Sumar Galicia pide revisar el proyecto de la planta de biogás de A Laracha, cuya localización "no ofrece garantías"

Movemento Sumar Galicia ha pedido revisar el proyecto de la planta de biogás de Soandras, en A Laracha (A Coruña), ya que no ofrece garantías suficientes" y ha alertado de los "impactos" en el paisaje, el suelo, el aire o el agua.

Así, la formación ha expresado su "preocupación" por esta iniciativa y ha recordado que las infraestructuras necesarias para la gestión de residuos "deben desarrollarse con rigor ambiental, sanitario y territorial", garantizando la protección de las personas y del medio.

Al respecto, ha incidido en que este tipo de instalaciones deben cumplir estándares muy exigentes y estar "correctamente planificadas". En el caso de Soandres, han apuntado, "se trata de una infraestructura de gran escala, con capacidad para tratar más de 63.000 toneladas anuales, en una localización que no ofrece garantías suficientes".

Según han recordado, el propio proyecto recoge impactos sobre la calidad del aire, el agua, el suelo y el paisaje, además de prever ruidos y vertidos al río Anllóns. "A esto se suma su proximidad a viviendas y manantiales de los que dependen directamente los vecinos", ha añadido Sumar Galicia.

El secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha señalado que no se trata de una infraestructura neutra, ni tampoco se trata de un "debate abstracto". "Estamos hablando de un proyecto que, tal y como está formulado, no garantiza la protección de los vecinos ni del territorio, y que traslada riesgos muy concretos a quien vive en Soandres y en el entorno del río Anllóns", ha subrayado.

Por otra parte, ha advertido de que el impacto no se limita al ámbito local, ya que el río atraviesa la comarca y cualquier alteración "puede terner efectos aguas abajo, llegando incluso a municipios como Ponteceso".

Tras recordar que la zona afectada es un entorno de "alto valor ambiental y patrimonial", Sumar Galicia ha insistido en que "no se trata de un debate sobre la existencia o no de este tipo de instalaciones, sino sobre su escala, su localización y la ausencia de garantías suficientes de protección territorial y de retorno para la comunidad que las soporta".

Finalmente, ha trasladado que existen "alternativas más adecuadas", como instalar la planta en suelo industrial, reducir su escala, reforzar los controles sobre los vertidos o poner en marcha "mecanismos reales de retorno económico y social" para el territorio. "Sin estas condiciones, los costes recaen sobre el rural, mientras los beneficios se concentran fuera de él", ha sentenciado Paulo Carlos López, que ha apuntado a la responsabilidad de las administraciones, por dejar avanzar este tipo de proyectos "sin garantías suficientes".