UGT exige a la dirección de SEPI y Navantia los mismos derechos para todos los jubilados de la antigua Izar

Asegura que existen diferencias salariales dependiendo del año de jubilación con las aportaciones del complemento vitalicio

Jubilados de la antigua Izar, actual Navantia, han exigido a la dirección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de Navantia los "mismos derechos y compromisos" con los trabajadores que fueron prejubilados en el año 2004, en la última reconversión que afectó a los astilleros públicos.

De ello ha informado en una rueda de prensa el vicesecretario general y coordinador del área de Industria del sindicato, Antonio Deusa Pedraza, que ha precisado que, dependiendo del año de jubilación, el plan de pensiones "afecta de una manera desigual". Un desfase que, según ha estimado, se produce a consecuencia de que "durante dos años los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplaran una congelación de las bases para el sector público".

Por otra parte, el secretario de Transporte, Electrónica y TIC, Juan Antonio Vázquez, ha recordado que las organizaciones sindicales habían recurrido que se les diera a los trabajadores prejubilados del naval "el estatus de funcionarios" a efectos de congelación salarial así como la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) negativo del año 2014, de un -1%.

Además, ha recordado que la comisión liquidadora de la antigua Izar se reunió el pasado viernes, cita en la que le trasladó a los representantes de los trabajadores que las cantidades adeudadas a los jubilados por la aplicación del IPC negativo en 2014 "se encuentran aprovisionadas" y que "están pendientes de autorización por parte de Recursos Humanos", para "evitar la presentación de demandas individuales" y "dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de enero de este año".

COMPLEMENTO VITALICIO
UGT también ha denunciado que el complemento vitalicio que habían pactado las organizaciones sindicales con los responsables de los astilleros para sus prejubilados se vio afectado por la decisión del Gobierno de prohibir el hacer aportaciones a los planes de pensiones, según la Ley de Acompañamiento de los PGE.

Esta cuestión, según ha indicado, supone una "discriminación negativa para los compañeros" que provocó que judicializaran el proceso. Según ha indicado, en algunas regiones, como en Galicia, se ganaron las demandas y no se recurrió por parte de la SEPI.

Con todo, ha precisado que, en otros lugares, como Murcía, se ganaron unas y se perdieron otras, cuestión que, para UGT, supone una "discriminación" y hace necesaria una "intervención política". "Es de justicia y no puede afectar a unos trabajadores de manera distinta con respecto a otros cuando todos se fueron con el mismo expediente", ha sentenciado.