Decenas de personas salen a las calles de Lugo en defensa de sus derechos lingüísticos

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Decenas de personas se manifestaron en Lugo en reivindicación de sus derechos lingüísticos, para criticar y visibilizar lo que la Mesa pola Normalización Lingüística consideró toda una agresión hacia la ciudadana gallega Adela Figueroa.


Los hechos que denuncia la Mesa y sobre los que se sustentan las reivindicaciones de esta manifestación se remontan al pasado 26 de febrero, cuando Adela Figueroa, en busca de información sobre clubes deportivos, le solicitó a una funcionaria del Servicio de Deportes de la Xunta en Lugo poder ser atendida en gallego.


De acuerdo a lo declarado por la denunciante y la Mesa, la funcionaria se negó a dicha petición, respondiendo: “¡No me da la gana! Soy funcionaria y puedo escoger el idioma que yo quiera”. A esta posición se sumó otras de las empleadas públicas, que esgrimió que solo hablaba castellano, y que no le “daba la gana de hablar en gallego”. Ante la defensa del gallego por parte de Adela Figueroa, la funcionaria respondió que “ni gallego ni catalán, con solo castellano mucho mejor”.


De hecho, según ha denunciado A Mesa, una de las funcionarias llegó a señalar: "Yo fui de la Sección femenina de la Falange. Y bien orgullosa que estoy de haberlo sido. Trabajé en Madrid en la casa del Paseo de la Castellana, debajo del escudo del yugo y las flechas. Ojalá volviese Franco. ¡Buena falta hacía!".


RACISMO LINGÜÍSTICO


Frente a estos comentarios, la Mesa alude a la propia legislación, que dicta que quien tiene la posibilidad de elegir idioma “es la persona usuaria del servicio”, mientras que “el funcionariado tiene la obliga de atender en el idioma oficial que se solicite”. La secretaria general de la Mesa, Mónica Pazos, declaró por su parte que “no reconocer el derecho a la atención en gallego es una muestra de desprecio a nuestro pueblo”, una situación que denomina “racismo lingüístico”.


Por otro lado la Mesa, que ya tramitó quejas ante la Consellaría de Presidencia, la Secretaría Xeral de Política Lingüística, la Secretaría Xeral para o Depote y el Valedor do Pobo, encuentra en la política lingüística el PP un “esfuerzo desgaleguizador” y una de las principales causas de esta clase de agresiones. 


Reivindica también los derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Normalización lingüística, donde se estipula que la ciudadanía tiene derecho al uso del gallego en sus relaciones con la administración pública.


A esto contribuye, además, la Ley 2/2015 del 29 de abril del empleo público de Galicia, junto con diversa legislación nacional e internacional como la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias o la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 


En ellas se especifica el compromiso y la obligación del funcionariado a la hora de garantizar la atención en la lengua que solicite cada ciudadano, así como sus derechos al utilizar la lengua oficial de cada territorio.


LA VERSIÓN DE LAS DENUNCIADAS


Las trabajadoras denunciadas, por su parte, ya habían respondido a las acusaciones en un comunicado, donde explicaron que la usuaria llegó “fuera del horario de atención al público” y se le facilitó toda “la información verbal y documental” relacionada.


“No fue hasta el final de la consulta, cuando esta ciudadana solicitó ser atendida en gallego, en un tono muy desagradable, que no se correspondía con el empleado hasta ese momento por ninguna de las partes”, señalan.


Explican además la “dificultad de atender su petición” después de que la denunciante emplease “gallego reintegracionista, como el que después empleó en el escrito de queja”, y “una actitud hostil, dificultando en gran medida su comprensión”.


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