Familias del Colegio Trisquel Compostela estudian acciones legales si no cesan las irrupciones de refugiados en su área

Denuncian también las actitudes de los representantes de la Fundación Junior's y de la empresa d'Ocio, con contrato con la ONG Rescate

Un grupo de familias del Colegio Trisquel Compostela International han vuelto a denunciar este lunes la situación de "desamparo" que viven ante las "reiteradas" incidencias "y hasta ilegalidades" provocadas por las irrupciones que refugiados en un recinto anexo realizan en el área limitada para el colegio.

Hace semanas que las familias denuncian esta coyuntura, pidiendo la intervención de las autoridades. Ante la falta de respuesta, advierten de que estudiarán acciones legales si la situación continúa sin resolverse.

La comunidad escolar apunta directamente a los representantes de la propiedad de las instalaciones, la Fundación Junior's, que tiene en vigor contratos con otras empresas -- además del colegio-- como d'Ocio. Esta última y Trisquel comparten instalaciones del antiguo colegio Junior's.

Según relatan, el pasado mes de septiembre de 2024, la empresa d'Ocio contrató los servicios de alojamiento a la ONG Rescate para acoger en las instalaciones anexas al colegio a un número aproximado de 120 varones adultos refugiados.

Critican que conocieron esta circunstancia por la prensa a dos días de iniciar el curso, "ya que no fue comunicada por nadie al centro". En aquel moemnto, apuntan, se les indicó que sería una medida de acogida temporal.

"Nuestro colegio, sensibilizado con el fenómeno actual de las migraciones, adaptó su programación para dedicar todo el primer trimestre a trabajos relativos al tema de las migraciones de cara a dar a conocer y sensibilizar a los alumnos con esta problemática", destacan.

DAÑOS EN EL RECINTO Y BROTE DE TUBERCULOSIS
Los problemas, relatan, comienzan cuando las entidades señaladas realizan diversas acciones que "minan las relaciones de convivencia". Concretamente, citan la colocación de cámaras de vigilancia en las instalaciones sin permisos parentales; la ONG Rescate y d'Ocio circulan con automóviles por las instalaciones de recreo del alumnado y ocupan espacios destinados por contrato al colegio.

Comentan también que la empresa d'Ocio da alojamiento a un grupo de trabajadores en varias de las pequeñas cabañas, destinadas en un principio a intercambios escolares y campamentos, y que durante su estancia una de las cabañas ardió complemente. A consecuencia de esto, se producen diversos daños en algunas de las instalaciones destinadas a Trisquel, así como la caída de parte del muro perimetral, quedando así todo el recinto sin la preceptiva perimetración de una instalación escolar.

"Daños, todos ellos que, a día de hoy, no se han arreglado a excepción de aquellos que el propio colegio asumió para garantizar la seguridad del alumnado y la continuidad de su labor docente", critican.

Además, señalan que se le asignan a la ONG aulas y espacios para diversas actividades de la comunidad refugiada que lindan con las del colegio, "obligando a compartir accesos entre el alumnado del colegio y la comunidad refugiada".

Aseguran que todo esto conlleva que los adultos "deambulen constantemente" por el recinto escolar, "icumpliendo las normas, tanto ministeriales como autonómicas, que prohíben la presencia de cualquier adulto que no pertenezca al equipo laboral del colegio en dicho recinto".

Uno de los momentos más tensos fue el brote de tuberculosis que se registró entre la comunidad refugiada, que censuran que no fue comunicado al centro y, "con toda probabilidad, como consecuencia del mismo, se produjeron contagios en la comunidad escolar, tanto a alumnos como a docentes".

"Para coronar este rosario de despropósitos, hace escasos días se produjeron dos enfrentamientos entre el gestor de la empresa d'Ocio y una docente, y el representante de la propiedad con otra docente. En este último caso se presentó denuncia ante la Policía Nacional", relatan.

SE DIRIGEN A AYUNTAMIENTO, XUNTA Y GOBIERNO
Ante esta situación, solicitan al Ayuntamiento de Santiago que inspeccione las licencias de actividad de la empresa d'Ocio y compruebe si cumplen todos los requisitos legales para el desarrollo de las actividades que anuncia.

A las consellerías de Medio Rural, Educación, Política Social y Sanidade, que velen por el cumplimiento de la normativa urbanística (APLU), de la normativa relativa a espacios educativos y su necesario aislamiento de la población adulta, a proteger la integridad de los menores, y a ofrecer seguridad sanitaria a la comunidad educativa.

Asimismo, a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior del Gobierno y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, su concurso en este tema para dar un alojamiento "en instalaciones dignas" a la comunidad refugiada en espacios compatibles".

Hacen también una petición expresa al Banco de Santander, propietario último de las instalaciones, para que revise y limite las actuaciones del representante legal de la propiedad o proceda, "si así lo ve adecuado", a su sustitución.