A vaquiña polo que vale

Javier Alonso
Secretario de comunicación de Cs en Galicia y portavoz provincial por Pontevedra


Autopista AP-9

Acceso a la autopist AP-9


Así reza un dicho gallego, que en política cada día se usa menos, y en las infraestructuras donde este dicho se “mal utiliza” ya que el valor al que se aplica no es de carácter monetario ni siquiera socio económico, si no se usa un valor “electoral”.


En concreto, en el caso de la transferencia de la AP-9, se está usando desde hace ya años, como un método de “conseguir réditos electorales” a futuro. Los distintos partidos políticos del Parlamento Gallego, han aprobado una propuesta de ley para solicitar la transferencia de dicha infraestructura, pero ¿realmente es factible esa transferencia?


Analicemos primero lo que dicta Ley 37/2015 de carreteras: “a la Administración General del Estado le compete proporcionar servicio al tráfico de largo recorrido uniendo los núcleos de población más importantes y al que se dirige a los principales puntos de conexión del territorio nacional con las redes de los países vecinos, con los principales centros logísticos” además se especifica en ella que se consideran itinerarios de interés general aquellos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:


a) Formar parte de los principales itinerarios de tráfico internacional incluidos en los correspondientes convenios.


b) Constituir acceso principal a un puerto o aeropuerto de interés general, a los centros logísticos de la defensa, o a los del transporte y logística que sean declarados de interés general por el Ministerio de Fomento.


c) Servir de acceso a los principales pasos fronterizos.


Como todo usuario de la AP-9 sabe, esta infraestructura, que vertebra Galicia de Norte a Sur, pertenece al itinerario Europeo E-1 y E-70, además une las principales ciudades de Galicia, su capital, los principales puertos del estado y aeropuertos de nuestra comunidad.


¿Es pues un itinerario de interés general?, pues sin duda entra en esa categoría, por lo que según la ley debe ser competencia de la Administración General del Estado.


Por otra parte, se solicita la transferencia para tener una mayor “capacidad” de control y de seguimiento de la concesionaria y de la propia infraestructura, ya que, según quieren hacer creer a los votantes, que la AP-9 quede en manos de la administración autonómica, mejorará las condiciones de funcionamiento mejorando el servicio para el usuario, indicando además que desde la Xunta de Galicia se podrá afrontar un futurible rescate de la concesionaria, pero yo me pregunto ¿esto realmente es así?, ¿tiene más medios la administración autonómica que la central para el control de la infraestructura?, ¿los gallegos nos podemos permitir el pago de los miles de millones (entre 5.000 y 9.000 según distintos medios) para recuperar la infraestructura?


Es curioso que los partidos que han gobernado o que gobiernan en España, mientras que en el Parlamento gallego bracean sin pudor reclamando la Transferencia, cuando lo ponen encima de la mesa en Madrid, paralizan ipso-facto la medida, buscando cualquier excusa peregrina para hacerlo, será que saben que es inviable dicha transferencia, pero no lo quieren decir para no perder intención de voto, ¿es quizás más importante para ciertos partidos conseguir réditos electorales que decir la verdad?


Por mi parte, me gustaría que, como dice el título de esta columna, desde la Xunta de Galicia, o desde el Gobierno Central, dejen de usar esta medida populista y nos digan de una vez la verdad sobre el tema, que contesten a las preguntas que los gallegos nos hacemos al respecto:

¿Es legalmente viable la transferencia de una infraestructura de interés general?


¿En qué mejoraría propia infraestructura, y en que beneficiaría a los usuarios y a los gallegos esta transferencia?


En caso de un rescate viable de la AP-9 ¿Cuál sería el coste real del mismo? y ¿de qué partida presupuestaria se podría poner a disposición ese coste?


Personalmente considero bastante inviable la transferencia, más allá de que la misma no redundaría sobre una mejora del servicio al usuario ni, por supuesto no se conseguiría con ello el rescate de la concesión.



Lo dicho, políticos seremos, pero…. “A vaquiña polo que vale!!!

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