Los transportistas ganan un pulso al Gobierno: nuevo decreto para combustibles frente al “engaño” anterior

El sector del transporte por carretera en Galicia y en el resto de España respira, aunque con cautela, tras días de negociaciones maratonianas por las bonificaciones en el combustible. Lo que comenzó como una “medida estrella” del Gobierno para paliar la crisis energética derivada de la inestabilidad internacional —especialmente por los conflictos en Oriente Medio— acabó convirtiéndose en un polvorín. Los transportistas pasaron de la incredulidad al conocer unas bonificaciones que tildaron de "engaño", a sentarse en una mesa de negociación permanente con los ministerios de Transportes, Hacienda y Economía exigiendo medidas reales y no “propaganda”. Con ello querían verse beneficiados de forma real para poder mantener su actividad, pues veían en peligro muchos puestos de trabajo y el cierre de empresas.

La bonificación "fantasma"

Ante la posibilidad de una crisis por la subida del petróleo, sobre todo debido al conflicto en el Golfo Pérsico, el Gobierno central anunció inicialmente una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para ayudar al sector del transporte a soportar la escalada de precios. Esta medida entraba en vigor el 1 de abril y se mantendría hasta el 30 de junio. Sin embargo, la reacción de los profesionales, especialmente en Galicia, fue de un rechazo absoluto. Natalia Blanco, de la asociación APETAMCOR, fue tajante al señalar que la medida adolecía de "falta de rigor".

La realidad matemática que denunciaban los transportistas distaba mucho de los anuncios oficiales. Según Blanco, la bonificación real no alcanzaba los 20 céntimos, sino que se quedaba en 15,1 céntimos. El motivo principal era que el Ejecutivo, al tiempo que anunciaba la ayuda, eliminaba o anulaba derechos previos, como el gasóleo profesional, lo que convertía la medida en un juego de suma cero. "Es un insulto que un sector estratégico sea tratado con una campaña pública de datos erróneos", lamentaba la portavoz de APETAMCOR, recordando que tras la pandemia el transporte parece haber perdido su estatus de servicio esencial para la administración.

El "sinsentido" de las ayudas y el riesgo de asfixia

Las asociaciones de transportistas, representadas por voces como la de Natalia Blanco o Alberto Vila (Secretario General de Vieiros, Unidade Galega de Transportistas), coincidieron en que el primer decreto ley no solo era insuficiente, sino gravoso para el profesional.
 

Uno de los puntos más polémicos fue la vinculación de las ayudas al mantenimiento del empleo. El decreto establecía que si una empresa despedía a un trabajador antes del 30 de junio, debía devolver la bonificación íntegra. Alberto Vila calificó esto como un "sinsentido", argumentando que en una situación de crisis extrema donde el combustible supone el 40% de los costes de explotación, el despido de trabajadores se materializa “por pura supervivencia, no por deporte".

Además, los transportistas criticaron que la rebaja del precio final en el surtidor beneficiaba principalmente a los particulares, pero perjudicaba al profesional. Al reducirse el precio mediante la bajada del IVA (un impuesto neutro para las empresas) y de otros tributos, se invalidaba la cláusula de indexación del gasóleo, la única herramienta legal que tenían los transportistas para actualizar sus tarifas según subiera el carburante. En Galicia, donde el 95% de las mercancías se mueven por carretera, el riesgo de "asfixia económica" puso al sector al borde de un referéndum para la huelga, ante la imposibilidad de seguir trabajando a pérdidas.

Un nuevo marco legal para blindar la rentabilidad

Ante el ultimátum del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el Gobierno se vio obligado a recapacitar y abrir una vía de diálogo efectiva el pasado 30 de marzo. Los resultados de esta negociación se materializarán en un nuevo real decreto-ley que busca corregir las limitaciones del anterior marco normativo.
 

El acuerdo final introduce cambios estructurales de calado. En primer lugar, una nueva fórmula de revisión, así, el precio del transporte quedará vinculado directamente al precio del combustible antes de impuestos. Esto aporta transparencia y evita que futuras subidas o bajadas fiscales distorsionen el coste real del servicio.

El peso del combustible en el cálculo de las tarifas sube del 30% al 40%, reflejando mejor la realidad operativa del transportista actual. Además, será obligatorio detallar en cada factura el ajuste por la variación del carburante. Esto impide que los cargadores impongan contratos que ignoren estas fluctuaciones.
 

Por último, se prohíbe expresamente que las bonificaciones o ayudas públicas se computen para reducir el precio del transporte. De esta forma, se asegura que el dinero público llegue al bolsillo del transportista y no acabe beneficiando indirectamente al cliente final mediante tarifas artificialmente bajas.
 

Este nuevo decreto también incluirá un tipo sancionador específico para penalizar a quienes incumplan estas medidas de revisión de precios, garantizando que lo pactado en el papel se cumpla en la carretera. Además, el Gobierno ha confirmado que las bonificaciones se extenderán a combustibles sostenibles como el hidrobiodiésel (HVO) y el biodiésel.

Aunque quedan temas pendientes en la mesa de negociación —como la jubilación anticipada, el reconocimiento de enfermedades profesionales o ayudas para la renovación de flotas no eléctricas—, el sector valora este paso como una victoria necesaria para evitar el cierre masivo de pymes y autónomos en Galicia. Ahora debe ser Bruselas quién dé la autorización para superar los límites de ayudas de Estado y permitir que los fondos lleguen con agilidad a las empresas.