Amnistía Internacional pide garantizar el derecho a la protesta del Metal y que la acción policial sea proporcionada

La organización Amnistía Internacional (AI) ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, en la que le pide que garantice el derecho a la protesta del sector del Metal y que los dispositivos de seguridad para garantizar el orden público "actúen según las normas internacionales de derechos humanos relativas al uso de la fuerza, priorizando la distensión y la protección".

Así, AI ha reclamado que se proteja el derecho de reunión pacífica y la integridad física "de todas las personas", según ha señalado la portavoz de la organización en Vigo, Isabel Flores. En ese sentido, ha pedido "que la Policía no haga uso de las balas de goma porque son imprecisas y pueden causar lesiones graves".

Igualmente ha pedido que se lleven a cabo "investigaciones prontas y exhaustivas si, tras las eventuales intervenciones policiales, se denuncian casos de uso excesivo de la fuerza" y que se proteja a quienes vigilan y denuncian los abusos, "incluidos los miembros de la prensa, los profesionales del derecho y los defensores de los derechos humanos".

Isabel Flores ha recordado que en 2023 Amnistía Internacional ya pidió una investigación independiente por el uso excesivo de la fuerza policial en la huelga del metal de ese verano, una denuncia recogida en el Informe Anual de la organización.

"Nuestras peticiones a Abel Losada coinciden con las recomendaciones del informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Examen Periódico Universal realizado a España en 2025, que destacó que persiste la falta de rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza y reiteró la necesidad de que la actuación policial respete los principios de necesidad y proporcionalidad, el personal reciba formación conforme a las normas internacionales de derechos humanos, y todas las denuncias sean investigadas de manera exhaustiva", ha señalado la portavoz de AI.

Finalmente, han pedido que el Ministerio del Interior elabore protocolos "transparentes" de uso de la fuerza y armas "menos letales" por parte de las fuerzas de seguridad españolas, con participación social y consulta a expertos médicos, incluida la divulgación de informes pormenorizados en cada ocasión de uso, con la cantidad de armamento utilizado, y atención médica inmediata a las víctimas.