hasta marzo de 2016, los acusados, que gestionaban un vertedero de residuos no peligrosos ubicado en Cerceda (A Coruña) "incumplieron, siendo plenamente conscientes de ello, y con la finalidad de ahorrar costes a la empresa y maximizar sus beneficios, la autorización ambiental" para este tipo de actuaciones.

En concreto, el Ministerio Público recuerda que en ella se establece que "en ningún caso existirá vertido al dominio público hidraúlico do lixiviado generado". Sin embargo, señala que ambos acusados "conjunta y concertadamente según el rol de cada uno" en la empresa -- que tenía por objeto el tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos -- "toleraron, promovieron y consintieron los vertidos".

"Prescindiendo, además, intencionadamente de realizar los controles analíticos establecidos, así como el control y entrega de lixiviados generados en la actividad a gestor autorizado, procurando así, que dichos vertidos continuaran en el medio, sin control alguno de manera continua y durante largos periodos de tiempo, hasta la intervención de la autoridad ambiental".

El Ministerio Público, en su escrito de calificación de los hechos, junto a las penas de prisión, pide también el pago de una indemnización de más de 500.000 euros para la Xunta.