La privatización elimina garantías para acceder a ser bombero

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En Galicia existen 32 parques de bomberos en activo a día de hoy. Los de Santiago, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra y el Comarcal de Deza - Tabeirós - Montes son los únicos ocho de gestión directa, es decir, que el personal es público y ha accedido al servicio mediante oposición. Eso deja 25 parques en manos de empresas privadas.


Lo explica Miguel González Ucles a Galiciapress, presidente de la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia, portavoz  y vicepresidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) estatal y bombero en Vigo. La Xunta de Galicia, cuenta, comenzó a apostar por la gestión privada en el año 2000, "con la apertura del Parque Comarcal de Valdeorras". 


El sumario de la Operación Enredadera, al que tuvo acceso Galiciapress, contiene diversos indicios de un presunto enchufe en el parque de O Carballiño. ¿Cómo se controla que existan los principios de igualdad, mérito y capacidad? Para Ucles resulta "imposible" garantizarlos cuando existen empresas privadas de por medio, aunque deja claro el enorme respeto que tiene por las compañeras y compañeros "válidas y merecedoras del puesto" que ostentan. 


Miguel González Ucles, firme defensor de un modelo de gestión pública, habla del funcionamiento de los parques de bomberos y ofrece una valoración sobre lo que supone las informaciones arrojadas por la Operación Enredadera.


Miguel Ucles, en el medio, junto a bomberos de la CUBP


¿Otras autonomías tienen un modelo de privatización similar al gallego?


De forma global como sucede en Galicia no. Bien es cierto, que en la Provincia de Salamanca existen 2 Parques de Bomberos gestionados por empresas de "dudosa legalidad", dado que Castilla y León cuenta con una Ley de Seguridad Ciudadana que contempla que los Bomberos Profesionales serán considerados Agentes de la Autoridad, algo que limita el ejercicio de las funciones a los Funcionarios de Carrera y por tanto excluye a la gestión privada. El servicio se mantiene porque hasta la fecha, nadie ha denunciado dicha alegalidad. No obstante, nos consta que compañeros tanto de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, como de la CUBP, están estudiando el tema a nivel jurídico.


¿La privatización tiene alguna repercusión en la calidad del servicio y en las condiciones laborales de los bomberos?


Evidentemente, tanto la reducción presupuestaria, como el mero hecho de que la empresa concesionaria (como es lógico) busque un beneficio empresarial (que va incluido en el presupuesto anual del Servicio) hace que la calidad del Servicio se resienta. Esto añadido a las protestas de los Bomberos (más que justificadas, dado que empezaron cobrando 790 € mensuales) que aún a día de hoy, y pese a que sus condiciones han ido mejorando, siguen siendo con diferencia los peor pagados de España, hizo que los presupuesto fuesen creciendo de manera exponencial, superando en muchos casos los costes de sostenimiento de un Servicio de Bomberos 100% Público. 


Esto alimenta nuestra teoría de que no se privatiza ni para mejorar ni para abaratar el Servicio, simplemente se hace para que ciertas empresas reciban una suculenta cifra económica (tal y como se confirma en algunas conversaciones de la trama) por la gestión de un Servicio que nadie duda de que se debería efectuar de forma directa.


En el sumario de la Operación Enredadera, hay indicios de al menos un supuesto enchufe para que el jefe del último parque de bomberos inaugurado, de O Carballiño, sea el hijo de un directivo de Veicar, empresa que gestiona 14 parques de bomberos públicos; algo que ya había denunciado un concejal de la oposición. A su juicio ¿qué conclusiones se pueden sacar de estos indicios no sobre el caso particular, pero si sobre la forma en la que las concesionarias y la administración organizan la selección de bomberos?


Esta claro, que en el momento en que las Administraciones transfieren la gestión del Servicio a una empresa privada, los principios de igualdad, mérito y capacidad desaparecen, y con ellos también la opción de recurso inherente al empleo público. La empresa, con capacidad de auto gestión puede contratar libremente y sin saltarse la Ley al perfil que más le convenga sin incurrir en delito alguno. Esto elimina la igualdad de oportunidades, por ende la no necesidad de que accedan las y los mejores y la garantía social del Servicio.



MB parque bombeiros carballio

Rueda, vicepresidente de la Xunta, Baltar, presidente de la Diputación y otros inagurando el parque


En concreto, en las citadas conversaciones se intuye que la persona presuntamente a enchufar no va tener la misma cualificación para conducir vehículos que sus compañeros. Visto lo visto, ¿puede tener la ciudadanía garantías de que los bomberos que acuden a las emergencias tienen la formación legal precisa? ¿Quién garantiza que tienen la formación correcta?


Sinceramente, resulta difícil de digerir pensar que una persona que va a estar "a cargo" de un Servicio de Bomberos (además en este caso operativamente y teniendo en cuenta la grave carencia de efectivos de los Parques Comarcales gallegos) no cumpla los requisitos que si se les exige al personal que va a estar por debajo de él. También resulta difícil de comprender que a personas, además sin experiencia previa en Servicios de Bomberos o incluso en la rama de las Emergencias, se les encomiende el mando de este tipo de Servicios. La total y absoluta falta de regulación que existe en el sector, unido a la privatización del Servicio, permite que en Galicia "prácticamente todo" sea válido con tal de prestar el Servicio, aunque sea mal...



Una de las personas del sector consultadas para elaborar la información sobre el presunto enchufe argumentó que a día de hoy no hay nadie que entre a trabajar en un parque de bomberos comarcal -que están privatizados- si no tiene un padrino, sea o no un buen profesional. ¿Tal es el grado de caciquismo en el sector?


Para nosotros resulta complicado responder con rotundidad esta afirmación. Además debemos ser absolutamente respetuosos con los compañeros que trabajan en este modelo de gestión y sinceramente, creemos que en todos los Servicios existe personal válido y merecedor del puesto de trabajo que desempeña. Evidentemente, y tal como comentamos antes, existiendo empresas privadas de por medio, resulta imposible garantizar que se van a respetar al 100% los principios de igualdad, mérito y capacidad. 


No obstante, creemos que el encausamiento de esta trama, arrojará más luces sobre cuestiones que en el pasado se presuponían, pero que nadie se atrevía a afirmar con rotundidad. En definitiva confiamos en el buen hacer de la Justicia, para que, por lo menos, la ciudadanía tenga claro con qué fin se destina el dinero recaudado de sus impuestos

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