La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia califica de "persecución injustificada" las medidas del Gobierno

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha mostrado su "rotundo rechazo" a las medidas anunciadas por el Ministerio de Vivienda contra el sector, al considerar que suponen "una persecución injustificada que criminaliza a miles familias gallegas ahorradoras y que tienen en este uso un complemento a sus economías".

En un comunicado, la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, ha calificado las declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez sobre la "situación de SOS" en el sector como "alarmistas y desproporcionadas", y ha advertido de que las medidas fiscales anunciadas "condenarán al cierre a cientos de establecimientos en Galicia".

"Nos sentimos señalados y perseguidos por un Gobierno que no conoce la realidad ni de las ciudades ni del rural gallego", ha declarado Dulcinea Aguín. "Mientras hablan de pisos ilegales, están atacando a propietarios que cumplen escrupulosamente la normativa y que dan vida a municipios de interior que de otro modo estarían abandonadas", ha dicho.

Las asociación ha apuntado que, según sus datos, el sector de la vivienda turística en Galicia genera más de 15.000 empleos directos e indirectos y aporta aproximadamente 120 millones de euros anuales a la economía de la comunidad.

La asociación representa a más de 20.000 propietarios, el 70% de ellos con tan solo una vivienda de uso turístico que comercializan directamente. "Están dinamitando un sector que clave para frenar la despoblación rural", ha denunciado el vicepresidente de la asociación, Rafael Serrano.

"Muchas de nuestras viviendas están en pueblos y comarcas donde la única alternativa económica viable es el turismo ambiental y sostenible".

Además, Aviturga ha mostrado especial preocupación por el anunciado registro único, que considera "una trampa burocrática diseñada para complicar la actividad hasta hacerla inviable". "Ya estamos registrados en la Xunta de Galicia y cumplimos toda la normativa autonómica", explica Rafael Serrano.

"Este nuevo registro no es más que una excusa para crear trabas administrativas que muchos pequeños propietarios no superarán", sostiene para asegurar que no permitirán que se destruya su modo de vida por "cálculos electoralistas", ha advertido la presidenta de Aviturga.

"Llamamos a todos los afectados, no solo propietarios sino también trabajadores del sector, a organizarse y defenderse". "Queremos ser parte de la solución, no el problema", ha concluido la directiva de la asociación.