CSIF denuncia el "deterioro" de la seguridad en las cárceles gallegas y exige "medidas inmediatas"

El sindicato CSIF, mayoritario en la Administración General del Estado y en el ámbito penitenciario, se ha dirigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) para exigir "medidas inmediatas" que frenen el "deterioro" de la seguridad en las cárceles españolas, y en especial en los centros gallegos.

En este sentido, el sindicato ha recordado un "grave episodio de violencia" ocurrido recientemente en el Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra) en el que, según ha relatado, "un interno reincidente protagonizó un intento de apuñalamiento a dos funcionarios y les profirió amenazas de muerte durante una comunicación institucional".

En una nota de prensa, CISF ha advertido de que este suceso "no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia creciente de violencia que compromete gravemente la seguridad de los trabajadores penitenciarios".

Así, el sindicato ha denunciado que la SGIP "continúa permitiendo la progresión de grado de internos altamente conflictivos sin garantías objetivas, y que sigue sin reconocer a los funcionarios de prisiones como una profesión de riesgo, a pesar de los datos alarmantes".

En este sentido, ha alertado de que en Galicia se contabilizaron 453 agresiones en 2022, "triplicando las cifras del año anterior". Los delegados de CSIF Prisiones han alertado de que la introducción de nuevas sustancias psicotrópicas indetectables, así como "la falta de controles adecuados para rastrear su origen", han incrementado la conflictividad interna.

Además, el sindicato ha denunciado que el actual protocolo de actuación frente a agresiones (PEAFA) no contempla muchas de las situaciones reales de violencia, al limitar su aplicación solo a casos con lesiones graves.

Por todo ello, ha solicitado que se paralicen las progresiones de grado automáticas para internos clasificados en primer grado con historial violento, que se revisen con criterios multidisciplinares y estrictos las evaluaciones de peligrosidad, que se reconozca oficialmente a los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo y que se refuercen los mecanismos de seguridad, formación y control en los centros.