Fiscalía indaga a la alcaldesa de Vilarino de Conso por posible prevaricación en contratos del SAF
La regidora popular de este municipio ourensano y su secretaria debían declarar este miércoles en A Pobra de Trives, pero la vista se suspendió. Fiscalía ha iniciado un procedimiento de investigación preliminar contra Melisa Macía por un supuesto delito de prevaricación administrativa, derivado de una queja del portavoz del BNG local. El caso gira en torno a supuestos abusos en la contratación menor para servicios esenciales como el Servicio de Axuda no Fogar (SAF).
Vilariño de Conso, un concello ourensano de apenas 600 habitantes, enfrenta ahora esta dilación judicial que pone en el foco sus precarias prestaciones sociales. Domingo Domínguez, líder nacionalista en la oposición, presentó la denuncia inicial al señalar irregularidades en los pagos que excedían los topes legales para contratos menores, que son solo de 15.000 euros en este tipo de servicios. Según sus palabras, los informes de la secretaria municipal advertían repetidamente de estos reparos, incluso suspensivos, pero la alcaldesa optaba por levantarlos para abonar las facturas.
El nacionalista recuerda que en marzo de 2024 impulsó una moción para corregir las deficiencias detectadas en el control interno anual de 2023, aprobada por unanimidad, incluidos los ediles del PP.
A pesar del acuerdo plenario, Domínguez critica que las prácticas continuaron en sucesivos plenos, con listas de pagos cuestionados por la intervención municipal. Insistió en varias ocasiones ante la alcaldesa para cumplir la Ley de Contratación del Sector Público, pero al no haber cambios, elevó el asunto al Ministerio Fiscal, que admitió la denuncia y activó las diligencias.
La alcaldesa Macía defiende que todas las decisiones priorizaron la continuidad de servicios básicos ante la rigidez de la Ley de Dependencia. En declaraciones a medios, subrayó que dejar sin atención a los usuarios del SAF habría sido irresponsable, especialmente con un servicio en precario durante tres años. Añadió que el ayuntamiento carecía de medios para licitaciones complejas, comunes en municipios rurales ourensanos con limitaciones de personal.
Tanto ella como la secretaria Ana María Loureiro se personaron este miércoles en el Juzgado de A Pobra de Trives con documentación para defenderse, aunque la jueza aplazó la declaración a una fecha pendiente.
El SAF en este concello atiende a 45 usuarios con una demanda de 19.902 horas anuales de atención efectiva, excluyendo desplazamientos, según el municipio. Cuatro auxiliares municipales a jornada completa no cubren la carga, considerando vacaciones, bajas y descansos, lo que obliga a complementos externos, alega el municipio.
Recientemente, a principios de marzo de 2026, coincidiendo en el tiempo con la denuncia de la oposición, el ayuntamiento publicó un concurso abierto para 13.302 horas adicionales en modalidades de dependencia y libre concurrencia, con un presupuesto base de 347.980 euros más IVA.
El Ayuntamiento recibirá ofertas hasta el 20 de marzo y se ejecutará en Vilariño de Conso. Este paso llega justo cuando estalla la investigación, mostrando un intento de regularizar el servicio.
Macía insiste en su colaboración total con la Justicia y niega intención de saltarse normas, atribuyendo las contrataciones a necesidades urgentes de mayores y dependientes. El consistorio dice que ha entregado ya toda la documentación a los órganos judiciales y confía en que el proceso aclare los hechos.
Los ayuntamientos podrán adherirse al incremento de financiación del SAF desde finales de marzo
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