Las ciudades gallegas avanzan de forma desigual en la implantación de las ZBE, con Pontevedra y Ourense a la cabeza

Vigo y Lugo ultiman su tramitación pero todavía carecen de fecha concreta para su entrada en vigor

Las grandes ciudades gallegas avanzan de forma desigual en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en sus centros urbanos, con Pontevedra y Ourense a la cabeza con esta medida ya en marcha, mientras que otras como Vigo o Lugo todavía no tienen confirmada ninguna fecha.

Y es que la ley de cambio climático y transición energética estableció en 2021 la obligación de crear zonas de bajas emisiones antes de 2023 en municipios de más de 50.000 habitantes de toda España, lo que engloba a las siete principales ciudades gallegas.

La idea es restringir el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pese a ser obligatorias desde 2023, muchas ciudades no las implantaron, estableciéndose una moratoria que termina el 1 de enero de 2026.

Así, algunas ciudades gallegas están acelerando su implantación para llegar a tiempo a esta nueva fecha, como es el caso de Ourense, que acaba de ponerlas en marcha este pasado viernes, día 26 e diciembre.

En concreto, según fuentes del gobierno local consultadas por Europa Press, la zona de bajas emisiones de Ourense Centro comprende todo el espacio delimitado por las calles Habana, Emilia Pardo Bazán, Peña Trevinca, Coruña, Progreso y Praza de Concepción Arenal, sin formar parte estas vías de la misma.

Está operativa desde hace dos días en una primera fase sin sanciones, aunque se enviarán avisos informativos. Las multas llegarán a partir del mes de julio de 2026 y se penalizará a los coches sin etiqueta medioambiental (ya sea B, C, ECO o CERO) que accedan a su interior.

Además, de cara a 2029, el Ayuntamiento ampliará la zona de bajas emisiones a otras calles, como Xoán XXIII, Concello, parque de San Lázaro (entre Concello y Curros Enríquez) y Curros Enríquez (hasta Habana).

"MODELO DIFERENTE"
El caso de Pontevedra es "un modelo diferente a todos los existentes en España", según reivindica el propio Ayuntamiento. Así, tiene declarada toda la zona urbana de bajas emisiones, pero sin restricciones de entrada por etiquetas de los vehículos.

"Todo ello debido al modelo urbano que se ha implantado en la ciudad en los últimos 25 años, con un tráfico muy reducido en todas sus calles y vías. Consecuentemente, no hay sanciones ni hay días ni horarios de restricciones. Tampoco hay excepciones", han apuntado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Así, el Ayuntamiento subraya que sus zonas ya implantadas de tráfico reducido, como las denomina, absorben las zonas de bajas emisiones que exige la ley ya que "consiguen todos los objetivos" que engloban estas últimas.

La idea es "mejorar la calidad de vida de todos los residentes en la ciudad" y "no solo de un barrio", insisten desde el ente local pontevedrés.

El Ayuntamiento de Lugo asegura que la implantación de su zona de bajas emisiones se encuentra en una "fase avanzada", tras haber sido aprobada la ordenanza reguladora por la junta de gobierno local. Ahora, se está tramitando su aprobación inicial en pleno, con posterior periodo de exposición pública, presentación de alegaciones, aprobación definitiva y publicación oficial.

"Este punto del proceso es la culminación de un recorrido iniciado hace años, cuyo principal hito fue la peatonalización integral del casco histórico intramuros", han reivindicado fuentes del gobierno local consultadas por Europa Press, tratándose la zona de bajas emisiones del "siguiente paso lógico" en la ordenación del tráfico.

El Ayuntamiento ha explicado que la zona se configura como un espacio de tráfico "muy limitado y regulado", en el que el acceso de vehículos se permite en función del uso y la necesidad (residentes, comerciantes, arrendatarios de plazas de garajes...), y no exclusivamente en función de las etiquetas ambientales. "Lugo cumple ya en la actualidad los criterios de calidad del aire, incluso antes de la implantación de la ZBE, por lo que esta actuación responde a una estrategia de anticipación y planificación, alineada con la normativa estatal y europea y orientada a preparar la ciudad para los retos futuros de movilidad y sostenibilidad", insiste el gobierno municipal.

El proyecto prevé diversas cámaras para controlar los accesos y sanciones de 200 euros para aquellos que accedan sin permiso, al igual que la mayoría de las ciudades gallegas.

POCOS CAMBIOS EN SANTIAGO
En Santiago, el propio Ayuntamiento reconoce que la zona de bajas emisiones no supone muchas más restricciones de las que ya existen actualmente, porque le afecta fundamentalmente al caso histórico, "donde ya hay muchos límites de acceso".

Allí, no dependerá de etiquetas ambientales, porque no se permite circular salvo carga y descarga o residentes. Para ello, se ha aprobado ya una modificación de la ordenanza de circulación para completar la regulación de la zona de bajas emisiones en el casco viejo. Para ello, se instalará señalización para alertar a los conductores, así como sensores para medir la calidad del aire.

A Coruña también ha optado por la opción de peatonalizar ciertas calles de la ciudad y no imponer restricciones de acceso por tipo de vehículo en zonas de bajas emisiones. "Lo que hay son zonas que se han peatonalizado restringiendo todo tráfico salvo transporte público", explican desde el Ayuntamiento.

Eso sí, destacan que en A Coruña sí existen medidas de reciente implantación para promover el uso de vehículos eléctricos en áreas restringidas. Por ejemplo, indican, los vehículos de carga y descarga de mercancías eléctricos gozan de una hora más que los de combustión para hacer su tarea.

Vigo, por su parte, ultima sus zonas de bajas emisiones, que serán un total de cuatro y estarán ubicadas en el centro de la ciudad, en la Plaza de Portugal y en los barrios de Calvario y Bouzas. Pese a que el proyecto sí contempla multas de hasta 200 euros, el alcalde, Abel Caballero, ha subrayado que la intención no es sancionar, ya que las zonas establecidas pretenden dar "continuidad lógica" a la circulación de vehículos.

"Tiene que haber una continuidad lógica. La entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones no puede ser desproporcionada", insisten desde el Ayuntamiento olívico, después de que el gobierno local ya aprobase el proyecto, a la espera de que elabore la ordenanza municipal para que entre en vigor, todavía sin fecha exacta.

Ferrol pretende implantar su zona de bajas emisiones en dos fases, afectando primero al Ferrol Vello y, posteriormente a A Magdalena. Pese a todo, por ahora no hay fecha exacta para su llegada.