La Xunta defenderá ante el Tribunal Constitucional la salida del lobo del régimen de protección especial

La Xunta defenderá ante el Tribunal Constitucional (TC) sus argumentos a favor de la normativa que supuso la salida del lobo al norte del Duero de la Lista de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe).

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el Consello da Xunta autorizó que la Asesoría Xurídica Xeral comparezca en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor do Pobo contra tres disposiciones que inciden en la gestión del lobo incluidas en la Ley estatal 1/2025, de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario.

Según ha expuesto la Xunta, la ley modifica mediante su disposición final decimonovena el anexo del real decreto que recoge la relación de especies incluidas en el Lesrpe con el fin de excluir a las poblaciones de lobo al norte del Duero y mantener únicamente a las que están al sur.

Un cambio que, indican, dejó sin efecto la orden ministerial de 20 de septiembre de 2021, que había incluido a esta especie en dicho listado, y permitió la recuperación del Plan de gestión del lobo vigente en Galicia con anterioridad a esa orden. Como consecuencia, el lobo volvió a ser considerado una especie cinegética frente a la que pueden adoptarse medidas de control para prevenir y reducir los daños causados.

No obstante, la Xunta de Galicia ha reiterado que este plan de gestión "no implica que el lobo sea una especie objetivo de caza", sino que, en línea con las recomendaciones del Comité Permanente del Convenio de Berna, persigue "garantizar la viabilidad de la especie en el territorio".

El Ejecutivo gallego ha advertido de que la eventual anulación de la disposición final decimonovena devolvería la gestión del lobo a la situación vivida entre el 22 de septiembre de 2021 y abril del año pasado, "retirando nuevamente a las comunidades autónomas esta competencia y atribuyéndosela al Estado", lo que considera "contrario al orden constitucional de distribución de competencias".

"Galicia hará valer las competencias que le otorga el Estatuto de autonomía, que establece que son competencia exclusiva gallega tanto la caza como las normas adicionales sobre protección del ambiente y del paisaje. Por lo tanto, de darse una anulación de ese precepto, estaríamos ante una vulneración de competencias", ha concluido.