La Audiencia de Pontevedra juzga a 17 acusados por una supuesta trama para legalizar barcos con documentación falsa

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá la próxima semana el juicio contra 17 personas por su colaboración para legalizar embarcaciones con documentación falsa.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos se produjeron, al menos, desde 2013 hasta 2021 cuando el principal acusado, que contaba con un astillero en Bueu para la construcción de embarcaciones, emitió declaraciones de conformidad de lanchas que simulaba construir.

De esta forma, el hombre, a cambio de un precio, elaboraba documentación para personas que, siendo titulares de una embarcación de la tercera lista --reservada a la pesca-- pretendían también tener una matricula de la séptima lista --de recreo--.

En este caso, las personas que acudían al principal procesado eran plenamente conscientes de la ilegalidad del procedimiento y de que una embarcación no puede tener, al mismo tiempo, dos matrículas diferentes.

Al empresario también recurrieron propietarios de embarcaciones que carecían de documentación para que elaborase los documentos necesarios con el objetivo de poder registrarlas y matricularlas. Fiscalía apunta que, en este supuesto, no se acreditó que las personas eran conocedoras de la ilegalidad de este procedimiento.

Asimismo, entre 2016 y 2020, varios profesionales del sector de la náutica o que se dedicaban de forma habitual a la compraventa de embarcaciones, pidieron y obtuvieron la inscripción y matriculación de lanchas que no tenían documentos. Después, las entregaban a sus clientes, aún siendo conscientes de la ilegalidad del procedimiento.

FACTURAS CON UNA VENTA INEXISTENTE
Para todo ello, el principal procesado realizaba facturas en las que reflejaba una venta (inexistente) al cliente de una embarcación que simulaba haber construido en su astillero.

Después, presentaba la solicitud de inscripción ante la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa, acompañada de una factura, la declaración de conformidad y un manual de la embarcación con sus características técnicas.

Con todos esos documentos, el hombre conseguía la inscripción y la matricula de la embarcación que, posteriormente, enviaba a las personas que le habían pagado por ello.

El Ministerio Público pide para el principal acusado una pena de seis años de prisión y para el resto de procesados penas de tnre dos y tres años de cárcel.