Suspendido de nuevo el juicio contra la exedila de Láncara, acusada de estafar a un constructor y al dueño de un taller

Junto a su padre, se enfrenta a 4 años de cárcel por, presuntamente, manipular justificantes para hacerles creer que había pagado

La Audiencia Provincial ha suspendido la sesión del juicio contra la exedila de Láncara (Lugo) Begoña L. y su padre, prevista para este viernes por supustos delitos de estafa y falsedad documental continuada por no pagar a un constructor por las obras realizadas en una casa, y al dueño de un taller, por la compra de un tractor.

Por todo ello, se enfrentan cada uno a una pena de dos años y seis meses de prisión y a una multa de 2.400 euros, aunque la acusación particular solicitó cuatro años de cárcel y 6.000 euros de multa.

Debido a la ausencia de un testigo importante, que estaba hospitalizado, se había aplazado la continuidad de la sesión para el viernes, pero en este caso fueron problemas de disponibilidad en la Audiencia los responsables de este nuevo atraso. En esta última sesión está previsto que declaren los dos acusados, que habían solicitado hacerlo en último lugar, aunque el abogado ya ha adelantado que niegan los hechos que supuestamente se remontan al año 2021.

Según ha explicado la acusación, ella, que ahora cuenta con 39 años de edad y él, de 66, hicieron una transferencia de 2 euros al constructor, lo que generó un PDF con una orden de pago en la que después manipularon el importe para que figuraran 39.272 euros. Al ver la víctima el documento, creyó que se había hecho el pago y continuó con los trabajos en la vivienda, que posteriormente fueron valorados en 46.338 euros.

El juicio se inició el día 12 de febrero y durante el mismo el constructor explicó que cuando le reclamó a ambos el pago, estos aseguraron que se trataba de un error en el banco y que estaba todo bien. Días más tarde, una mujer llamó a la víctima identificándose como trabajadora del banco y asegurando que había sido un error de ellos, pero el hombre desconfió y descubrió después que todo era falso.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita para los acusados un pago conjunto de 46.338 euros a la víctima por los perjuicios ocasionados, mientras que la acusación popular aumenta la indemnización a 61.000 euros, además de otros 3.000 por daños y perjuicios.

En la sesión, la defensa aportó documentación con la que intentó justificar varios pagos "en B" y que había intención de pagar toda la obra.

A los dos acusados se les atribuye también una acción similar previa con la compra de un tractor. Al dueño de un taller le entregaron un documento en el que figuraba un pago de 10.002 euros, pero solo ingresaron 2. En este caso, no se reclama indemnización porque el hombre recuperó el tractor cuando este tuvo una avería y los acusados lo devolvieron al taller.