Hacienda continuará controlando los gastos de la Generalitat

El fin de la aplicación del 155 no significará la desaparición del control de Hacienda sobre la Generalitat, ya que, mantendrá el control mensual de las facturas pagadas por la administración autonómica catalana.

Hacienda obligará al nuevo Govern, cuando se constituya, a que antes del día 15 de cada mes la interventora general de Catalunya, Rosa Vidal, remita al ministerio, mediante firma electrónica, un certificado relativo al importe de los créditos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas en presupuesto, gastos pendientes de pago registrados en cuentas no presupuestarias, otros gastos y el total de pagos efectuados. 

Montoro contará con la información suficiente para saber si los fondos gastados por la Generalitat —buena parte, procedente de los fondos de liquidez autonómicos— se destinan a los fines previstos y no, por lo tanto, a actuaciones ilegales.

La información que exige Hacienda, y que se mantiene, baja al detalle del gasto y, en concreto, se refiere a todos los programas de gasto, incluyendo el nombre de la entidad afectada. Ese certificado, como expresó la orden dictada en 2015, incluirá constancia por parte de la Intervención General de que la relación de actos sobre los que ha tenido conocimiento, en su calidad de centro responsable del control interno, “no contravienen el ordenamiento jurídico vigente”.

El control no se ciñe exclusivamente al gasto sino, también, al endeudamiento, operación por operación en el caso de las de largo plazo. Igualmente se habilitó al Gobierno  a autorizar por tramos las operaciones de endeudamiento a corto plazo. Así la  Generalitat tendrá que depositar en esta cuenta todo su remanente de la financiación autonómica para controlar aún más todo el efectivo del que disponga la autonomía.

El desembolso de los recursos con cargo al fondo de financiación por parte de Cataluña se ajustará a un calendario de tramos mensuales. Y, como aclara la norma que permanecerá en vigor, el desembolso de cada tramo “estará condicionado” a que el ministerio de Hacienda “verifique el cumplimiento de lo previsto”. El ministro Montoro, de hecho, estará obligado a informar periódicamente a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del grado de cumplimiento del control presupuestario especial, ya que es más exigente que el que hoy aplica el Gobierno central al resto de comunidades autónomas.