La Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), a través de su Grupo de Investigación de Incendios con sede en Ourense y en Santiago de Compostela, ha esclarecido el origen de tres incendios forestales declarados en Galicia a finales de marzo. Las investigaciones apuntan a que los tres fuegos arrancaron de quemas agrícolas realizadas sin las medidas de seguridad requeridas por la normativa vigente. Como resultado, tres personas han prestado declaración en calidad de investigadas, una por el incendio de Boborás y dos por los de Boiro.

El trabajo de los agentes de la UPA contó con la colaboración de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Consellería do Medio Rural, tal como informó este jueves la Xunta de Galicia a través de un comunicado oficial. Ninguno de los investigados se ha pronunciado públicamente sobre los hechos que se les atribuyen.

Los dos siniestros de Boiro tuvieron lugar el lunes 23 y el martes 24 de marzo en el paraje de Lampón. El primero de ellos arrasó 1,8 hectáreas de monte arbolado y raso, mientras que el segundo afectó a 0,17 hectáreas de superficie no forestal. Ambos requirieron la intervención de medios de extinción de Medio Rural para evitar que las llamas se propagasen a zonas más amplias.

Quemas sin medidas de seguridad

La Consellería de Presidencia, de la que depende la UPA, sostiene que los dos incendios del municipio coruñés se desencadenaron por quemas realizadas sin las pertinentes medidas de seguridad. Las diligencias instruidas por los agentes fueron remitidas al juzgado de guardia de Ribeira para que la justicia determine las responsabilidades correspondientes.

El tercer incendio se produjo el 22 de marzo en el núcleo ourensano de Vecoña de Arriba, en el municipio de Boborás. El fuego calcinó unas 0,17 hectáreas de superficie arbolada y tuvo igualmente su origen en una quema particular ejecutada sin respetar las condiciones de seguridad que marca la ley. Para extinguirlo fue necesaria la actuación de un agente forestal, una brigada y una motobomba de la Xunta. Las diligencias en este caso fueron enviadas al juzgado de instrucción de guardia de O Carballiño.

Lo ocurrido en estos tres municipios se enmarca en un contexto de especial alerta. La Consellería do Medio Rural decretó la suspensión temporal de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia el 25 de marzo, tras evaluar la evolución de la situación meteorológica y los indicadores técnicos que inciden en el riesgo de fuego. Los tres incendios investigados se produjeron precisamente en los días previos a esa prohibición o en los mismos días en que esta entraba en vigor.

Una prohibición con excepciones

La medida preventiva no afecta a las quemas prescritas que ejecuta el Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), al tratarse de actuaciones debidamente planificadas y dotadas de los medios de extinción necesarios. La distinción entre quemas controladas por profesionales y las realizadas por particulares sin supervisión resulta clave para entender por qué la administración actúa con este nivel de restricción.

El escenario de riesgo se ve agravado este año por el crecimiento acelerado de la biomasa en el monte gallego, impulsado por un invierno con precipitaciones elevadas y temperaturas relativamente suaves que han favorecido que la vegetación brote con fuerza. Expertos forestales señalan que este fenómeno, unido a restos de vegetación seca de años anteriores, crea condiciones propicias para que un fuego se propague rápidamente si no se controla desde el inicio.

Desde una perspectiva más estructural, organizaciones ecologistas como Greenpeace llevan años advirtiendo de que en la región noroeste de España el uso del fuego para la gestión de ecosistemas —incluyendo quemas agrícolas y para ampliar pastos— está detrás de la inmensa mayoría de los incendios, una práctica que resulta especialmente peligrosa en el contexto de la emergencia climática. 

Llamada a la prudencia

El Gobierno gallego ha reiterado su llamamiento a la concienciación ciudadana y a la prudencia para evitar nuevos episodios como los de Boborás y Boiro. La normativa vigente contempla la suspensión de las quemas particulares cuando las condiciones meteorológicas puedan dificultar su control, por lo que saltarse esta restricción puede acarrear consecuencias tanto penales como civiles para quienes provoquen un incendio.

La Xunta recuerda que el teléfono gratuito 085 está operativo para que la ciudadanía pueda alertar en caso de detectar un incendio forestal, y pide que se denuncie cualquier actividad incendiaria de la que se tenga conocimiento. Los tres casos investigados demuestran que los mecanismos de control y la colaboración entre la Policía Nacional y la administración autonómica permiten identificar a los responsables incluso cuando los fuegos son de reducida extensión.

Las personas investigadas no han emitido ninguna declaración pública al respecto, y los procedimientos judiciales siguen su curso en los juzgados de guardia de Ribeira y O Carballiño respectivamente.