Jamonería de Vigo logra librarse de pagar 8.000 euros por el “caos” de su factura de la luz

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, desestima la demanda presentada por la empresa suministradora y absuelve al establecimiento, especializado en jamones, del pago solicitado. Según explicó Antonio Heredero, abogado de BGI-LAW y defensor de la tienda, a pesar de existir un contrato con cuota fija mensual, las cantidades facturadas variaban de un mes a otro, mientras las facturas llegaban con varios meses de retraso y se emitían continuas rectificaciones por importes ya abonados.

El tribunal constató que el problema de irregularidades en la facturación también se trasladó a la propia reclamación judicial. Inicialmente, la eléctrica exigía 8.767,82 euros, basándose en varias facturas emitidas en marzo de 2023 que correspondían a consumos de entre 2021 y 2022. Más tarde, el juzgado redujo la cifra a 8.606,39 euros al eliminar los gastos de gestión incluidos de forma indebida.

La situación volvió a repetirse cuando la empresa eléctrica reformuló su demanda por 7.595,64 euros, reincidiendo en incorporar esos mismos costes que ya habían sido rechazados. “El juzgado volvió a corregir de nuevo la cifra por repetir los mismos errores”, señaló el letrado defensor.

Un informe pericial presentado durante el juicio confirmó que la facturación había sido variable pese a existir un contrato de tarifa fija. Además, demostró la existencia de rectificaciones incomprensibles, cobros no justificados y tarifas que no se correspondían con el consumo real del local.

En su resolución, la magistrada advierte del “caos absoluto en la facturación llevada a cabo por la actora”, una práctica caracterizada —subraya— por la emisión de facturas contradictorias, anuladas, compensadas mediante abonos y sin una secuencia clara que permita determinar con precisión si existe una deuda real. Ante esta situación, el tribunal decidió eximir completamente al negocio vigués del pago solicitado.

El caso se suma a otros conflictos recientes en Galicia entre comercios de hostelería y compañías energéticas, provocados por errores en contratos de cuotas fijas que derivaron en sobrecostes o rectificaciones incesantes. En los últimos años, numerosos establecimientos gallegos han denunciado ante los tribunales problemas con la facturación eléctrica tras la liberalización del mercado, según han reflejado distintos medios autonómicos.

La sentencia aún puede ser recurrida

Aunque la decisión supone un alivio para la jamonería, la sentencia no es firme. La empresa demandante puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. Por ahora, la resolución marca un precedente favorable para pequeños negocios gallegos que disputan sus facturas energéticas, especialmente en un contexto de precios eléctricos volátiles y reclamaciones crecientes.